La Justicia cierra todas las vías para imputar a Segura y MAFO por el colapso de Bankia
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no se podrá pedir la RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

La Justicia cierra todas las vías para imputar a Segura y MAFO por el colapso de Bankia

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia se ha pronunciado en contra de la imputación de los responsables del BdE y la CNMV

Foto: El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en una comparecencia en el Senado (EFE)
El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en una comparecencia en el Senado (EFE)

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de pronunciarse en contra de la imputación de los máximos responsables del Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante la época en la que se produjo la caída y posterior nacionalización de Bankia, Miguel Fernández Ordóñez y Julio Segura, respectivamente. La decisión de la Sala de lo Penal, contra la que no cabe recurso, impedirá de esta forma que los perjudicados por la gestión de la entidad financiera puedan reclamar en el futuro al Estado la responsabilidad civil subsidiaria.

Eljuez de la Audiencia Nacional que investiga las posibles responsabilidades penales derivadas del colapso de la entidad financiera, el magistrado Fernando Andreu, ya rechazó la imputación de Ordóñez y Segura en febrero de 2013, pero Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que presentó la querellaque dio lugar a este procedimiento, recurrió esa decisión al entender que ambos habían sido cooperadores necesarios de las irregularidades que llevaron al derrumbe de Bankia por “omisión” en susresponsabilidades como reguladores de los sistemas bancario y bursátil.

Sin embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, integrada por los magistrados Félix Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Antonio Díaz Delgado, rechaza ese argumento jurídico de la acusación de UPyD al entender que ni Ordóñez ni Seguratuvieron ninguna participación, ni siquiera por omisión, en el grave deterioro de la situación financiera de la entidad.

placeholder Presentación de la marca Bankia en marzo de 2011.

En concreto, la sala resuelve que el delito que imputa UPyD a ambos responsables institucionales “equivale a afirmar que los funcionarios denunciados contribuyeron consciente, voluntaria y materialmente al resultado lesivo, sustancialmente el perjuicio de los inversores, dentro de un plan delictivo acordado sobrevenidamente con los imputados en el que a los responsables de la CNMV y del Banco de España les correspondía mantener una calculada inacción institucional, y no solo no existen elementos en la causa que permitan sostener tal imputación –ni siquiera a título de dolo eventual–, sino que la misma resulta radicalmente incompatible con la intervención que estas instituciones, señaladamente en este caso la CNMV, han tenido con vistas a la corrección de las malas prácticas en su momento detectadas”.

La opinión de las acusaciones, sin embargo, es completamente distinta. A lo largo de la instrucción han ido apareciendo pruebas que demostrarían que tanto el Banco de España como la CNMV tuvieron un conocimiento preciso de la delicada situación en la que se encontraba Bankia mucho antes de que el Ministerio de Economía decidiera su nacionalización. A pesar de las señales de alarma que recibían, las dos instituciones reguladoras se limitaron a emitir recomendaciones a la dirección de Bankia, y no informaron en contra del proceso de fusión de la entidad, ni de suposterior salida a bolsa, ni tampoco de sus emisiones de preferentes, que están siendo investigadas en una pieza separada del caso Bankia.

Con todo, la decisión de la Sección Tercera sobre Ordóñez y Segura es irrevocable. A menos que aparezcan nuevos indicios que los vinculen con los hechos que se investigan, ambos han quedado definitivamente al margen de las posibles responsabilidades penales que deriven de la investigación que inició la Audiencia Nacional en junio de 2012 tras la querella presentada por UPyD. La consecuencia inmediata de esta decisión es que, en caso de que se condene a alguno de los 40 exdirectivos de Bankia imputados en la causa por delitos relacionados con su gestión, los perjudicados no podrán pedir al Estado que responda subsidiariamente en el pago de las indemnizaciones.

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