BAUTISTA FUE DESPEDIDO EN SEPTIEMBRE DE 2013

Un exdirectivo de Telecinco está detrás del vídeo robado de la Infanta en el juzgado

Jesús María Bautista, exdirectivo de Telecinco y hombre de la máxima confianza de Paolo Vasile, es uno de los 'cerebros' del vídeo de la Infanta en el juzgado

Foto: La infanta Cristina, seguida por su abogado, Miguel Roca (i), a su llegada a los juzgados de Palma. (EFE)
La infanta Cristina, seguida por su abogado, Miguel Roca (i), a su llegada a los juzgados de Palma. (EFE)

Jesús María Bautista, exdirectivo de Telecinco y hombre de la máxima confianza del consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, hasta su despido fulminante el pasado mes de septiembre en circunstancias poco claras, es uno de los artífices de la divulgación del vídeo con fragmentos de la declaración judicial de la infanta Cristina de Borbón, según han revelado a El Confidencial fuentes muy cercanas a la cadena de televisión.

Bautista, que fue responsable de la División de Nuevos Negocios de Mediaset y consejero delegado de varias productoras participadas por el gigante de la comunicación, entre otros cargos directivos, es ahora consejero de Wouzee. Esta red social multimedia ha colgado las imágenes y la voz de la hija menor del Rey –difundidas primero por El Mundo– durante su declaración como imputada por delito fiscal y blanqueo, el pasado sábado, ante el juez José Castro, instructor del caso Nóos. Bautista no respondió ayer a las reiteradas llamadas de este diario.

El exdirectivo de Telecinco fue nombrado consejero de Wouzee –que algunos se han apresurado en bautizar como el YouTube español– el pasado mes de enero, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Bautista comparte asiento en el consejo de administración de la startup con Marcial Cuquerella, exdirectivo de Intereconomía y, curiosamente, hermano de la asistenta personal de Iñaki Urdangarin –y en ocasiones de la propia Infanta–, Julia Cuquerella.

Jesús María Bautista.
Jesús María Bautista.
Otro de los consejeros de Wouzee, el exfotógrafo de El Mundo Fernando Quintela, se dio conocer en 1998 por un episodio muy similar al de la filtración del vídeo de la duquesa de Palma. El reportero gráfico logró burlar el férreo blindaje del Tribunal Supremo a Felipe González y captó una imagen del entonces presidente del Gobierno prestando declaración como testigo por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey a manos de los GAL.

Medidas inútiles

Precisamente para evitar la filtración de imágenes de la declaración de la Infanta, Castro había prohibido "terminantemente" que "persona alguna acceda al interior" de los juzgados con "terminal telefónico, tabletas, ordenador portátil o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos". El juez, además, decidió que el interrogatorio sólo se grabase en soporte de audio. Pero todas esas medidas han resultado inútiles.

Castro, que ayer definió la filtración como "algo incalificable", aseguró que tiene "sospechas de quién ha podido ser el autor" de la misma. Sin embargo, el juez se cuidó mucho de dar nombres. De momento, todo son especulaciones sobre la identidad del autor material de la grabación posteriormente colgada en Wouzee, aunque varias fuentes consultadas apuntan a alguno de los abogados presentes en la declaración de la Infanta, que se prolongó durante casi siete horas.

¿Qué dispositivo utilizaron para grabar a la Infanta?

Según un portavoz de Wouzee, el vídeo con la grabación de la Infanta fue colgado en la red social por un usuario "del que sólo conocemos el seudónimo, su dirección de correo electrónico y la dirección IP de su ordenador, pero no su identidad". Las imágenes de la hija del Rey, añadió el mismo portavoz, "se eliminaron dos horas después, cuando nos dimos cuenta de que se trataba de un material muy sensible". Tiempo más que suficiente, sugirió, para que El Mundo capturase la grabación y la exhibiese en su web.

El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ordenó ayer abrir diligencias para averiguar el origen de la filtración. "No estoy preocupado, pero sí, en cierta medida, indignado por quien llevó a cabo esta práctica. Debe pagar las consecuencias legales por ello", afirmó el juez. Las fuentes consultadas apuntan que, de hallarse un culpable –un objetivo que se antoja arduo–, podría ser acusado de un delito de desacato a la autoridad.

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