pide a pedraz que le desvíe la denuncia

Anticorrupción quiere que Alaya decida el horizonte judicial de Cándido Méndez

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Pedraz que remita la denuncia interpuesta contra Cándido Méndez a la juez Mercedes Alaya

Foto: La juez Mercedes Alaya. (EFE)
La juez Mercedes Alaya. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que remita la denuncia interpuesta contra el secretario general del sindicato UGT, Cándido Méndez, a la juez de Sevilla Mercedes Alaya, al ser hechos cometidos en aquella comunidad autónoma.

Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público entiende que debe ser la instructora quien se encargue de analizar la denuncia presentada por Manos Limpias al tener ella ya abierta una investigación sobre el desvío de fondos públicos concedidos al sindicato UGT y que presuntamente se utilizaron para pagar pancartas, fiestas y otros gastos internos del sindicato, unos indicios que surgieron en la causa abierta por los ERE de Andalucía.

Según fuentes jurídicas, Pedraz lo remitirá a Sevilla a la espera de que de la investigación se desprenda que los hechos presuntamente delictivos se pudieron cometer en varias comunidades autónomas, lo que en su caso obligaría a remitir de nuevo la causa a la Audiencia Nacional.

Hace unos días, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 abrió diligencias previas y requirió a la Fiscalía que le informa si procedía admitir a trámite la denuncia interpuesta por Manos Limpias. En su auto, el magistrado señalaba que los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, pero añadía que no se han determinado ni “la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”.

Fotografía de archivo del juez santiago pedraz. (efe)
Fotografía de archivo del juez santiago pedraz. (efe)

Para los denunciantes, las conductas recogidas en su escrito podrían constituir los delitos de falsedad documental, delito mercantil, estafa, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública por parte de Méndez y del tesorero del sindicato, Antonio Retamino. En la denuncia se recogía que el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES), creado por UGT, recibió en 2012 más de 48 millones de euros; dos de sus filiales -Formación 2020 y Localmur, dedicadas al alquiler de locales y a la intermediación en la compra de libros-, acumulan un patrimonio de 13,2 millones; y el sindicato mantiene con IFES una deuda de 23,3 millones.

Para Manos Limpias, esto revela “un entramado societario opaco entre UGT, IFES y las filiales Formación 2020 y Localmur”. Este entramado de empresas, con la cabeza visible de IFES, está representada en Euskadi, Galicia, Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, La Rioja, Navarra, Murcia, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE- UGT), Federación del Metal, Federación de Transportes, Comunicación y Mar, dice la denuncia.

Rueda de prensa de cándido méndez
Rueda de prensa de cándido méndez

Aún así, una vez que Pedraz remite el asunto a Alaya, ésta deberá decidir por un lado si su juzgado es competente para investigar esta denuncia y, por otro, si la admite a trámite o la archiva. Para Manos Limpias, UGT se queda con un 15% de las subvenciones para cursos de formación y el IFES con otro 4%. Entre los cursos hay algunos “insólitos y verdaderamente descarados”, según la denuncia, como los de “risoterapia”, “control de estrés”, “paquetería creativa”, “arte floral” y “cortador de jamón”.

Para Anticorrupción, este caso debe investigarse en Sevilla porque desde marzo, la titular del Juzgado número 6 tiene abierta la llamada ‘Operación Heracles’, sobre el posible desvío de las sobrecomisiones que cobraban los mediadores en los ERE y la supuesta financiación ilegal de los sindicatos. Por este asunto se fueron encarcelados el exsindicalista de UGT y “conseguidor” Juan Lanzas, en libertad ahora tras pagar la fianzay los directivos de la aseguradora Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué. En el auto que envió a prisión a varios imputados en esta rama de los ERE, la juez aseguró que UGT y CCOO habían disfrutado “durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular” pues habrían impuesto “de manera arbitraria e ilegítima” el pago por su mediación y “como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial”.

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