Herrero de Miñón aboga por un pacto con Cataluña en el que “todos salven la cara”

Miguel Herrero de Miñón apuesta por el pragmatismo y por los pactos al más puro estilo de la tradición constituyente para dar un nuevo encaje al problema catalán y, sobre todo, para desactivar la consulta independentista planteada por Artur Mas para este año. El exdirigente de Alianza Popular, miembro del Consejo de Estado y padre constituyente, considera necesario que el Estado y la Generalitat lleguen a un pacto en el que ambas partes “salven la cara” sin quedar desacreditados. “No se puede pedir a nadie que pierda la cara. En política sobran los actos de contrición”, explicó ayer durante su intervención en el debate Cataluña-España organizado por el Foro de Encuentros-Foro de Foros.

Herrero de Miñón participó ayer en un debate moderado por el periodista Joan Tapia, en el que participaron el subsecretario de la Presidencia y cerebro de la reforma de la administración, Jaime Pérez Renovales; el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, y el notario Juan José López Burniol.

Herrero de Miñón destacó que su posición en este tema es anodina y “extraña” pues se declara “madrileño catalanista”. En su opinión, el origen de la desafección catalana hacia el resto del Estado se remonta a que, desde 1714, no se ha reconocido “adecuadamente” por parte de las instituciones la identidad catalana. Un error que, a su juicio, se ha ido repitiendo históricamente, hasta concluir con el “error”, dijo, del Estatut de Cataluña, el recurso del PP y la sentencia del Constitucional. “El Estatuto de Cataluña fue un error y muchos de sus autores sabían que lo era, aunque estaban embarcados en un buque que difícilmente podía cambiar de rumbo”, explicó. “El recurso al Constitucional fue otro error y la sentencia del Constitucional, otro, al igual que la utilización que se ha hecho de esa sentencia”, añadió.

Por ello, en su opinión, la vía que se debería adoptar en este momento tendría que ser similar a los pactos de 1981 que desarrollaron la España de las autonomías, aunque en el texto constituyente el término de autonomía estaba previsto, en principio, para sólo tres regiones históricas. “¿Por qué si hubo pactos en el 81 para mutar la Constitución no puede haberlos ahora?”, se preguntó para concluir, finalmente, en su recomendación de que ambas partes, Estado y Generalitat, lleguen a un acuerdo que sirva para desactivar la consulta sin que ninguna de las dos partes quede desacreditada políticamente. En este sentido, abogó también por que, cuanto antes, el Estado reconozca que la relación con Cataluña siempre va a ser “bilateral” y que, por tanto, no la esconda “en una relación multilateral que no es”.

Pérez Renovales, por su parte, se defendió de las críticas que, lanzadas por el portavoz de ERC, sitúan al Gobierno en una postura “inmovilista”. El subsecretario de la Presidencia dijo, en este sentido, que la tesis del Ejecutivo no puede ser otra porque “es una obligación de todo gobernante que jura o promete guardar las leyes”, explicó. Pese a todo, se mostró partidario de “identificar” adecuadamente los problemas actuales de las relaciones entre Cataluña y España, desmontar las tesis de algunos “agravios” y, por último, buscar soluciones “factibles y buenas para los ciudadanos”. Soluciones que, dijo, no pueden alcanzarse desde posiciones maximalistas. “Identificar problemas, hablar entre todos y encontrar algo que funcione para solucionar este problema”, concluyó.

El portavoz de ERC, tras escuchar a Renovales, volvió a incidir en que la actitud del Gobierno es “granítica, rocosa e inmovilista” y una “exhibición de rigidez de cintura muy evidente”. Ridao defendió, en este sentido, la necesidad de que el pueblo catalán se exprese en la consulta y rechazó la tesis de que todo el país tenga que pronunciarse de igual manera sobre la independencia de Cataluña. “Me parece absurdo como me parecería absurdo que Cataluña tenga que decidir sobre el futuro de Murcia o Galicia”, dijo.

Juan José López Burniol calificó el problema como un problema español de “estructura territorial del Estado” y abogó por la vía federal “asimétrica” como cauce para la solución. “España tiene que presentar un proyecto alternativo. A las personas e instituciones no se las coarta con prohibiciones, sino que se las impulsa con proyectos”, explicó.