Madrid Arena: la falta de un juez de apoyo impide acabar la instrucción

La instrucción del caso Madrid Arena no concluirá este mes, como había previsto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El ministerio de Justicia ya ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la autorización para que convoque una plaza de apoyo para desatascar el sobrecargado Juzgado de Instrucción número 51, donde avanza lentamente el caso. Es el recién elegido Consejo General del Poder Judicial el que tendrá que designar al juez que ayudará al magistradoEduardo López-Palop, que actualmente está sobrecargado de trabajo con juicios de faltas y guardias. Las familias de las cinco víctimas mortales de la tragedia temen que el CGPJ dilate el nombramiento en el tiempo y la instrucción se alargue hasta verano de 2014. "Sin medios, no la acabará nunca".

Las acusaciones particulares creen que las circunstancias de la muerte de las cinco jóvenes que murieron aplastadas en una fiesta de Halloween en un recinto de titularidad municipal el 1 de noviembre de 2012 van más allá de una negligencia o una imprudencia. Según fuentes jurídicas consultadas con El Confidencial, los abogados están inmersos ahora en intentar que el juez transforme la causa. El paso de acusación de homicidio imprudente a doloso supone un cambio sustancial en las penas, ya que se pasaría de uno a cuatro años de prisión a entre diez y quince años de cárcel por cada fallecida.

Transformar las diligencias para que los hechos sean enjuiciados en la Audiencia de Madrid no va a ser fácil. Las acusaciones tienen que probar que Miguel Ángel Flores, promotor de la trágica fiesta, tenía la intención de cometer esa conducta. Los testimonios que los trabajadores de Kontrol 34 y Seguriber ofrecieron ante el juez Eduardo López Palop tampoco ayuda a las familias. Todavía no está claro cuál era el cometido de los contratados del chaleco amarillo (los suministrados por la empresa Kontrol 34, contratada por la empresa de Flores, Diviertt) y por dónde se distribuían. Unos dijeron al juez que estaban para recoger las entradas, otros para el control de acceso. Se recontaron los tiques hallados en ocho urnas (17.000 entradas), ya se han efectuado dos inspecciones oculares del pabellón y se han reconstruido los hechos en 3D. Pero las cifras y quién era responsable de qué siguen sin cuadrar.

El caso Madrid Arena tiene en la actualidad 24 imputados, más de 40 testigos y 43 lesionados. Ya son más de 9.500 folios escritos repartidos en 28 tomos completos y ya se ha abierto el 29. El juez ha abierto una pieza separada para investigar si la cúpula policial de Madrid falsificó informes para ocultar que nunca llegó a tomarse en serio el riesgo de aglomeración de miles de jóvenes que esperaban la actuación del DJ estrella, Steve Aoki. Pese a la imputación, Ana Botellaha mantenido intacta su confianza en Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid desde aquel 1 de noviembre, cuando su figura quedó en entredicho por un supuesto fallo de seguridad en la fiesta que pudo agravar la tragedia.

Flores, sin pasar por prisión

El promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, nunca ha ingresado en prisión, pese a que vendió casi el doble de entradas del aforo permitido y las acusaciones avisaron de que había riesgo de fuga, ya que el promotor de la noche madrileña tiene negocios en Panamá y Ecuador. Únicamente pasó en el calabozo la noche del 27 de diciembre, pero fue puesto en libertad a la mañana siguiente tras depositar una fianza inválida de 200.000 euros.

Flores ha intentado pasar lo más desapercibido posible todo este tiempo en el que la política municipal de Madrid se vio drásticamente condicionada por este caso. El tsunami Madrid Arena provocó tres cambios de gobierno en apenas unos meses y erosionó gravemente la imagen de la alcaldesa, Ana Botella, que difícilmente podrá revalidar su cargo tras su más que dudosa gestión del caso. El promotor de la fiesta, que contaba con trato de favor en Madrid Espacios y Congresos, únicamente concedió una entrevista casi un año después de la trágica noche. Su defensa pasa por cargar gran parte de la culpa al ayuntamiento por cederle un local que no estaba habilitado ni reunía las condiciones mínimas para celebrar un evento de estas características. De momento, el juez sigue recogiendo testimonios un año y un mes después de la tragedia.