La Fiscalía pide juzgar ya a Díaz-Ferrán, su hijo y nueve más por asociación criminal
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informe al juez por el 'caso crucero'

La Fiscalía pide juzgar ya a Díaz-Ferrán, su hijo y nueve más por asociación criminal

La Fiscalía pide al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que finalice la instrucción por la ‘Operación Crucero’ y siente en el banquillo a once personas

placeholder Foto: El antiguio propietario de Viajes Marsans Gerardo Díaz Ferrán a su salida de la Audiencia Nacional. (EFE)
El antiguio propietario de Viajes Marsans Gerardo Díaz Ferrán a su salida de la Audiencia Nacional. (EFE)

La Fiscalía ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que finalice la instrucción por la ‘Operación Crucero’ y siente en el banquillo de los acusados a once personas, entre ellos los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo, ambos actualmente en prisión, a quienes acusa de los delitos de insolvencia punible en la modalidad de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y organización criminal.

El representante del Ministerio Público entiende que la instrucción debe ya concluirse después de un año desde que se ordenó la detención de los principales imputados. De confirmarse las imputaciones, el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría, también irá a juicio. Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso El Confidencial, existen suficientes indicios y “abundante documentación” incautada en las entadas y registros practicadas “y que han sido objeto de un minucioso estudio” por parte de la Policía para llevar a juicio a estas personas.

En su informe, Daniel Campos explica que Díaz Ferrán, junto a su socio, el ya fallecido Gonzalo Pascual, eran propietarios de un holding empresarial formado, entre otras sociedades, por Viajes Marsans. A partir de 2009, la situación de económica de sus empresas comenzó a tener dificultades y como consecuencia de ello iniciaron un “proceso de enajenación” tanto de las compañías del grupo empresarial como de los bienes y sociedades patrimoniales y de los bienes poseídos a través de éstas. El fin era “excluir de dichos procedimientos concursales los activos realizables”.

Díaz Ferrán cobró de De Cabo hasta antes de su detención

Para ello, se concertaron con De Cabo, quien en los últimos años se dedicó al vaciado de compañías en situación de concurso, a través de una estructura empresarial que él dirigía. Dentro del acuerdo, De Cabo se comprometió a pagar a Díaz Ferrán y Pascual100.000 euros mensuales a cada uno hasta alcanzar los ocho millones de euros, cantidades que se extraían de los activos de las sociedades del Grupo Marsans. Díaz Ferrán llegó a cobrar 1.016.000 euros hasta octubre de 2012, poco antes de ser detenido, y Pascual cobró hasta su fallecimiento en julio de ese mismo año 986.454 euros.

placeholder Ángel de Cabo.

El fiscal detalla en su escrito varias de las operaciones que llevaron a cabo para vaciar la sociedad y así no pagar a los acreedores. Entre éstas, destaca la venta de concesiones para el transporte público de viajeros carretera de las que eran titulares las empresas del Grupo Marsans o la venta por parte de los expropietarios y de sus respetivos cónyuges de la totalidad de las participaciones sociales de varias de sus empresas como la sociedad Consulting XXI O Parihol Inversions, a una sociedad vinculada a De Cabo.

Díaz Ferrán también vendió dos apartamentos en Nueva York, varias fincas en Madrid y Palma de Mallorca, un barco y varios coches de alta gama, estos últimos a De Cabo aunque seguían a disposición del expresidente de la CEOE. Retiró diez millones de euros de la tesorería de la sociedad Naturaleza y Turismo (Trapsatur) y desvió y se apoderó de 33,8 millones de dólares procedentes de Astra Worldwide International Leasing Limited, dinero que esta sociedad había recibido a su vez de Airbus.

Mandar activos a centros ‘offshore’

“Una vez traspasadas y vaciadas las sociedades del Grupo Marsans y las patrimoniales de Díaz Ferrán y Pascual Arias, la labor del grupo de De Cabo consistió en realizar distintas transferencias con los bienes a fin de ocultar su origen ilícito”. Para ello, los acusados iniciaron un proceso tendente por una parte a dotar de soporte documental inauténtico a los traspasos de activos entre sociedades y a situar los activos en centros financieros ‘offshore’ como Chipre, Malta, Hong Kong, Suiza o Panamá. Lo hacían abriendo cuentas y simulando deudas, emitiendo facturas o suscribiendo hipotecas que no respondían a operaciones reales.

Con ello, De Cabo y su organización conseguían seguir controlando el patrimonio detraído de las empresas y personas concursadas, ocultando la verdadera titularidad del mismo”. Entre los miembros de la organización criminal se encuentra Iván Losada, que ocupada el segundo lugar de la jerarquía; Susana Mora, que formalmente era la secretaria de De Cabo pero llegó a ser titular de empresas, tanto nacionales como extranjeras de su jefe; y Teodoro Garrido, cuñado de De Cabo.

Para el fiscal, también son miembros de la organización Carmelo José Estellés, amigo personal del cabecilla; Antonio García Escribano, empresario directamente relacionado con él; José Enrique Pardo, uno de sus testaferros; y Consuelo Garrido, la esposa de De Cabo y que participó ilícitamente con él. También irán a juicio Rafael Tormo, que se incorporó al grupo en octubre de 2011 aportando sus conocimientos técnicos como asesor fiscal; y Díaz Santamaría, quien participó activamente en el proceso de enajenación de sociedades, concesiones y bienes que habían participado al grupo Marsans.

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