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El juez del Madrid Arena investiga si la cúpula de la Policía falseó documentos
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CREEN QUE SE ELEVÓ EL RIESGO DE LA FIESTA A POSTERIORI

El juez del Madrid Arena investiga si la cúpula de la Policía falseó documentos

Fiscalía y acusaciones creen que se elevó el riesgo -de medio a alto- de la fiesta una vez consumado el desastre. El juez instructor del caso abre otra pieza.

Foto: El inspector jefe de la policía de Madrid, Emilio Monteagudo, tras declarar ante el tribunal. (EFE).
El inspector jefe de la policía de Madrid, Emilio Monteagudo, tras declarar ante el tribunal. (EFE).

El juez instructor del caso Madrid Arena ha abierto hoy una pieza separada para investigar la comisión de un supuesto delito de falsedad documental la noche de Halloween de 2012, cuando cinco adolescentes murieron aplastadas por una avalancha humana en un recinto propiedad el ayuntamiento de Madrid. Eduardo López-Palop, juez instructor del caso, ha imputado a Emilio Monteagudo, jefe de la policía municipal,y a los mandos Óscar de Santos, Gerardo del Rey y Emilio Rodríguez Corral, que ya estaban procesados desde febrero. Unión Progreso y Democracia ya ha pedido el cese inmediato del inspector jefe de la Policía Municipal.

Fiscalía y acusaciones pidieron esta pieza aparte porque creen que elevó el nivel de riesgo de la fiesta de medio a alto una vez consumado el desastre. El juez pretende averiguar en esta nueva pieza si la documentación que la Policía Municipal presentó con fecha posterior a los hechos "fue creada ad hoc para justicar una decisión que quizá nunca se hizo" (Ver auto).

Las cinco acusaciones particulares personadas en el caso presentaron en su momento un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando una pieza separada por una posible falsedad en documento oficial, por entender que "el contenido del documento con fecha 6 de noviembre de 2012 no se corresponde con la verdad". Según consta en el auto que el juez ha dictado hoy, al que ha accedido El Confidencial, se abre las diligencias oportunas ya que el cambio de nivel de riesgo se formuló verbalmente, "y siempre debe hacerse por escrito", según recoge el Reglamento de la Policía Municipal de Madrid.

El juez también recoge en su escrito que, desde la noche fatídica de Halloween, hasta el 6 de noviembre, "no se tiene constancia de documeno escrito alguno que se refiera al cambio de nivel de riesgo de medio a alto". Las acusaciones particulares aseguraron al juez que "en ningún momento existió cambio de nivel de riesgo" y que, por tanto, "el contenido del documento es falso".

Monteagudo declaró ante el juez el 20 de marzo, y le aseguró que era Cándida Jiménez, responsable policial del distrito de Moncloa, la encargada de elevar el riesgo de la fiesta. El encargo fue verbal y a posteriori se confeccionó el documento que ahora investiga el juez. El aumento de nivel debería haber supuesto un aumento en el número de efectivos, elevándolos de 12 a 18, y que la responsabilidad recayera sobre un oficial de policía.

Posteriormente también acudió a los juzgados de Plaza de Castilla Jiménez, que manifestó durante su declaración que sus superiore le negaron los refuerzos que solicitó antes de la fiesta. Además, aseveró que nunca recibió la orden de cambio de nivel de riesgo.

Ana Botella ha mantenido intacta su confianza en Emilio Monteagudo desde que aquel 1 de noviembre, cuando su figura quedó en entredicho por un supuesto fallo en la seguridad de la fiesta que pudo ayudar a que la fiesta terminara en tragedia. Imputado desde febrero, sigue en el cargo pese a que la imputación de un agente de la Policía de Madrid es determinante a la hora de ser suspendido de manera automática de empleo y sueldo hasta que la Justicia dilucide si es responsable de un delito o no.

Las destituciones que sí hizo Botella

La alcaldesa de Madrid sí despidió fulminantemente a la cúpula de Madridec el mismo día en que se aireó que el ayuntamiento tenía firmado un contrato de exclusividad con el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores. El casos que durante el mes de noviembre se instaló en el Palacio de Cibeles fue el culpable de la errónea sentencia que dictó Botella, ya que la dirección de Madridec entregó nueve días antes de la destitución de José Ángel Rivero y Jorge Rodrigo ese contrato, junto con otros 117 archivos más, en el que los directivos de la empresa pública detallaban punto por punto la relación entre Flores y el Ayuntamiento de Madrid. Más tarde fueron destituidos los responsables de Operaciones (María Cabeza Quirós), Nuevas Tecnologías (Víctor Iriberri), la responsable del Departamento Jurídico (Paula Cisneros) y la de Infraestructuras (Elena Rodríguez).

El responsable directo de Monteagudo en el momento de los hechos era el concejal de Seguridad Antonio de Guindos, hermano del ministro de Economía, que sí puso su cargo a disposición de la alcaldesa horas después de ser imputado en la causa. Según el régimen disciplinario de la Policía, cualquier conducta constitutivo de un delito doloroso supone una falta muy grave, lo que conllevaría la suspensión de funciones de tres a seis años hasta la separación definitiva del servicio.

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