Los cinco asuntos que tienen a los presidentes regionales en pie de guerra

Es tarea del presidente del Gobierno mantener a todas las comunidades autónomas unidas, “remando en la misma dirección”, pero diferentes reformas aprobadas por sus ministerios mantienen a la mayoría en rebeldía.

A Mariano Rajoy se le presenta un año difícil con comunidades protestonas: al ya casi recurrente asunto de la financiación autonómica se suman la reciente reforma local, el copago farmacéutico hospitalario y la devolución -o no- de la paga extra de los funcionarios. Por si fuera poco, las discrepancias se han extendido a la nueva la ley del aborto.

La ley del aborto

Rajoy ha impuesto el silencio entres sus barones. Es la respuesta del presidente en el Comité Ejecutivo del PP celebrado esta semana a tanta voz díscola dentro su propio partido.A la ley de Alberto Ruiz-Gallardón le queda un largo trámite parlamentario pero ya ha sufrido las críticas del extremeño José Antonio Monago, el castellano y leonés Juan Vicente Herrera y el gallego Alberto Núñez Feijoo. Voces a las que se suman las incómodas opiniones de Celia Villalobos o Cristina Cifuentes.

El resto de los barones se mantienen conciliadores, abogan por el diálogo, dicen que cumplirán con lo que se les diga o, simplemente NS/NC (no saben, no contestan). Fuera del PP, y como era de esperar, tampoco están de acuerdo con la norma de Gallardón la presidenta andaluza Susana Díaz, que ha pedido la retirada de la norma y ha amenazado con recurrirla al Tribunal Constitucional; el canario Paulino Rivero, que ha hablado directamente de “retroceso”; eÍñigo Urkullu, desde el País Vasco, que ha apuntado que el PP “ha roto el consenso” que había.

Hay quien prefiere alinearse con la postura del PP, como Yolanda Barcina de UPN, que ha aclarado que“cumplirá” con la ley que se apruebe o quien,preocupado por lo suyo, prefiere hablar de consultas soberanistas, como Artur Mas.

Copago farmacéutico hospitalario

Las comunidades autónomas debían comenzar a aplicar esta última medida de Ana Mato el mes de enero tras una prórroga de tres meses para adaptar sus sistemas, pero parece que la idea de pagar también por estos medicamentos seguirá retrasándose. La ministra ya se topó desde el primer momento con la negativa de Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares. Unas por principios y otras por problemas administrativos ya anunciaron que no la aplicarían.

El madrileño Ignacio González ha advertido esta semana de que el sistema es “muy complejo” y que “hasta que esto no se resuelva, es evidente que no se puede aplicar”. La comunidad está pendiente, además, de que exista una “homogeneidad a nivel nacional”. Una homogeneidad que también reclama La Rioja, que directamente se ha negado a cumplir la ley hasta que no esté generalizada en todo el país.

La Comunidad Valenciana no ve posible aplicarla “antes del primer trimestre” y Extremadura ha preferido rebelarse a su manera: cumplirá la ley pero compensará a sus ciudadanos por el pago de medicamentos.Por su parte, Andalucía se ha declarado insumisa y dice que no cobrará el copago porque “pone en riesgo la salud de las personas”.

Castilla y León recurrió la medida ante la justicia y ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También se han presentado ante los tribunales Andalucía y País Vasco.

Devolución de paga extra a los funcionarios

La historia se repite en este tema y Catilla y León y Extremadura vuelven a ser regiones desobedientes y han enfadado hasta al propio Cristobal Montoro. El Ministro de Hacienda les ha amenazado con llevarles a los tribunales si deciden devolver la paga extra de 2012 a los funcionarios eliminada por el Gobierno.

Varias sentencias particulares a favor de la devolución tienen la culpa de esta rebeldía regional y unilateral, aunque Montoro insiste en hay que esperar a que Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso interpuesto por el País Vasco sobre el asunto.

El alto tribunal mantiene suspendida, además, la ley aprobada por el Parlamento de Navarra que permitía abonar a los trabajadores de la Administración un complemento salarial para compensar la supresión de la paga extra.

Reforma local

Esta reforma obliga a las comunidades a asumir los servicios sociales y sanitarios de los ayuntamientos en un plazo máximo de cinco años. Aquí la más contestataria es la región socialista, Andalucía, que ha anunciado que defenderá “hasta la última coma” de su Estatuto de Autonomía. Le siguen Asturias, Canarias y Cataluña, que critican la invasión de competencias por parte del Gobierno. Satisfechas se han quedado País Vasco y Navarra. PNV y UPN apoyaron al PP en las votaciones parlamentarias porque la normativa respeta, según ellas, los regímenes forales.

Y en medio de la tormenta a favor y en contra, Galicia y Castilla y León. Alberto Núñez Feijoo ha admitido que la reforma no les satisface “al cien por cien” pero creen que existe “la posibilidad de completar la ley con las competencias propias de la Comunidad”.

Por su parte, Castilla y León, aunque se mostró crítica en un principio,acabó rebajando sus opiniones tras una reunión de todas las comunidades del PP con Montoro.

Y la financiación autonómica

El toma y daca de siempre entre regiones y Estado.Es el gran asunto para Mariano Rajoy este 2014 con la siempre presente Cataluña y el resto de las comunidades mirando de reojo a ambos por si hay un posible trato de favor. Y aquí da igual el color del partido porque Madrid ha sido una de las más críticas y ha dejado claro que no quiere modelos a la carta y apuesta por que el Ejecutivo garantice la solidaridad del sistema. Una idea que también persiguen Extremadura, Murcia,Baleares, Castilla y León y La Rioja.

Aragón, por su parte, ha pedido que esa financiación tenga que ver con la densidad de población, la dispersión territorial y el envejecimiento. Mientras, Canarias ha solicitado que se mire a la singularidad de sus islas y se apueste por una financiación “más justa, equilibrada y solidaria”.

Hacienda ya ha advertido esta semana en una nota de que hasta febrero el grupo de expertos no se pondrá a estudiar la reforma del sistema de financiación autonómica y local, una vez que esté aprobada la reforma del sistema fiscal e impositivo. Y ese ya es otro tema a tratar…y a discutir.