Montoro abre el melón de la financiación autonómica sin pactos dentro ni fuera del PP

El melón de la financiación autonómica está a punto de abrirse. O dicho con mayor precisión: se abrirámañana, miércoles, a las cinco de la tarde, cuando se reúna el grupo de trabajo(con rangode directores generales)que creó el último Consejo de Política Fiscal y Financiera para poner al día un modelo que no sólo está formalmentecaducado (el pasado 31 de diciembre), sino que no gusta a nadie. Ni a algunas de las principales comunidades autónomas del Partido Popular –Madrid o Valencia– ni a las del PSOE –Andalucía o Asturias–. Ni, por supuesto, a Cataluña, atrapada en medio del debate soberanista.

En todo caso, lo que falta por ver es si el nuevo modelo está ‘inspirado’ por Cataluña, algo que ha sido lo habitual desde que en 1993 se puso en marcha el primer sistema, en tiempos del último Gobierno de Felipe González. Desde entonces, todas las reformas han girado en torno a dicha comunidad, que en el modelo vigente arrancó al Estado 11.000 millones de euros en financiación adicional.

Lo único que está claro es que, si se cumple el calendario que hace algún tiempo esbozó el ministro Montoro, el nuevo modelo de financiación debe aprobarse en la segunda parte del este año, inmediatamente después de que vea la luz la reforma del sistema fiscal. Sin embargo, es más que probable que entre en vigor por etapas, como sucedió con el actual, cuyo impacto económico acabó el año pasado.No hay que olvidar que la reforma tributaria –los expertos harán sus propuestas en la segunda quincena de febrero– afectade forma radical a los ingresosautonómicos.

Más allá del dinero adicional que el Gobierno ponga a disposición de las regiones, lo que está en juego, como sostiene la consejera de Hacienda de una comunidad autónoma,es la capacidad normativaque tendrán los parlamentos regionales. Si bien como una cuestión de principios lo primero que va a hacer el grupo de trabajo es evaluar cómo ha funcionado el actual sistema, que ya incorpora una cesión del 50% en el IRPF y en otros tributos, lo que revela que el margende maniobra por esta vía es ya estrecho. En particular, se trata de evaluarcómo han funcionado los nuevos fondos que se crearon, el de competitividad y el de cooperación. Pero lo queestá meridianamente claro esque el nuevo modelo amenaza con reabrir la guerra entre regiones del PP.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la Generalitat ya ‘apadrinó’ hace algunos meses la creación de un grupo de expertos que ha elaborado un informe con doce propuestas. Entre ellas cabe destacar el establecimiento de límites a la solidaridad interregional. O expresado en términos de los autores del informe, se trata de que el nuevo modelo contribuya a la convergencia en términos de recursos por habitante, pero sin incluir “mecanismos redistributivos de tal intensidad que alteren el orden de recursos derivado de los ingresos fiscales per cápita recaudados en cada territorio”. Es decir, respetar lo que en la jerga hacendista se llama ‘principio de ordinalidad’: coherencia entre lo aportado y lo recibido.

Población y dispersión territorial

En contra de este planteamiento se muestran Extremadura (la gran beneficiada por el actual modelo) y Andalucía, que están en contra de cualquier límite a la solidaridad. Sus respectivos presidentes (de diferentes partidos) ya se han reunido para hacer ‘piña’ contra esa posibilidad. Otras regiones como Galicia (PP), Asturias (PSOE), Aragón (PP) y Castilla y León (PP) ya han hecho movimientos para que se tengan en cuenta sus peculiaridades, en particular el envejecimiento de la población y su dispersión territorial.

La Comunidad Valenciana, igualmente, quiere que en ese cálculo se incluyan también los sistemas forales de Navarra y el País Vasco. Y no sólo eso, se propone situar de nuevo a todas las comunidades autónomas en el punto de partida que resulte de revisar la parte del endeudamiento en el que se ha visto obligada a incurrir cada una para ofrecer un nivel mínimo de servicios públicos fundamentales a sus ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el nuevo modelo tenga en cuenta los actuales niveles de endeudamiento, que en el caso de la Comunidad Valenciana representa nada menos que el 29,8% del PIB de la región (diez puntos más que en la media nacional).

En el caso de la Comunidad de Madrid, su posición es similar, aunque aquí se pone el acento en impedir que el nuevo modelo derive en la creación de nuevos conciertos económicos, en clara alusión a Cataluña, que antes de lanzar el reto soberanista planteó un modelo parecido al del País Vasco y Navarra. En palabras de su consejero de Hacienda, Enrique Ossorio, “la aplicación práctica del régimen foral origina que dos comunidades ricas, que disfrutan de una financiación muy superior al resto, no participen en los instrumentos de solidaridad”, y si se aplicara el modelo foral al conjunto del territorio, “el sistema quebraría”.

Para Ossorio, el actual modelo es “un auténtico despropósito, injusto e incoherente”, habiendo conseguido, además, “la unanimidad de todas las comunidades en cuanto a la necesidad de su reforma”. Según sus cálculos, teniendo en cuenta los mecanismos de solidaridad del modelo, sólo Madrid (3.012 millones) y Baleares (812 millones) aportan a la solidaridad interregional, Las otras dos comunidades que contribuyen al Fondo de Garantía (Cataluña y Aragón) reciben importantes aportaciones del Fondo de Suficiencia, y por este motivo su saldo final en materia de solidaridad es que reciben en lugar de aportar.