Las sombras del Madrid Arena vuelven para acorralar al inspector jefe de la Policía

Mientras el juez del Madrid Arenainvestiga si la cúpula policialde Madrid falsificó informes para ocultar que nunca llegó a tomarse en serio el riesgo de la aglomeración de miles de jóvenes en el pabellón la fatídicanoche de Halloween, en el Ayuntamiento de Madrid todavía no encuentran motivos para apartar de su cargo a Emilio Monteagudo,la figura más cuestionada tras el tsunamidel Madrid Arena trece meses después de la trágica fiesta que acabó con la vida de cinco adolescentes.Ana Botella ha mantenido intacta su confianza en el inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid desde aquel 1 de noviembre, cuando su figura quedó en entredicho por un supuesto fallo de seguridad en la fiesta que pudo avivar la tragedia.

Monteagudo ya ha recurrido la pieza separada que Eduardo López-Palop decidió abrir esta semana contra él y su personal más cercano, al ver "indicios racionales" para pensar que desde la cúpula de la Policía Municipal se falsificaron documentos oficiales. Imputado desde febrero, sigue en el cargo pese a que la imputación de un agente de la Policía de Madrid es determinante a la hora de ser suspendido de manera automática de empleo y sueldo hasta que la Justicia dilucide si es responsable de un delito o no. Tampoco la alcaldesa de Madrid ha movido un dedo por apartarlo -ni siquiera temporalmente-.

Las acusaciones particulares solicitaron abrir una causa separada para investigar si Monteagudo ordenó o no el cambio de nivel de riesgo medio a alto la noche de la trágica fiesta. En junio, cuando la oficial del distrito de Moncloa que dirigió el dispositivo aquella noche, Cándida Jiménez, desmintió ante el juez la versión de Monteagudo, elconcejal de Seguridad, Enrique Núñez, cambió al90% de los altos mandos policiales de Madrid y dejó intactosa los altos mandos involucrados en la seguridad de la noche de Halloween. Un movimiento que nadie entendió ni dentro del Palacio de Cibeles ni fuera.

En el PP de Madrid enmarcaron este cambio radical de ubicaciones de trabajo en un intento de que los trabajadores policiales, que muchos llevan años en el mismo puesto, eliminen viejos vicios. Pese a la insistencia en que los trágicos hechos del Arena no son la causa de esta remodelación, los cuatro mandos policiales implicados en el caso que han declarado como testigos, excepto Monteagudo, fueroncambiados de sitio. Cándida Jiménez, que alegó que nadie le avisó de subir el nivel de riesgo de la fiesta,fue trasladada del distrito de Moncloa a una unidad de Tráfico. De hecho, no hay documento que acredite esa subida de nivel de riesgo, lo que hace creer a Palop que es ficticia y que el consistorio lleva un año mintiendo sobre la actuación policial aquella noche y que podría haber contribuido a la desgracia.

Eldelfínde Monteagudo en el Cuerpo,Óskar de Santos, hasta junio inspector de Planificación, dejóde tener el control sobre la información del Cuerpo y pasa a ocupar el puesto de inspector central operativo. De Santos y otro compañero,Gerardo del Rey,fueron los responsables de transmitirle las órdenes de mando la noche de la fiestaala jefa dela Policía Municipal de la Unidad de Moncloa-Aravaca, responsable del operativo policial. Del Rey era inspector territorial de la zona 1, el interior de la M-30, y pasa a ocuparse de la zona 3: Chamartín, Tetuán, Fuencarral, Hortaleza, Ciudad Lineal y Barajas.

El punto más oscuro de la actuación policial

Otro testigo de lo ocurrido aquella noche es el subinspector de la Inspección Territorial I,Emilio Rodríguez Corral, el superior de Cándida Jiménez que le dijo la mañana del 31 de octubre que se les “había olvidado” preparar el dispositivo adecuado para la fiesta de aquella noche, según la versión que la testigo mantuvo ante el juez. Este es, precisamente,el punto más oscuro de la actuación policial que en estos momentos está investigando el juez. Mientras López-Palop intenta descifrar qué pasó aquella noche y si el cuerpo policial fabricó pruebas falsas para respaldar su actuación, Rodríguez Corral ya tiene nuevo destino: el distrito cuatro de Madrid.Los cambios respetan la anterior estructura organizativa territorial distribuidaen los 21 distritos de la capitaly buscan adaptarla a la del Cuerpo Nacional de la Policía.

Por su parte, el delegado madrileño de Seguridad siempre ha mantenido que “bajo ningún concepto” se ha manipulado ni se ha ocultado a la Justicia ningún tipo de documento relacionado con el operativo policial de la noche del 1 de noviembre.

En el Palacio de Cibeles, sin embargo, nadie entiende por qué Ana Botella no aparta a Monteagudo de su cargo hasta que la justicia esclarezca si la seguridad que se puso a disposición del Madrid Arena fue suficiente o no. Esta misma semana, David Ortega, el portavoz municipal de UPyD, fue contundente: “La apertura de esta pieza separada es una muestra más de la responsabilidad y la pésima gestión del PP en este caso. Desde el minuto uno el ayuntamiento debería haber trabajado para clarificar lo sucedido, pero se ha dedicado justo a lo contrario. Una prueba es lo sucedido en la Policía Municipal: entre una persona de máxima honorabilidad o un imputado por su actuación aquella noche, al que además se le investiga por posible falsedad documental, el PP elige a Emilio Monteagudo. Es tan significativo como grave”.

Las destituciones que sí hizo Botella

La alcaldesa de Madrid no tuvo compasión cuando destituyó fulminantemente a la cúpula de Madridec el mismo día en que se aireó que el ayuntamiento tenía firmado un contrato de exclusividad con el promotor de la fiesta. Ella mismo afirmó públicamente que había perdido la confianza en este equipo. El caos que durante el mes de noviembre se instaló en el Palacio de Cibeles fue el culpable de laerrónea sentencia que dictó Botella,ya que la dirección de Madridec entregó nueve días antes de la destitución deJosé Ángel RiveroyJorge Rodrigoese contrato, junto con otros 117 archivos más, en el que los directivos de la empresa pública detallaban punto por punto la relación entre Flores y el Ayuntamiento de Madrid. Más tarde fueron destituidos los responsables de Operaciones (María Cabeza Quirós), Nuevas Tecnologías (Víctor Iriberri), la responsable del Departamento Jurídico (Paula Cisneros) y la de Infraestructuras (Elena Rodríguez).

El responsable directo de Monteagudo en el momento de los hechos era el concejal de SeguridadAntonio de Guindos, hermano del ministro de Economía, que sí puso su cargo a disposición de la alcaldesa horas después de ser imputado en la causa.