El fiscal mantiene los cinco años de cárcel para los acusados de los tartazos a Barcina

La fiscal de la Audiencia Nacional Blanca Rodriguez ha mantenido este lunes la petición de cinco años de prisión por la comisión de un delito de atentado contra la autoridad para el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arruazu, Gorka Ovejero, y para Mikel Álvarez Forcada -hermano del dirigente de Batasuna Joseba Álvarez-, Julio Martín Villanueva e Ibon García Garrido, a los que se acusa de estampar tres tartas a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, en octubre de 2011.

"No es broma es un hecho mas grave", ha indicado Rodríguez durante su informe tras poner de manifiesto que el ataque no se produjo contra Barcina como "persona individual" sino contra una autoridad. "Se trata de un atentado", ha agregado.

Por su parte, el representante de la acusación particular, ejercida por la presidenta del Gobierno navarro, también ha elevado a definitiva su petición de nueve años de cárcel y 5.400 euros de multa para Ovejero por el agravante de prevalerse de su condición de autoridad, al ser concejal de la localidad de Arruazu, y seis años de cárcel y 3.600 euros de multa para los otros tres de los procesados.

El juicio, en el que los cuatro acusados han negado haber estado en el lugar en el que se produjeron los hechos, ha quedado visto para sentencia tras una larga sesión que se ha prolongado durante más de cinco horas.

Gorka Ovejero, Julio Martin, Ibón García y Mikel Alvarez Forcada han indicado, en respuesta a las preguntas de sus abogados, que se encontraban en distintos lugares, todos ellos alejados de la ciudad francesa de Toulouse, donde se celebró la reunión a la que asistía Barcina y donde de produjo el incidente.

Ovejero ha dicho que se encontraba aquel día en el mayor centro de macrobiótica de Europa, Martín ha especificado que se hallaba en Pamplona ylos otros dos acusados han asegurado que permanecieron en sus respectivos domicilios.Todos ellos han respondido a sus letrados siguiendo un guión similar y han admitido su pertenencia a colectivos de oposición al Tren de Alta Velocidad (TAV). Han asegurado que se les relaciona con los tartazos "en un intento de criminalizarles por su oposición al tren".

La presidenta de Pamplona, que ha declarado como testigo, ha destacado que vivió el momento como una agresión. Las tartas -ha dicho-le hicieron daño y la dejaron sorprendida y desorientada. "Sólo pido que se haga Justicia", ha expuesto al tribunal, presidido por el juez Fernando Grande Marlaska.