Ruz cita de nuevo a Correa y sus tres colaboradores para ultimar los delitos

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz vuelve a citar al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y a sus tres colaboradores más estrechos, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y José Luis Izquierdo, “en aras de averiguar estos hechos y de garantizar su derecho de defensa”.

El juez les cita para los días 19, 20 y 21 de marzo a petición del Ministerio Fiscal, que quiere concretar los delitos ya que hasta ahora están imputados por los genéricos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la Administración, contra la Hacienda, falsedad documental y blanqueo.

En un auto, Ruz considera procedente escucharles de nuevo “teniendo en cuenta que alguno de ellos declaró cuando la causa estaba secreta o antes de que llegara la documentación de comisiones rogatorias y que se incorporaran informes policiales y de unidades de auxilio a la causa y que vendrían a corroborar la comisión de los delitos objeto de imputación”.

Según el escrito de las fiscales de Anticorrupción, que puede apuntar a cómo irán los escritos de acusación, desde al menos el año 2000 hasta febrero de 2009, Correa, auxiliado por otros imputados, habría liderado un entramado societario dirigido a obtener irregularmente adjudicaciones públicas mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en esas contrataciones.

En particular, en lo que se refiere a los hechos investigados, Correa habría desarrollado tal actividad fundamentalmente en la Comunidad de Castilla y León, en Madrid y en Estepona. “Las dádivas presuntamente percibidas por los distintos cargos públicos consistan en dinero en efectivo o en prestaciones de servicios que eran sufragadas por Correa bien por las entidades públicas gestionadas por los propios funcionarios simulando pagos de servicios recibidos por parte de las sociedades vinculadas a aquél y porque se emitirían las correspondientes facturas inveraces”. Incluso, en algún caso como el de la Comunidad de Madrid, las comisiones entregadas a los funcionarios se computaban como coste de los contratos públicos a los que afectaban generan un “sobreprecio” de los mismos.

Asimismo, de los indicios hasta ahora obtenidos resulta, según la Fiscalía, que Correa habría colaborado en la ocultación de los fondos así percibidos por los distintos cargos públicos “bien comprando los bienes con ellos adquiridos, bien encubriendo sus inversiones en sociedades participadas por los funcionarios”.

También colaboró constituyendo sociedades que ocultaban tanto sus verdaderos titulares como la procedencia de sus ingresos. Entre otras cosas, Correa “habría ocultado a la Hacienda Pública todos sus ingresos” obtenidos ilícitamente, inicialmente mediante un “complejo entramado” de sociedades con matrices y cuentas en paraísos fiscales. Asimismo, habría ocultado a Hacienda sus verdaderos ingresos abonando sus gastos personales a través de sus sociedades que, a su vez, encubrirían estos pagos mediante facturas que reflejarían servicios recibidos en el desarrollo de su actividad mercantil”.

“Este grupo tendría como razón de su existencia no solo la facturación cruzada e irreal entre las distintas entidades que lo conformaban, sino también el facilitar las irregulares adjudicaciones públicas simulando una independencia de la que carecían que permitiría a los funcionarios y autoridades fraccionar os contratos públicos de modo más difícilmente detectable así como solicitar ofertas al mismos beneficiario bajo la apariencia de recabarse de sociedades distintas”.