Wert ignora al Consejo de Estado y elimina los condicionantes a la escuela por sexos

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) saldrá hoy, definitivamente, del Senado otorgando carta blanca a los colegios diferenciados que segregan por sexos para que continúen con su modelo educativo sin que tengan que justificarlo de forma “objetiva y razonable”, tal y como recomendó el Consejo de Estado en su dictamen a la ley. El Partido Popular ha aceptado sendas enmiendas de Unión del Pueblo Navarro para que las escuelas diferenciadas actúen con total normalidad sin que, en ningún caso, su opción pueda complicarles el acceso a los conciertos económicos con el Estado.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha aceptado, finalmente, que desaparezca del articulado de la ley cualquier condicionante extra que pudiera exigir una mayor justificación por parte de estos colegios a la hora de acceder a las subvenciones económicas. Estas instituciones serán tratadas, por tanto, de igual forma que cualquier otro colegio concertado, pese a que el propio Consejo de Estado recomendó (y Wert aceptó) exigir la concreción de un programa de medidas académicas para favorecer la igualdad entre alumnos y alumnas.

Las enmiendas de UPN, que el grupo parlamentario popular ha introducido en la ponencia final de la ley que hoy se vota en la Cámara Alta, retrotraen el texto a la versión de la LOMCE anterior a la corrección que sufrió tras pasar por el órgano que dirige Romay Beccaría. El texto final de la ley señalará, al respecto, que “en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”. A continuación, se elimina la referencia a que los centros tengan que “justificar de forma objetiva y razonada” su modelo educativo para incluir la siguiente redacción: “Los centros deberán exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad”.

UPN argumenta que, como la educación diferenciada no es un método en sí mismo que discrimine, “hay que evitar el peligro que suponen la discrecionalidad y los conceptos indeterminados para la libertad, la seguridad jurídica y la igualdad territorial”. Por tanto, añaden, “en vez de establecer lo que podría entenderse como un control a priori de una modalidad del ejercicio de un derecho fundamental, basta con que la inspección educativa supervise los contenidos del proyecto educativo”.

La enmienda está firmada por los senadores navarros Pedro Eza, Amalia Salanueva y Francisco Javier Yanguas. Como ya publicó este diario, el PP ya se había comprometido en el Congreso a dar vía libre a este asunto en el Senado en el trámite final de la ley. Hay que recordar, sin embargo, que el Consejo de Estado recomendaba exactamente lo contrario. Establecía que la educación diferenciada era una “opción reconocida” en un conjunto de países desarrollados pero consideraba, igualmente, que la LOMCE debería contener alguna previsión que permita exigir una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación, y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad, sin perjuicio del resto de los requisitos exigidos para los conciertos.

Por otro lado, otra enmienda de UPN que también ha sido aceptada por el PP permitirá solucionar su situación a aquellos colegios que, por ser diferenciados, han perdido el concierto económico o se han visto perjudicados en el 2013. En una disposición adicional, la ley señala que los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas “por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexo, podrán solicitar que se les aplique (…) para el resto del actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor”.

Matemáticas, obligatorias en Ciencias Sociales

El Ministerio de Educación apuró ayer también las negociaciones con los grupos de la oposición y, principalmente, con el PNV para asegurar las Matemáticas en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. La asignatura había perdido relevancia al unirse ambas ramas en el Congreso por decisión del PP.

Fuentes parlamentarias explicaron ayer a EFE que el PP propuso al PNV transaccionar dos de sus enmiendas relativas al Bachillerato para que los alumnos del segundo curso tengan Matemáticas dentro del grupo de materias troncales obligatorias.

Asociaciones de científicos y matemáticos habían criticado que puede darse el caso de que alumnos de primero de Economía y Administración de Empresas no hubieran tocado las Matemáticas en el año anterior pero sí hubieran estudiado Latín.