SÉPTIMA LEY EDUCATIVA DE LA DEMOCRACIA

El Congreso da luz verde a la LOMCE con el apoyo en solitario del Partido Popular

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) con el apoyo del PP en solitario.

Foto: El ministro de Educación, José Ignacio Wert. (EFE)
El ministro de Educación, José Ignacio Wert. (EFE)

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) con el apoyo del PP en solitario. PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Coalición Canaria, Compromís, Geroa Bai y Foro Asturias han votado en contra y UPN se ha abstenido.

La séptima ley educativa de la democracia comenzará a implantarse el próximo curso escolar 2014-2015. Durante el debate, la mayoría de los grupos de la oposición han reiterado su compromiso de derogar la nueva normativa cuando cambie la mayoría parlamentaria y el PSOE, en concreto, ha anunciado que la va a recurrir ante el Tribunal Constitucional.

A diferencia de la votación del proyecto de la LOMCE en esta Cámara el pasado 10 de octubre, en la que Foro Asturias se abstuvo, este jueves su diputado, Enrique Álvarez Sostres, ha votado en contra, tal y como hizo esta formación la semana pasada en el pleno del Senado. El ministro, José Ignacio Wert, que ha asistido a este último debate parlamentario de la LOMCE, ha intervenido para agradecer las aportaciones de los grupos durante el trámite en el Congreso y el Senado y, mediante una cita bíblica, ha mostrado su deseo de que "haya terminado el tiempo de destruir y comience entre todos el de construir".

El Congreso aprueba la 'ley Wert'

Mientras se debatía en el pleno, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública registraba en el Congreso una carta dirigida a su presidente, Jesús Posada, en la que muestra su rechazo a la reforma educativa. "Sabemos que no está en su mano provocar la paralización de dicha ley, pero sí debe usted ser consciente, y ése es uno de los motivos de esta carta, que hoy es un día triste para la democracia de este país", señala la misiva.

Dos huelgas y varias manifestaciones

La LOMCE ha contado con el rechazo tanto político como social desde la presentación de su primer borrador en septiembre de 2012, y ha llevado a una parte de la comunidad educativa a protagonizar dos huelgas generales en enseñanza y cientos de manifestaciones en todo el territorio nacional.

Una vez que llegó el proyecto de ley al Congreso en verano, los grupos de la oposición presentaron 11 enmiendas a la totalidad, que pedían la retirada de su texto, y que fueron tumbadas por el PP el 16 de julio. Un día después, toda la oposición, salvo UPyD, UPN y Foro de Asturias, selló un documento de compromiso para derogar la LOMCE cuando el PP salga del Gobierno.

Manifestación de Estudiantes en Madrid. (EFE)
Manifestación de Estudiantes en Madrid. (EFE)

El proyecto de ley fue aprobado el pasado 10 de octubre en el pleno del Congreso, con el único apoyo del PP, al igual que ocurrió en el Senado la semana pasada. Durante el trámite parlamentario, se han presentado un total de 1.666 enmiendas parciales (770 en el Congreso y 896 en el Senado), de las que han sido introducidas al texto las 67 del PP y 40 de los grupos de la oposición, algunas transaccionadas.

Entre las modificaciones más polémicas, destaca la que introdujo el PP en la Cámara Baja para unificar los bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales y que se llevó por delante la oferta obligatoria de Matemáticas, lo que generó las críticas de sociedades de matemáticos, economistas y científicos. Este asunto fue solventado in extremis en el Senado, a través de una enmienda transaccional durante el pleno.

Otro de los cambios introducidos en el Congreso, que originó la disputa entre los nacionalistas catalanes y el PP, fue la aceptación de una enmienda de UPyD para reforzar en el articulado de la LOMCE el carácter vehicular del castellano en la enseñanza de todo el Estado. También en el Congreso se incluyó otra enmienda parcial de UPyD para otorgar la condición de autoridad pública al profesorado, pese a que los sindicatos de profesores querían que este debate se realizara en el marco de la negociación del Estatuto Docente.

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