El plan de Moncloa: revolcón en el Congreso e impugnación al Constitucional
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El plan de Moncloa: revolcón en el Congreso e impugnación al Constitucional

Primero votación en el Congreso con derrota del estilo de la sufrida por Ibarretxe, después recurso al TC y luego a esperar elecciones anticipadas

Foto: El presidente del gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)

Primero votación en el Congreso con derrota del estilo de la sufrida por Juan José Ibarretxe con su plan, después recurso ante el Constitucional ante la anunciada ley autonómica sobre consultas y luego a esperar cuándo vuelve a convocar elecciones anticipadas. Es el guión previsto en el Gobierno ante los próximos pasos anunciados por Artur Mas una vez que el presidente de la Generalitat ha fijado pregunta y fecha para su consulta sobre la independencia de Cataluña. El referéndum no se va a celebrar, pero el presidente de la Generalitat ha dejado claro que está dispuesto a mantener el pulso al Estado durante todo un año.

Una sorpresa que han conseguido dar Mas yJunqueras al Ejecutivo y a los partidos con representación parlamentaria ha sido el contenido doble y seguido de la pregunta. Los partidos del bloque constitucionalista (PP, PSOE,UPyD y regionalistas del Grupo Mixto) esperaban una formulación más clara; y los que ahora abjuran de la ley de leyes como IU confiaban en que se hicieran en términos más genéricos, del tipo eufemístico del “derecho a decidir”, sin la palabra independencia por ninguna parte. Cayo Lara reconoció que no entiende ni le gusta la primera pregunta y que a la segunda hay que responder “no”. Pero está dispuesto a apoyar la celebración de la consulta.

El conjunto de la Cámara lo tiene muy claro y el Ejecutivo de Rajoy cuenta con el Parlamento para poner el primer obstáculo al desafío. Mas parece decidido a pasar por el trance de Ibarretxe y someter al Congreso su idea de hacer una consulta en Cataluña para romper España y tomar el camino hacia un Estado nacionalista propio. El Parlamento autonómico trasladará a Las Cortes la teoría de CiU, ERC e ICV de que es posible que se les ceda en préstamo la competencia para hacer consultas vinculantes que la Constitución reserva para el Gobierno. De esa forma –dicen- el referéndum podría hacerse de forma legal.

Votar en la Cámara en marzo o abril

El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)Como los trámites serían muy largos y esa propuesta no se podría votar en el Congreso casi hasta el verano próximo, el plan de los independentistas es plasmar su iniciativa en una proposición de ley suscrita por los diputados de CiU, ERC e ICV. De esa forma, a finales de marzo o primeros de abril la cesión de competencias sobre consultas se tendría que debatir y votar en la Cámara. Se repetiría el caso del Plan Ibarretxe. A la espera de que IU se aclare, el 90% de la Cámara se pronunciará en contra de la iniciativa: los 185 diputados del PP más los 110 del PSOE, los 5 de UPyD más los regionalistas del Mixto.

Los principios y argumentos que comparten populares y socialistas más el partido de Rosa Díez son los mismos expresados por Rajoy: la soberanía nacional no es parcelable ni negociable. Los nacionalistas catalanes no tendrán más apoyos garantizados que los del PNV y los partidos de extrema izquierda del Grupo Mixto incluidos los batasunos de Amaiur.

Mas parece decidido a pasar por el trance y en paralelo tiene previsto elaborar una ley autonómica de consultas para atribuirse la competencia de convocar referendos. Una vez que le dé forma jurídica a esa iniciativa, el Gobierno lo recurrirá al Tribunal Constitucional. Ante la evidencia de que se salta el marco legal, el resultado está cantado. Los nacionalistas también lo saben y las incógnitas se abren a partir de ahí.

En el Gobierno no creen que Mas se atreva a saltarse la decisión del TC y más bien esperan que entonces, salvo episodios de división interna en el bloque que apoya el desafío independentista, el presidente de la Generalitat vuelva a convocar, para el otoño, otras elecciones autonómicas que serían plebiscitarias. El artículo 155 de la Constitución, el que permite intervenir una Comunidad cuando se salte la ley, el Ejecutivo lo tiene como último recurso. Entre otras cosas porque todavía esperan que el proceso descarrile como el plan Ibarretxe, cuyo promotor se quedó en el camino porque el PNV prefirió la estabilidad de las instituciones a la aventura de saltarse las leyes.

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