ha sido trasladado a tánger

Rafá Zouhier, expulsado de España tras salir de prisión

Zouhier, condenado a 10 años de cárcel por suministrar los explosivos de los atentados del 11M, ha salido del país esta madrugada

Foto: Rafá Zouhier, expulsado de España tras salir de prisión (Policía Nacional)
Rafá Zouhier, expulsado de España tras salir de prisión (Policía Nacional)

El marroquí Rafá Zouhier, condenado a 10 años de cárcel por suministrar los explosivos de los atentados del 11M, ha sido expulsado de España esta madrugada inmediatamente después de salir de la prisión Puerto I (Cádiz) tras cumplir su pena.

Según han informado hoy fuentes del Ministerio del Interior, Zouhier, que salió de la cárcel a la una de la madrugada, fue trasladado por la Policía a Tánger (Marruecos) sobre las dos y media.

El exconfidente de la Guardia Civil abandonó la prisión en un furgón policial que lo recogió dentro del recinto penitenciario sobre la una de esta madrugada, una hora después de que quedara extinguida su condena. Zouhier temía sufrir represalias en Marruecos. 

Expulsión de Zohuier. Policía

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya había señalado ayer que la voluntad de su departamento era que Rafá Zouhier dejara el territorio nacional tan pronto fuera excarcelado. Zouhier fue condenado el 31 de octubre de 2007 a 10 años de cárcel por un delito de colaboración con la célula islamista que perpetró los atentados del 11-M. La sentencia dio por probado que actuó como intermediario entre el exminero José Emilio Suárez Trashorras, que suministró los explosivos, y Jamal Ahmidan, líder de la célula que perpetró los atentados, pero le absolvió de cooperación necesaria en los atentados. 

Expulsión 'irregular'

El abogado de Rafá Zouhier, Antonio Alberca, ha denunciado hoy que se han conculcado "derechos fundamentales" del marroquí y que su expulsión de España esta madrugada tras salir de prisión ha sido "irregular". El letrado ha opinado que el proceso de expulsión ha sido "irregular" y ha tratado de "evitar el control jurisdiccional" de la situación, tal y como él hubiera deseado.

Jamal Zougam, Rachid Aglif, Rafa Zouhier y Abdelilah El Fadual, durante el juicio del 11-M. (Reuters)
Jamal Zougam, Rachid Aglif, Rafa Zouhier y Abdelilah El Fadual, durante el juicio del 11-M. (Reuters)
Antonio Alberca ha explicado que Zouhier se le debería haber aplicado el régimen de ciudadanos comunitarios o familiares de estos, ya que desde hace unos meses está casado con una mujer española.

Según esta normativa, el marroquí hubiera tenido un plazo de un mes para abandonar voluntariamente el territorio español, salvo en "casos de urgencia debidamente justificada", ha destacado el abogado.

El letrado ha dicho que no ha tenido acceso a la resolución por la que se ha decretado la expulsión de Zouhier, por lo que no ha tenido información sobre cómo se ha realizado ni opción a recurrir la decisión y solicitar medidas cuatelares.

"Se nos ha impedido tomar medidas para el control jurisdiccional", ha apuntado el letrado, quien ha señalado que Zouhier tenía la instrucción de solicitar el 'habeas corpus' (ser puesto directamente a disposición judicial nada más ser detenido).

El abogado ha puesto ya una denuncia en la comisaría de El Puerto de Santa María porque la Brigada de Extranjería le comunicó anoche a él y a la esposa de Zouhier que había sido detenido tras su excarcelación, pero en ambos casos rehusaron comunicarles donde estaba.

El letrado considera que con ello se ha conculcado un derecho de "todo detenido", el de que se comunique a una persona de su confianza el lugar en el que está arrestado, una información que esta mañana aún no les había sido comunicada ni a él, ni a su esposa, ni a su madre y su hermana, ambas con nacionalidad española.

Antonio Alberca ha señalado que también ha denunciado al jefe de servicio de la prisión que ayer por la tarde impidió que pudiera comunicarse con su cliente para asesorarle de cara al proceso al que se iba a enfrentar horas después.

"En su momento lo denunciaremos todo y a toda la cadena, desde el más alto político hasta el más bajo funcionario porque lo que ha ocurrido no es propio de un estado de derecho", ha afirmado.

 

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