La Universidad de Murcia hace negocio con profesores abogados en casos de corrupción

La Universidad de Murcia (UMU) cobra por que profesores de Derecho defiendan a acusados de cohecho, prevaricación, delitos urbanísticos y narcotráfico, entre otros asuntos penales, todos ellos considerados delitos relacionados con la corrupción. Esos servicios profesionales que prestan actualmente al menos un catedrático y un profesor titular los cobra la universitaria Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), que retiene un diez por ciento y paga el noventa por ciento restante a los profesores. De esta forma se elude la norma que impide a profesores y catedráticos a tiempo completo en las universidades españolas el ejercicio de otra actividad profesional.

Los servicios se hacen bajo el paraguas de “contrato para actividades de apoyo tecnológico y asesoría”, en virtud de los cuales profesores y catedráticos integrados en equipos investigadores son contratados por empresas y particulares ajenos a la universidad para la realización de trabajos de asesoría. Son prorrogables, si así lo acuerdan las partes, antes de su finalización. El pago se hace, según se establece el contrato, a una cuenta a nombre de la Universidad de Murcia en el Banco de Santander.

La “misión estratégica” de la OTRI de la UMU, según su propia web, es “poner en valor para el entorno socio-productivo la capacidad científica y los resultados de la investigación realizada por los grupos universitarios de la Universidad de Murcia”.

En virtud de la celebración de esos contratos, al menos un catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UMU, Jaime Peris Riera, ha defendido ante los tribunales en los últimos años a acusados de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales, falsedad documental, delito fiscal, negociaciones prohibidas a funcionarios, etcétera.

En concreto, Peris ha sido defensor del exdelegado del Gobierno y exconsejero murciano Francisco Marqués(PP), procesado por prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y delito fiscal en el llamado caso Zerrichera, por la recalificación de unos terrenos protegidos para urbanizarlos en el municipio de Águilas. Destaca también su participación como defensor en el Caso Limusa, otro proceso por delitos relacionados con la corrupción en el que fueron condenados el gerente de la empresa pública de limpieza de Lorca, dos exconcejales y el interventor municipal.

Esos contratos y otros, hasta un total de una quincena están registrados en la OTRI y figuran en la relación de actividad del Grupo Investigador en Ciencias Penales y Criminológicas, del Departamento de Historia Jurídica y de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho de la UMU. Peris dirige en él, como catedrático de universidad, a otros 34 profesores y colaboradores, y figura como “investigador principal” en todos los contratos.

Otro académico, el profesor ayudante doctor José Muñoz Clares está integrado en el Grupo de Investigación de Derecho Penal, del mismo departamento que el anterior. A diferencia de aquel, este otro grupo tiene una producción científica muy escasa y sólo seis miembros. Pero, comparativamente, su intervención en asuntos penales con contratos de la OTRI es equiparable al anterior. En esos dieciséis contratos figura Muñoz Clares como “investigador principal” y tiene casos tan llamativos como el “asesoramiento y dirección técnica del procedimiento (…) por tráfico de hachish”.

También ha sido y es defensor con contratos de la OTRI de “prevaricación administrativa” en el caso Umbra, en el que están imputados, entre otros diez, el actual alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, un exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, varios funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y el dueño del club de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, que es también el promotor de la creación del Parque Paramount-Life Style Center en Alhama de Murcia, aún por concretar. Es el mayor caso de presuntos delitos relacionados con la corrupción que se ha dado en la Región.

Hace tres semanas, el proceso volvió a primera línea porque Muñoz Clares presentó, como abogado de un imputado, el exjefe de Planeamiento del ayuntamiento Joaquín Peñalver, una querella criminal contra el juez instructor de la causa, David Castillejos, y contra el fiscal anticorrupción del caso, Juan Pablo Lozano.

La querella fue desestimada, pero originó una carta de protesta de una treintena de profesores contra estas actividades jurídicas bajo cobertura de la OTRI. Clares contestó que el artículo 83 de la Ley de Reforma Universitaria autoriza a los docentes a «rentabilizar nuestros conocimientos en beneficio propio y de la institución», y alardeó de su contribución a la financiación de la universidad: “¿Sigo trayendo dinero o me pliego a los talibanes?”, escribió.

Entre los contratos de la OTRI en los que Clares es investigador principal figuran tres por “asesoramiento en asuntos penales en su despacho profesional”, uno de los cuales termina el 19 de febrero de 2014. En la página 68 del Anuario del Colegio de Abogados de Murcia de 2013, José Muñoz Clares figura como colegiado número 5222 y tiene como domicilio profesional “Santo Cristo s/n. Despacho 312. UMU. 30001 Murcia”, que es la dirección de la Facultad de Derecho.