La crisis y las deudas liquidan la triste y corta vida de la Policía autonómica asturiana

Nadie ha derramado ni una sola lágrima por su desaparición. La Unidad de Policía Adscrita al Principado, creada en noviembre del año 2006 por el Gobierno socialista de Vicente Álvarez Areces como germen de la policía autonómica, ha dicho adiós sin pena ni gloria por efecto de la crisis y las desavenencias entre los ejecutivos autonómico y central a causa de la asunción de sus deudas y el contenido del convenio que la sustentaba. Muchos asturianos, además, desconocían incluso su existencia.

La vuelta de esta unidad policial a las órdenes directas del Ministerio del Interior no ha merecido siquiera un comunicado de condena de las fuerzas más nacionalistas de Asturias -que, aunque minoritarias, suelen aprovechar acontecimientos de este calibre para hacerse visibles-, ni entre la oposición asturiana, que mostró una total indiferencia durante el desarrollo de las negociaciones sobre su continuidad, mantenidas por un representante de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias y una delegación del equipo de Mariano Rajoy.

A muchos ciudadanos les sorprendió, incluso, conocer que un cuerpo determinante de su propio territorio había dejado de cumplir sus funciones y que su existencia figuraba en la legislación de la comunidad autónoma. Si había bastantes ignorantes de la realidad de esta Policía autonómica, algunos menos conocían que su nombre real era Unidad de Policía Adscrita (UPA), denominación apropiada para no levantar pasiones entre el electorado. Pero la explicación oficial para su creación fue la de desarrollar el artículo 20.2 del Estatuto de Autonomía de Asturias y el deseo de ahondar en el autogobierno de la comunidad autónoma, que se entendía fundamental antes de llegar la crisis.

Las causas de la extinción del convenio que permitía que la policía autonómica fuera un hecho no tienen nada que ver con razones de tipo político, divergencias ideológicas o confrontación entre dos nacionalismos, que podrían haber generado cierto conflicto partidista en la región. El origen de la desaparición tiene que ver con el dinero y con la paternidad de la deuda de este colectivo. El Partido Popular asegura que el Gobierno asturiano debe al Ministerio de Interior seis millones de euros de atrasos en pagos relativos a este cuerpo policial y que la verdadera intención del Ejecutivo de Javier Fernández era tener una excusa para poner fin a la aventura de la versión asturiana de los Mossos d'Esquadra. Curiosamente ni antes ni ahora surgieron diatribas o alabanzas a la labor y las actuaciones de este servicio.

Un Cuerpo con 78 agentes

La Unidad de Policía Adscrita nació con fuerza y a ella se asignaron en principio 78 agentes procedentes del Cuerpo Nacional de Policía, cuya funciones básicas eran la protección de los edificios y representantes de las instituciones asturianas y la vigilancia en las sedes del Gobierno y el Parlamento regional. Una parte de este colectivo -cinco personas-, que se destinó a la vigilancia en el cumplimiento de la ley del juego, todavía no ha cambiado de jefe y sigue a las órdenes de la Consejería de la Presidencia, aunque se espera que en breve vuelva a depender de Interior.

El PP asegura que la verdadera intención del Ejecutivo de Fernández era tener una excusa para poner fin a la aventura de la versión asturiana de los Mossos d'Esquadra

La escasa consistencia de las responsabilidades de este cuerpo policial fue reduciendo poco a poco el número de efectivos hasta llegar a 43, que se distinguían de sus compañeros por llevar una bandera de Asturias en la manga derecha y el escudo oficial de la comunidad autónoma en la gorra, pero aunque estos elementos son visibles de cerca, no aparecen en el uniforme de manera destacada. Los vehículos oficiales de la Unidad de Policía Adscrita son de color azul y muchos ciudadanos los confundían con los coches de la Policía Local de Oviedo por su parecido, solo diferenciado por el leve tono amarillo que semeja a la gama que adorna la Cruz de la Victoria de la enseña regional.

Los únicos damnificados por esta clausura han sido los propios agentes. Algunos habían solicitado este servicio de manera voluntaria para tener plaza en Asturias. Los sindicatos policiales han llamado la atención sobre esta circunstancia y han planteado que no se prodiguen los traslados de forma arbitraria, en cuanto al volver a estar a las órdenes del Ministerio del Interior se les podría asignar a otra parte del territorio nacional.