La justicia frena las diligencias para aclarar si González ocultó su ático en Panamá

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pidió este miércoles que se acelere la causa judicial en la que se investiga su relación con un ático de lujo en Marbella, pero será difícil que el proceso avance al ritmo que desea el jefe del Ejecutivo madrileño. Dos comisiones rogatoriasdecisivas para aclarar si el jefe del Ejecutivo madrileño y su esposautilizaronuna trama de empresas pantalla para ocultar esa propiedad en Panamá seencuentran completamente paralizadas.

A pesar de esos contratiempos, la instructora del procedimiento, la jueza Mariana Peregrina,ha acordado imputar a la mujer de González, Lourdes Cavero, al considerarla sospechosa de haber adquirido ese inmueble de forma fraudulenta, así como al presunto testaferro que la pareja habría utilizado como pantalla en esa supuesta operación, el ciudadano estadounidense Rudy Valner. En el caso de González, la juez aclara que, por su condición de aforado, no es competente para pronunciarsesobre susituación procesal, aunquesugiere que, de tener otro estatus jurídico, también habría sido imputado.

El caso pasaráa la Audiencia Nacional. La jueza de Estepona se ha inhibido en favor de este órgano por la naturaleza de las responsabilidades penales que se derivarían de los hechos conocidos: delitos económicos con conexiones en el extranjero para los que no son competentes los juzgados ordinarios. La magistrada imputa a Cavero y Valner delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.

Un auto basado en "presunciones", según el presidente autonómico

González ha denunciado que el auto de la juez en el que se acuerdan estas medidas se basa en meras presunciones. Pero si no incorpora indicios más concluyentes es porque todas las gestiones que ha realizado la magistrada hasta ahora para profundizar en los detalles de esa compraventa están sufriendo un incomprensible retraso. El pasado 18 de marzo, cursó a Reino Unido una comisión rogatoria para reclamar a la entidad financiera Lloyd TSB Bank PLC de Londres información sobre el “último beneficiario” de una cuenta abierta a nombre de la sociedad Coast Investors, la firma a la que González y su esposa pagaron entre 2008 y 2012 una renta mensual de 2.000 euros por el alquiler del ático y a la que, finalmente, terminaron comprando la vivienda por 770.000 euros. El jefe del Ejecutivo lo anunció poco después de que se abrieran diligencias para aclarar su relación con ese inmueble.

La juez envió en julio otra comisión rogatoria a Estados Unidos para interrogar al presunto propietario de Coast Investors, Rudy Valner, un hombre de negocios que se anuncia en internet como testaferro profesional. En septiembre, la magistrada acordó ampliar esa petición de ayuda a las autoridades estadounidenses solicitando también todos los datos disponibles sobre Coast Investors y sus movimientos financieros.

Esas comisiones a Reino Unido y Estados Unidos permitirían aclarar si, como sospechan los denunciantes, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), González y su esposa han sido los verdaderos propietarios de la vivienda desde que comenzaron a habitarlay los supuestos pagos mensualesdel alquiler sólo fueron una ficción financiera para tratar de esconder su auténtica relación con ese inmueble. Los datos en poder de ambos países despejarían todas las dudas sobre esta seria acusación.

Las comisiones aún no han sido enviadas

Sin embargo, como denuncia la magistrada en el propio auto, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que solicitó esa información, la comisión rogatoria a Reino Unido le fue devuelta “sin cumplimentar ni traducir” y la de Estados Unidos aún “está siendo traducida” para su remisión. Es decir, que ni siquiera han superado la primera fase del largo proceso que deberán recorrer para que se conviertan en pruebas.

Tras su traducción, los documentos tendrán que ser enviados al Ministerio de Justicia y de ahí al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que a su vez deberá remitirlos a sus homólogos en ambos países para que cursen la petición a los juzgados competentes en sus respectivos territorios. Una vez ahí, la respuesta puede demorarse durante meses. Y cuando esté terminada, la contestación deberá recorrer el camino inverso hacia España. Pueden transcurrir años antes de que la información sobre esa sociedad se incorpore al caso.

La labor detraducción al inglés de estos documentoscorresponde en este caso, según fuentes jurídicas, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Ministerio de Justicia sólo actúa como intermediario de las comisiones rogatorias una vez que han sido transcritas al idioma del país de destino, precisan las mismas fuentes.

El rastro acaba en Panamá

La investigaciónpuede prolongarse eternamente. Cuando lleguen losdatos desde Reino Unido y Estados Unidosserá necesario cursar casi con total seguridad una nueva comisión rogatoria a Panamá. La instrucción judicialya ha permitido averiguar que Coast Investors es propiedad a su vez de otra compañía, Waldford Overseas Investment, constituida en ese país centroamericano, famosopor ser uno de los paraísos fiscales más activos del mundo. La empresa se encuentra alojada, además, en un despacho de abogados implicado ennumerosos casos de blanqueo, Mossack Fonseca & Co. Los datos de Panamá permitiránaclarar si el presidente de la Comunidad de Madrid y su esposa ocultaron en este territorio su lujoso ático, de 496 metros cuadrados, con piscina privada, jacuzzi y sauna.