La ley del aborto y las de seguridad marcan el giro a la derecha de cara al año electoral

El Gobierno de Mariano Rajoy impulsa el acelerador político imprimiendo un claro giro hacia la derecha. Alberto Ruíz-Gallardón certificó ayer el cambio de paso y de estrategia en el seno del Ejecutivo con la primera de las medidas de intenso calado que llegan a la mesa del Consejo de Ministros y que irá seguida en los próximos meses de otras dos sobre seguridad igualmente polémicas y que amenazan con movilizar claramente a la izquierda en la calle y, a la vez, permiten al PP congraciarse con su granero de votos más tradicional y conservador. En el ecuador de la legislatura, el presidente quiere situar la política en primer plano y empezar a trazar una estrategia en la que no todo vaya a rastras de los datos económicos, de la subida de la luz o de los devaneos judiciales del ‘caso Bárcenas’. Un giro a la derecha en vísperas de las dos próximas citas con las urnas.

Tal y como reprochó hace unos días la socialista Elena Valenciano al ministro de Justicia en relación a la contrarreforma del aborto, “ya no toca lo de ser el progre del PP, estamos en otra etapa”. Otra etapa en la que Gallardón se ha convertido, de momento, en el abanderado de las esencias con la derogación de la Ley Aído. Gallardón justificó entonces que, precisamente, esta promesa electoral del PP no tiene pretexto para no cumplirse porque no implica gasto alguno ni depende de la economía, que es el justificante que se ha esgrimido hasta ahora para acabar con otras señas de identidad de la marca PP como la promesa de bajar impuestos como el IRPF o el IVA.

Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Gallardón certificó que ha cumplido su compromiso de presentar la reforma del aborto en la primera mitad de la legislatura y aseguró que la norma no ha tenido “ninguna divergencia” dentro del Ejecutivo con los sectores más conservadores y religiosos del propio equipo de Gobierno. Con esta ley bajo el brazo, Moncloa se prepara ahora para otras dos igualmente controvertidas: la Ley de Seguridad Ciudadanay la de Seguridad Privada, ámbitos que no se reformaban desde 1992. En el primer caso, con una vuelta de tuerca más conservadora que persigue comportamientos hasta ahora no penalizados como es el hecho de grabar imágenes a los miembros de las Fuerzas de Seguridad o la prohibición total de cualquier tipo de concentración en torno al Congreso de los Diputados. La segunda, por su parte, abre las puertas a la privatización de la seguridad ciudadana y otorga a los agentes de seguridad competencias hasta ahora reservadas exclusivamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Se anula el sistema de plazos

La reforma de la ley del aborto viene a contentar ahora a la derecha más tradicional que se movilizó en las calles contra la ley impulsada por el Gobierno socialista y que transigió de mala manera con el hecho de que el Ejecutivo no haya tocado una coma de la ley del matrimonio homosexual. La nueva norma anula el sistema de plazos que permitía el aborto libre y sin pretexto alguno durante las primeras 14 semanas de gestación para volver a instalar, en cambio, una despenalización basada en supuestos, al igual que la ley de 1985, pero mucho más restrictiva que aquella para tratar de evitar los coladeros masivos. En este sentido, a partir de ahora será necesario que dos médicos acrediten en un informe el grave riesgo físico o psíquico para la mujer o la grave anomalía del feto incompatible con la vida. Estos dos médicos, además, deberán ser distintos al que, finalmente, lleve a cabo la interrupción del embarazo.

En ese sentido, la Ley Gallardón introduce importantes novedades en forma de garantías que reestablecen, como explicó ayer el ministro, el equilibrio entre el valor jurídico a proteger del concebido no nacido y los derechos de la mujer cuando ambos entran en conflicto. La reforma se basa, literalmente, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado en tres ocasiones al respecto,y solo despenaliza el aborto en caso de grave riesgo para la salud física y psíquica de la madre y en el supuesto de que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la libertad o indemnidad sexual. En este último caso, siempre que el aborto se practique dentro de las primeras 12 semanas de gestación y ese hecho hubiese sido denunciado previamente.

La discapacidad u otras anomalías del feto compatibles con la vida no serán causa objetiva para abortar. Sí, el hecho de que esas posibles anomalías supongan un grave y duradero riesgo psicológico para la madre que deberá estar acreditado, eso sí, por dos profesionales. Desde el departamento de Justicia, consideran que esa acreditación no es algo que se pueda producir de un día para otro, con lo que quieren cerrar la puerta a posibles coladeros a la ley. La última palabra, sin embargo, siempre quedará en manos de los médicos que, con su firma y de acuerdo a su profesionalidad, avalen los informes preceptivos.

La reforma supone también un giro conservador a la hora de involucrar a los padres en la decisión del aborto. En este sentido, la ley diferencia a las menores de 16 a 18 de las que están por debajo de esa edad, el límite legal para contraer matrimonio libre o mantener relaciones sexuales. Entre 16 y 18, primará el criterio de la mujer pero ese consentimiento deberá ser ratificado por sus padres o tutores. Con las menores de 16, serán los padres o tutores quienes tomen la decisión. En ambos casos, si hubiera conflicto, un juez decidirá cuál es el consentimiento al que hay que dar validez, siempre en un plazo máximo de 15 días.

Otra de las novedades de la reforma es que la mujer deberá recibir información verbal y por escrito de las alternativas existentes al aborto, de las ayudas públicas que se pueden poner a su alcance en el caso de seguir adelante con el aborto, así como un informe clínico con los riesgos para la salud que una intervención de este tipo conlleva. La información será verbal, según explican desde el Ministerio, porque el sistema actual, que consiste en la entrega de un sobre cerrado con la información, no garantiza que la mujer realmente la llegue a conocer. Pasado dicho trámite, deberá pasar un plazo de siete días (actualmente es de tres) en el que la mujer podrá plantearse si seguir adelante o no con la interrupción del embarazo.