se ha casado y ha recurrido su extradición

Zouhier intenta quedarse en España a toda costa por miedo a represalias en Marruecos

El exconfidente de la Guardia Civil condenado por el suministro de los explosivos del 11-M, el marroquí Rafá Zouhier ha recurrido la orden de expulsión a Marruecos que pende sobre él

Foto: Rafá Zouhier, en una de sus comparecencias judiciales (EFE)
Rafá Zouhier, en una de sus comparecencias judiciales (EFE)

El exconfidente de la Guardia Civil condenado por hacer de intermediario en el suministro de los explosivos del 11-M, el marroquí Rafá Zouhier (Casablanca, 1979), ha recurrido ante la Policía Nacional el expediente de expulsión a Marruecos que pende sobre él. Hace sólo una semana le comunicaron que se han iniciado los trámites para deportarle a su país de origen en cuanto quede en libertad el próximo 16 de marzo tras cumplir íntegramente los 10 años de prisión que le impuso la sentencia del 11-M por el delito de “tráfico o suministro de explosivos en colaboración con organización terrorista”.

La Policía asegura que Zouhier es un riesgo para la seguridad nacional y que, por tanto, debe abandonar territorio español en el momento en que quede en libertad. Pero su defensa ha presentado alegaciones a esa decisión argumentando que no representa ningún tipo de riesgo para la sociedad, que está completamente arraigado y que además está casado con una mujer nacida en España. En efecto, Zouhier contrajo matrimonio cuando ya estaba en prisión, después de superar los controles judiciales a los que fue sometido para descartar que fuera un matrimonio de conveniencia encaminado precisamente a evitar su posterior extradición. Finalmente pudo casarse, pero ni siquiera el matrimonio parece que vaya a impedir su expulsión de España, aunque una década después de la tragedia Zouhier se sigue considerando “superinocente”, una de las muchas palabras que hizo célebres en el largo juicio del 11-M.

Riesgo para su integridad

Su defensa alega que, junto al arraigo en España, también se debe tener en cuenta la prediposición que mostró Zouhier a colaborar con la Justicia, las numerosas cartas que ha enviado a las víctimas del atentado exprensándoles sus disculpas y el riesgo que puede correr en cuanto ponga un pie en Marruecos. Según su letrado, Antonio Alberca, Zouhier teme sufrir algún tipo de represalia por las informaciones que aportó a la Guardia Civil antes de los atentados sobre narcos, traficantes de armas e integristas religiosos implantados en el reino alauita. Incluso tiene miedo que cómo le reciban las autoridades de su país.

Imagen tomada por las cámaras de seguridad del momento de la explosión en Atocha.
Imagen tomada por las cámaras de seguridad del momento de la explosión en Atocha.

Con todo, la paralización de su expulsión se antoja difícil. Zouhier se encuentra en estos momentos en suelo español en situación ilegal. Llegó procedente de Marruecos con 12 años pero, en el momento de su detención, cuando tenía 24 años, sólo disponía de una autorización de residencia permanente con una validez total de 10 años. Ese permiso ha expirado durante su estancia en la cárcel y los antecedentes penales le han impedido renovarlo. Cuando abandone su celda, no tendrá ningún documento que avale oficialmente su residencia en España.

Recurso ante la Justicia

La Policía aún no ha contestado a las alegaciones que ha planteado Zouhier pero su defensa adelanta que, si se rechazan sus argumentos, recurrirá la extradición ante los tribunales para tratar de agotar todas las instancias. Cabe la posibilidad de que el traslado a Marruecos se ejecute antes de que la decisión judicial sea firme. Pero el objetivo de Zouhier es volver a instalarse en Madrid como sea, asegura su letrado, para volver a vivir como un ciudadano completamente normal.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza.

Las víctimas del 11-M luchan para impedirlo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que preside Ángeles Pedraza ya ha solicitado a la Audiencia Nacional que decrete su “expulsión inmediata” cuando salga de prisión el próximo 16 de marzo, esgrimiendo el artículo 57 de la Ley de Extranjería, que en su segundo apartado contempla la extradición de todo extranjero “condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados”, el supuesto en el que se encontraría Zouhier. La Asociación 11-M Afectados de Terrorismo que preside Pilar Manjón también respalda su expulsión de España.

Hasta que se dilucide su futuro, tendrá que seguir internado en la prisión de Puerto I, en Puerto de Santa María (Cádiz). Allí ha cumplido la mayor parte de su condena en régimen de primer grado, el más estricto de todos. El próximo 16 de marzo, Zouhier pisará la calle por primera vez en una década. Pero aún no sabe si pisará la de España o la de Marruecos.

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