El Consejo de Estado rechazó volver a la ley del 85, “paraíso del turismo abortista”

La ley del aborto de 1985 que muchos barones del PP defienden como la referencia de consenso tácito a la que se debería de volver en la futura norma que impulsa Alberto Ruiz-Gallardón originó, en la práctica, y según criterio unánime del Consejo de Estado, que España se convirtiera “en paraíso del turismo abortista” en el que el aborto era “libre”. El órgano consultivo, que en los próximos meses deberá pronunciarse sobre el borrador presentado por el Ministerio de Justicia, ya desdeñó en 2009 la posibilidad de seguir manteniendo una legislación de supuestos para pronunciarse a favor de una de plazos como la llevada a cabo por Bibiana Aído en 2010.

El dictamen del Consejo de Estado del 2009, que avaló a priori la constitucionalidad de la la ley, fue suscrito de forma unánime por todo los miembros del órgano y sin que hubiera votos particulares. Ocho de los 10 firmantes de aquellas conclusiones, entre los que están Landelino Lavilla, Miguel Herrero de Miñón o Fernando Ledesma, siguen, a día de hoy, formando parte de la Comisión Permanente del Consejo de Estado que estudiará el texto de Gallardón. Comisión a la quese han incorporado, en los últimos años, la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, defensora del aborto como un derecho de la mujer; el exjefe de la Casa Real, Alberto Aza; y el nuevo presidente del órgano, el popular Romay Beccaría, exministro de Sanidad durante la primera legislatura de José María Aznar.

Una de las primeras cuestiones que analizaba el dictamen de 2009 sobre la ley Aído era la oportunidad de una nueva legislación sobre la interrupción del embarazo a la luz de los resultados que había cosechado hasta entonces la norma de 1985, vigente durante 25 años porque no fue modificada durante los ocho años de Gobierno de Aznar. A juicio del Consejo, dicha norma demostró un “creciente fracaso” al no frenar el número de interrupciones del embarazo y al haber permitido “un millón de abortos legales” hasta el año 2009.

De las conclusiones de aquel informe, una de las que más relevancia tiene a día de hoyen el actual debate sobre la reforma que ha dividido al PP, es la que hacía referencia a la disyuntiva entre una ley de supuestos más restrictiva como la que, ahora, quiereimplantar Gallardón frente a una ley de plazos. El Consejo de Estado tomó partido entonces, claramente, por la segunda de las opciones.

Aconsejó una ley de plazos

“La experiencia española desde 1985 al presente muestra las dificultades de la primera opción y el derecho y la práctica comparada de los Estados de nuestro entorno -todos los de la Unión Europea, salvo Polonia, Chipre y Luxemburgo que siguen un sistema de indicaciones e Irlanda, Malta, y los microestados de Andorra, Mónaco y San Marino donde se prohíbe en todo caso la interrupción voluntaria del embarazo- parecen aconsejar el segundo, que es por el cual se decide el anteproyecto consultado”, señalaba en referencia última a la Ley Aído.

“La experiencia demuestra que la aplicación de la ley de 1985, ya por sus propios defectos, ya por la interpretación laxa que se le ha dado, ya por la evolución social durante sus años de vigencia, ha llevado en España a una indeseable situación de aborto libre cuando no arbitrario, en el que junto a una incremento notabilísimo de abortos legales, siguen practicándose muchos en condiciones de grave riesgo sanitario. Una regulación que, aunque despenalizadora del abortoera intencionalmente restrictiva, ha hecho de España un paraíso del “turismo abortista” y el lugar donde más crece el número de abortos en la Unión Europea”, decía textualmente el dictamen.

El órgano consultivo se mostraba además especialmente crítico con el coladero legal que, durante años, supuso la interpretación “laxa” del supuesto del riesgo para la salud psíquica de la madre como pretexto para abortar. “Una interpretación harto laxa ha llevado a incluir en el concepto de salud materna hasta el futurible de la eventual angustia que pudiera llegar a padecer la gestante si llegase a dar a luz”, señalaban. “Este motivo se entiende en términos psico-sociales hasta servir de amparo a un gran número de abortos legales practicados”.

El dictamen del Consejo de Estado será uno más de los varios informes que aún debe recibir el Gobierno en relación al anteproyecto de ley y que se sucederán en los próximos meses. El más inmediato será, de momento, el que emita el Consejo General del Poder Judicial a finales de mes. Le seguirán, después, los que lleven a cabo las comunidades autónomas o, incluso, los colegios de médicos. Gallardón, por su parte, se comprometió el pasado miércoles, en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, a abrir su despacho a todos aquellos dirigentes de su partido que quieran “enriquecer” el borrador actual, cuyo punto más polémico es la supresión del supuesto relativo a las malformaciones del feto.