El Gobierno da a la izquierda el empujón que necesitaba para volver a movilizarse

La nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que este viernes comenzó oficialmente su tramitación con la aprobación de su primer borrador en el Consejo de Ministros, no estaba en el programa del Partido Popular. Mariano Rajoy llegó a La Moncloa con la promesa de reformar el Código Penal para introducir la cadena perpetua revisable y acabar con el fenómenode la delincuencia multirreincidente, pero la seguridad ciudadana ocupó un lugar secundario en su campaña. Entre otros motivos, porque todas las estadísticas demuestran que, a pesar del empeoramiento de la situación económica, la criminalidad no ha crecido. Sólo han aumentado los robos en viviendas. El resto de delitos contra el patrimonio se mantiene en cifras anteriores a la crisis o incluso ha bajado.

Con todo, el Ministerio del Interior apostó por una nueva Ley de Seguridad Ciudadana y comenzó a trabajar en ella al comienzo de la legislatura. Principalmente, le animaron a impulsar este proyecto dos objetivos: absorber las faltas que iban a desaperecer del Código Penal con la reforma del texto (que despenaliza las infracciones más leves) y actualizar la Ley de Seguridad Ciudadana vigente, aprobada por el exministro socialista del Interior José Luis Corcuera en 1992. Demasiado tiempo, consideraban en el departamento de Jorge Fernández Díaz, para una norma que tiene tanta incidencia en una democracia como España.

Hay un tercer motivo puramente estratégico. Las reticencias que han mostrado todos los Gobiernos anteriores para acotar derechos tan sensibles como los de reunión y manifestación han beneficiado más a la izquierda que a la derecha. Sin duda, en las casi cuatro décadas de democracia, PSOE e IU se han sentido más cómodos con las movilizaciones sociales que el Partido Popular. Fernández Díaz consideró que había llegado el momento de compensar ese desequilibrio con una normativa que regulara vacíos como la celebración de manifestaciones no comunicadas, el acoso a autoridades públicas o la utilización de la violencia física o verbal contra agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Es decir, impulsar un nuevo marco regulatorio que deslegitimara ala izquierda más contestataria. Con todas estas aspiraciones en mente haimpulsado Interior sugran proyecto legislativo para este mandato.

El momento propicio para la ley

Los primeros meses de la legislatura terminaron de animar al Gobierno para sacar adelante este proyecto. Su llegada al poder fue recibida con protestas estudiantiles, dos huelgas generales, concentraciones de plataformas herederas del 15-M, escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y marchas de funcionarios de Sanidad y Educación. No obstante, la Ley de Seguridad Ciudadana no recibió el empujón definitivo hasta la pasada primavera, cuando comenzó a producirse una caída en picado de la tensión social.

En el Ministerio del Interior admiten que si la hubieran anunciado antes, en plena ola de protestas, sólo habrían enconado aún más los ánimos contra el Gobierno. A las críticas por los ajustes de gasto se habría sumado una acusación aún más poderosa, de mayor simbolismo y, por tanto, con mayor capacidad movilizadora: la de estar recortando derechos democráticos.

Aunque el Ejecutivo ha esperado al momento más propicio, no está claro que vaya a evitar que se le acuse de represivo y autoritario, dos etiquetas que anularían los esfuerzos de Rajoy por centrar el foco en la agenda económica y relegar a un segundo plano los aspectos más ideológicos de su programa. De paso, darían a la izquierda el argumento que necesita para volver a la calle. Los organizadores de Rodea el Congreso ya han convocado una concentración junto a la Cámara Baja el próximo 14 de diciembre para protestar contra los planes del Gobierno. Y otros colectivos también han anunciado movilizaciones.

El nerviosismo se instala en Moncloa

A seis meses de las elecciones al Parlamento Europeo, la inquietud se ha instalado en Moncloa. El borrador original del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana se ha recortado sensiblemente para pulir los artículos más controvertidos. Las sanciones también se han rebajado. De las 21 infracciones “muy graves” que contemplaba en un principio la norma, Interior ha terminado dejando sólo siete. El resto se han convertido en “graves” o “leves”.

Además, Interior y otros ministerios han introducido importantes matizaciones. El departamento de Jorge Fernández Díaz ha añadido a última hora en el artículo que regula como infracción grave la grabación y toma de imágenes de agentes de las Fuerzas de Seguridad que, en todo caso, esta sanción no podrá menoscabar “el derecho constitucional a la información”. La redacción inicial de este artículo había generado gran inquietud entre los periodistas, que temían que acabara utilizándose para prohibir la difusión de cualquier imagen en la que apareciera un Policía o un Guardia Civil. Interior incorpora esa brevefrase para intentaraplacar esa reticencia.

Asimismo, el Ministerio de Empleo ha matizado el artículo de la Ley que cataloga como conducta grave el ejercicio de la prostitución y la demanda de este "servicio" junto a parques infantiles, centros educativos y otras zonas frecuentadas por menores. En concreto, el departamento de Fátima Báñez ha logrado que las mujeres que sean víctimas de trata de personas no puedan ser sancionadas por esta infracción.

El Ministerio de Sanidad también ha hecho aportaciones en los artículos relacionados con el consumo de drogas y alcohol, al igual queel Ministerio de Industria, queha corregido partes del borrador que regulaban laautorización de sistemas de telecomunicaciones. Con todo, el propio Ministerio del Interior reconoce que el mayor número de alegaciones haprocedido del Ministerio de Justicia. Incluso se creó un grupo de trabajo bilateral para concretarlas. Todas ellas se han incorporado a la versión definitiva del texto.

En su mayor parte, han adaptado la leya la abundantejurisprudencia que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dictado en las últimas dos décadas sobre asuntos relacionados con el orden público. Pero también han introducido correccionescruciales. Por ejemplo, Justicia rectificó el artículo que establecía que, en caso de que los autores de una infracción sean menores de edad, la responsabilidad sería de sus padres o tutores. La cartera de Alberto Ruiz Gallardón recordó que la responsabilidad de los progenitores sólo puede afectar a los daños y que la sanción siempre debe recaer en los autores de la infracción, aunque sean menores.

Infomes del Consejo de Estado y el CGPJ

El resultado es un texto menos agresivo y ambicioso, que toma todas las precauciones posibles para evitar un incendio en la calle. Pero lo cierto es que, en conjunto, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana sigue castigando una larga lista de comportamientos que la legislación actual ni siquiera contempla. Se antoja imposible que el Partido Popular logrela adhesión de los sectores sociales que han liderado las protestas de los últimos meses.

Con todo, para tratar de desactivar las críticas, el Gobierno ha anunciado que, a pesar de que no está obligado, enviará el borrador al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo de Estado para que se pronuncien sobre el proyecto. El Ejecutivo también se ha mostrado abierto a introducir cambios durante su tramitación parlamentaria. Pero, de nuevo, le será difícil encontrar un sólo grupo en el Congreso o el Senado dispuesto a implicarse en la elaboración de una ley ya estigmatizada. Si no se produce una carambola, el PP afrontará el coste en solitario.

El proceso sólo acaba de empezar. Interior cree que harán falta dos meses para que el Consejo de Estado y el CGPJ tengan listos sus dictámenes. Una vez incorporadas sus sugerencias, el texto deberá ser aprobado de nuevo por el Consejo de Ministros. En ese trámite, el borrador se convertirá ya en proyecto de ley y será remitido a la Cámara Baja, donde iniciará un recorrido parlamentario que le deberá conducir a la Comisión de Interior del Congreso. Ahí será debatido antes de ser enviado, a su vez, al Senado, que también podrá acordar modificaciones.

En total, será casi imposible que transcurra menos de un año antes de su entrada en vigor. Y durante todo ese tiempo, los partidos de la oposición y las plataformas que más se han movilizado contra la gestión del PP pondrán a prueba la fortaleza del Ejecutivo. El próximo mes de mayo se celebran las elecciones europeas, pero en 2015 se convocarán las elecciones municipales y autonómicas y también las generales. No parece que el escenario temporal que dibuja la Ley de Seguridad Ciudadana sea el más favorable para el Gobierno. Lo que sí va a tener es tiempo para pensárselo.