La imputación de la Infanta y la salud del Rey resaltan el vacío legal sobre la Corona

El Rey no puede delegar sus funciones constitucionales, ni de forma provisional ni aunque una enfermedad le impida cumplir con ellas. Nada hay legislado sobre renuncia, abdicación o caso de dudas en la sucesión de la Corona. Tampoco sobre el papel de los miembros de la Familia Real más allá del propio monarca y el príncipe heredero. La lenta recuperación de Don Juan Carlos después de su última operación de cadera y la imputación de la infanta Doña Cristina dejan evidencia del vacío legal o normativo en lo referente a la Corona.

Los dos partidos de Gobierno, el PP y el PSOE, que se han alternado en el poder desde 1982, reiteran su máximo respeto a la Justicia ante el último paso dado por el juez Castro y expresan su deseo de que el Rey esté pronto en condiciones de cumplir con todas sus obligaciones constitucionales, de representación y protocolo.

En fuentes gubernamentales y del PP se limitan a recordar que imputación es un trámite judicial que permite la mejor defensa y que, además, se tiene que ver antes el recurso. Sobre Don Juan Carlos comentan que ha demostrado una fuerza de voluntad y un coraje fuera de lo común en la Pascua Militar, que es muy pronto para hablar de problemas en su recuperación y que hasta la primavera tiene tiempo para completar su programa de rehabilitación.

También reconocen populares y socialistas que no se han planteado nunca el pendiente desarrollo de las normas correspondientes a ambos casos: ni la ley orgánica requerida por el artículo 57 de la Constitución ni el estatuto de los miembros de la Familia Real que ahora parece recomendable ante la ampliación de la misma. Es una cuestión delicada sobre la que ningún dirigente ni exresponsable de anteriores Gobiernos quiere opinar en público.

En medios del PP y del PSOE está muy extendida la idea de que Don Juan Carlos nunca consideró oportuno en las últimas legislaturas que se desarrollaran nuevas leyes sobre la Casa Real, aunque sí dio el visto bueno para que José Luis Rodríguez Zapatero incluyera en sus propuestas de reforma constitucional formuladas en 2004 la iniciativa de aplicar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en la sucesión de la Corona.

La reforma de Peces-Barba que decayó en 1989

El último intento de desarrollar las cuestiones pendientes con respecto a la Monarquía data de 1989 y consistió en un proyecto de reglamento de las Cortes Generales promovido en tiempos de la presidencia del socialista Gregorio Peces-Barba que decayó con el fin de la legislatura en otoño de ese mismo año. El borrador establecía entre los motivos de reunión de las Cortes, la proclamación o inhabilitación del Rey, la prohibición expresa del matrimonio de personas con derecho a sucesión en la Corona, la autorización al Rey para declarar la guerra y hacer la paz o la decisión de proveer la sucesión de la Corona “cuando se extingan las líneas llamadas de derecho”.

La propia Constitución establece en su artículo 57.5 que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”. Algunos constitucionalistas apelan a este mismo artículo para sostener que basta con una ley orgánica para introducir la igualdad en la sucesión y evitarse así una reforma de la ley de leyes.

La imputación de la infanta Doña Cristina es una cuestión menor en el orden institucional (otra cosa es en materia de imagen para la Monarquía), según fuentes del partido en el Gobierno. Ya está al margen de la agenda y los actos oficiales en previsión de lo que pueda pasar. Figura en octava posición en la línea sucesoria y su posible renuncia a esos derechos (remotos en la práctica) no dejaría de ser un recurso in extremis para zanjar el problema que los manejos de Iñaki Urdangarin crean a la institución.

Funciones constitucionales indelegables

El problema de fondo en el orden político, según reconocen en fuentes del PP, es la recuperación del Rey. Sin entrar en el debate sobre una abdicación que Don Juan Carlos descarta y de la que el Gobierno tampoco quiere ni oír hablar, el acto de la Pascua Militar deja sobre la mesa la cuestión de si el monarca estará en condiciones de cumplir con todas sus obligaciones en los próximos meses. Sus funciones constitucionales son indelegables (desde convocar y disolver las Cortes al mando supremo de las Fuerzas Armadas) y ni siquiera el Príncipe de Asturias puede desempeñarlas en su nombre provisionalmente. Nada está previsto para una situación de incapacidad de hecho, aunque fuera eventual.

Don Felipe sólo puede reemplazar al Rey en actos institucionales protocolarios, como en el último desfile de la Fiesta Nacional, acto que presidió con uniforme de teniente coronel “en representación” del Rey y que se desarrolló con versión abreviada del himno nacional, sin salvas de ordenanza ni voces de "¡Viva España!" al paso de las distintas unidades. Son honores reservados para el Rey como mando supremo de las Fuerzas Armadas.