Cuenta atrás en la Cámara a la primera reglamentación del 'lobby' en España

El lobby como entidad oscura y sin rostro tiene los días contados. O esa es la intención de la Ponencia encargada de estudiar la reforma del Reglamento del Congreso, que el próximo doce de febrero empezará el proceso para decidir cómo regular la actividad entre los diputados y los grupos de interés externos. Fuentes oficiales han confirmado a El Confidencial que en esa fecha se tendrá la primera reunión del grupo, que arrancará los trámites para la primera reglamentación del lobby en la historia España.

La comisión, formada por componentes de varios partidos políticos, se reunirá casi un año después de que el presidente del Gobierno esbozara la idea ante las Cortes. Las “Propuestas del Gobierno para mejorar la Transparencia y luchar contra la corrupción”, presentadas en febrero de 2013, incluían establecer un código de conducta que sirviera para marcar límites y obligaciones de la actividad de los grupos de presión en la Cámara Baja.

Incluiría a todos los que reconozcan el carácter profesional de esta actividad: desde el representante de una pequeña empresa de tornillos hasta el de del Ibex 35, pasando por el de una ONG que luche contra la pobreza.

El próximo doce de febrero, la comisión tendrá sobre la mesa la posición, explicitada en más de una ocasión, del Centro de Estudios Políticos e Institucionales (CEPC), organismo del Ministerio de la Presidencia. Pero no será la única: también se debatirá la de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas (APRI), la única organización en España que aglutina a 'lobbistas' profesionales.

'Lobbista' acreditado

Fuentes oficiales ha confirmado a este periódico que “lo más probable” es que se apueste por una reglamentación “sobre el modelo existente en el Parlamento Europeo”. Pero, en la práctica, ¿cómo se puede regular el lobby?

En primer lugar, poniéndole cara, nombres y apellidos. Es por ello que la medida principal implicaría la creación de un registro de los grupos de interés en las Cortes. Cualquier 'lobbista' o representante de una organización privada, pública o no gubernamental que se reúna con un representante de los ciudadanos en el Congreso o en el Senado quedaría registrado como tal. Este "registro de 'lobbistas'", que toma ejemplo de Transparency Register del Parlamento Europeo, permitiría, en primer lugar, que los diputados supieran en todo momento si se están reuniendo con un 'lobbista oficial' o no.

Las reglas del buen juego de quien quiera hacer actividad de lobby quedarían reguladas por un código de conducta.

Es en la línea del modelo comunitario que se mueve la corta, pero contundente, propuesta de APRI, la única externa a la del organismo de Presidencia. Bajo los objetivos de aumentar la participación de todos los sectores en la elaboración de las leyes que les afectan y de la Transparencia –tanto de los grupos de interés como de la actividad de los diputados– proponen la creación de un registro de inscripción obligatoria para cualquier 'lobbista'. Todos lo que quieran reunirse con los diputados para hacer valer sus intereses tendrán que denunciar su nombre y datos en este fichero público.

Gracias a ello, detalla la propuesta de APRI, los 'lobbistas' tendrán una tarjeta de acceso al Ministerio y quedarían sujetos a un sencillo Código de Conducta que retoma el del Registro Europeo. En caso de vulneración del mismo, perderían la tarjeta y, por lo tanto, la posibilidad de acceder al Congreso para reunirse con los diputados.

Intentos de regulación

La regulación de los grupos de presión quedó fuera de la Ley de Transparencia, una circunstancia que, como la misma ley, no quedó exenta de críticas (críticas que este periódico recogió en este y en este artículo). Pero no es la primera vez que se intenta abrir este debate en España. En febrero de 1990, el Congreso aprobó una proposición no de ley del Partido Popular en la que se acordaba la “regulación de los despachos que gestionen intereses particulares confluyentes con intereses públicos”. Dos años después, el Congreso admitió a trámite otra, esta vez de la CDS, que planteaba la creación de un Registro Público de Grupos de Interés y sus normas de funcionamiento. Ninguna de las dos llegó a buen fin.

El tema no volvió a tocarse hasta 2008, cuando ICV presentó otra proposición no de ley en este mismo marco. A pesar de que volviera a presentarla cuatro años más tarde, en enero de 2012, la primera fue rechazada y la segunda cayó en el olvido.

La propuesta, esta vez, llega a una sociedad preocupada como nunca por la corrupción, según el CIS, y mientras en Bruselas se están retocando las normas de regulación de los lobbies. Las ONG que trabajan en el sector de la transparencia la consideran "demasiado blanda", ya que no han conseguido evitar el problema de las "puertas giratorias", muy agudo en las instituciones comunitarias. Y cada vez más presente también en las españolas.