El Gobierno ya tiene en marcha las 219 medidas de la reforma de la Administración

El Gobierno ya ha puesto en marcha las 219 propuestas para la reforma de la Administración incluidas en el informe correspondiente presentado en junio pasado y que incluye todo tipo de medidas: desde la simplificación de 63 trámites burocráticos, con un ahorro anual de 478 millones de euros, hasta la creación del Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa. En el último balance que ha hecho el Ejecutivo,después de 23 Consejos de Ministros, y al que ha tenido acceso El Confidencial, se dan por terminadas, o en fase final de implantación, 70 medidas, otras 114 se consideran “en fase media” y 35 acaban de arrancar.

A finales de este mes, justo en el ecuador de la legislatura y en el segundo aniversario de la formación del primer gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo estará en condiciones de sostener que ha levantado todo el entramado normativo necesario para reformar la Administración central, el ámbito bajo su control. Las propuestos más ambiciosas del informe corresponde ejecutarlas o negociarlas con las Comunidades autónomas: fin de las duplicidades en servicios y competencias, reducción de los aparatos políticos y de propaganda, supresión de instituciones como defensores del pueblo, cámaras de cuentas, empresas públicas, servicios meteorológicos u observatorios de toda índole.

La comisión interministerial para la reforma de las Administraciones Públicas que elaboró el informe dirigida por el subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, da por rematada su misión en cuanto a la aprobación de los correspondientes anteproyectos de ley (7), proyectos (9), reales decretos (16) y acuerdos ministeriales(10), aunque ahora falta la aplicación de los mismos y recoger el fruto en forma de ahorro, simplificación de trámites burocráticos y agilización en el funcionamiento de la propia administración central.

Entre las medidas que han empezado a aplicarse está el plan de erradicación de la morosidad para el control de la deuda comercial en el sector público y el impulso dado desde junio pasado a la utilización de la factura electrónica, que impedirá desde el próximo ejercicio presupuestario un hábito muy extendido en la administración autonómica y en la municipal: el de guardar las facturas en los cajones y dejar que se acumulen durante años. Esa práctica le ha supuesto al actual Ejecutivo tener que poner en marcha dos planes de pago a proveedores para evitar el cierre de miles de pequeñas empresas pilladas en los impagos.

Otro proyecto heredero del informe de la CORA, el de la unidad de mercado, acaba de superar todos los trámites parlamentarios y facilitará a todos los operadores económicos el acceso a la información agregada sobre contratación pública y reducirá a partir de enero, según los planes del Gobierno, “los costes en que incurren las Comunidades autónomas en la gestión de sus portales y plataformas”.

Convenio con las agencias de colocación

Entre los acuerdos ya aplicadosy que afectan a las competencias autonómicastambién está el convenio marco con las agencias de colocación para la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas que ha sido suscrito por todos los gobiernos regionales salvo los gobernados por los nacionalistas: los del País Vasco y Cataluña.

Están en sus primeros trámites legislativos el proyecto del estatuto de la víctima del delito para mejorar la organización de las oficinas correspondientes, las modificaciones para desarrollar el IVA de caja para emprendedores o la directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios que tiene por fin lograr la máxima coordinación, además de compartir medios en casos de emergencia.

Los últimos reales decretos aprobados dentro de la línea marcada por la CORA este mismo mes afectan al reglamento del impuesto sobre sociedades, a la declaración de la renta de los no residentes y al reglamento general de recaudación para ajustar fechas de ingresos y pagos del Tesoro con el fin, según el Gobierno, de “conseguir importantes ahorros”.