El juez sustituto de Silva se quita el muerto de Interligare con una polémica decisión

El juez de Madrid Juan Antonio Toro es últimamente conocido por suceder a su compañero Elpidio José Silva en la investigación al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por la compra del City National Bank de Florida. Sin embargo, este instructor mantiene su silencio con el caso Interligare, del cual está intentando desentenderse.

En cuanto ha entrado en su Juzgado la investigación a la empresa compuesta por ex altos cargos policiales que pudieron recibir por parte del Ministerio del Interior contratos públicos amañados, Toro ha evitado que el asunto le salpique. De ahí que se haya inhibido en favor de otro juzgado de Plaza de Castilla que está investigando al jefe de la UDEF que denunció el caso.

Es decir, Toro, titular del Juzgado de Instrucción número 36, ha considerado que debe ser el titular del Juzgado de Instrucción número 25 el que se encargue de investigar la presunta trama policial. Su razonamiento es que al tener su compañero una denuncia contra Jaime Barrado por revelación de secretos, la persona que destapó el caso Interligare, debe ser el mismo juez el que investigue al denunciante y al denunciado.

Fuentes de la investigación señalan que la maniobra de Toro es un contrasentido porque no se puede llevar en la misma causa la denuncia contra los ex altos cargos policiales que pudieron aprovechar su maraña de contactos en Interior para obtener contratos de manera fraudulenta con la denuncia interpuesta por estos contra el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que les acusó.

La investigación, que ahora está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, tiene como uno de los sospechosos al comisario Luis Luengo, director general de Infraestructuras del Ministerio del Interior, nombrado por el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde su organismo se adjudicaron contratos a Interligare, empresa de la que formaban parte antiguos altos mandos de la Policía Nacional. También podrían estar implicados el excomisario de Información Gabriel Fuentes, y el exjefe superior de Policía de Madrid Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Acudió al Decanato

Toro recibió el caso el 20 de agosto de 2013 y un día después, el día 21, ya se había inhibido en favor del juzgado número 25. Este rechazó la causa en octubre del pasado año, pero Toro no quedó conforme y acudió al Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla y planteó una cuestión de competencia. Por ahora, el decano no se ha pronunciado y, mientras tanto, el titular de la causa ha preferido abstenerse de dar ningún paso respecto de ella. Es más, Anticorrupción le ha solicitado la práctica de una serie de diligencias, a su juicio, esenciales como la petición de una serie de correos electrónicos relacionados con el Ministerio del Interior, solicitud que a día de hoy no ha tenido respuesta. El problema de esa pasividad es que, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos, si se tarda mucho en ordenar la entrega de ese material podría ser destruido.

Recuerdan fuentes jurídicas que Toro está obligado a seguir instruyendo la causa hasta que se decida sobre la inhibición. El artículo 759.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que cuando la cuestión de competencia surja en la fase de instrucción, "cada uno de los juzgados continuará practicando en todo caso, hasta tanto se dirima definitivamente la controversia, las diligencias conducentes a la comprobación del delito, a la averiguación e identificación de los posibles culpables y a la protección de los ofendidos o perjudicados por el mismo, debiendo remitirse recíprocamente ambos juzgados testimonio de lo actuado y comunicarse cuantas diligencias practiquen".

El caso Interligare parece que está maldito. Nadie quiere meter mano a estos exmandos policiales. Toro ha sido el último juez que se lo ha intentado sacudir de encima, pero no es el primero. La denuncia inicial se interpuso en Aranjuez y la instructora intentó inicialmente inhibirse en favor de los madrileños juzgados de Plaza de Castilla. Al ser rechazada porque la empresa tiene sede en esa localidad, la juez decidió archivar el asunto en la parte que podía afectar a su juzgado, es decir, por infracciones contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, además de falsedad documental y estafa. Los otros delitos denunciados, cohecho y tráfico de influencias, los mandó a Madrid.

La Fiscalía no es la única que está detrás de este caso, sino que el sindicato Manos Limpias se ha personado y ha denunciado tanto a directivos de la empresa como a responsables del Ministerio de Interior y del Ministerio de Industria, y también contra el exjuez Baltasar Garzón. A este último se le acusa de estar implicado en la trama de corrupción, “toda vez que adjudicó un contrato de más de 100.000 euros a la referida empresa, para una base de datos de la 'memoria histórica' a sabiendas de que una parte importante de los miembros de la empresa eran amigos personales suyos y con los que compartía además mesa y mantel, por lo que pudo incurrir en un delito de tráfico de influencias y de prevaricación”, apunta la denuncia.

Según se desprende de la investigación, el grueso de las adjudicaciones recibidas por Interligare se concentra en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Durante el mandato de Pérez Rubalcaba, su director general de Infraestructuras, Luis Luengo, otorgó 2,3 millones de euros de dinero público a esta empresa, a la cual se habrían filtrado las bases por correo electrónico y se le habrían confeccionado los pliegos a medida.