El PP y sus parlamentarios eluden chocar con Aznar y proclaman "firme apoyo" a Rajoy

José María Aznar dijo que “tomaba nota” de las ausencias del Gobierno y de los máximos dirigentes del PP en la presentación de su último libro por si significan una ruptura de relaciones. Pero los aludidos no quieren más roces internos. La reunión de la XX Unión Interparlamentaria del PP está más centrada en el apoyo a las reformas del Gobierno, la indignación con la Audiencia Nacional por haber soltado a otros nueve terroristas y en las buenas nuevas de Cristóbal Montoro (5.381 millones de euros para el pago a proveedores en Autonomías y Ayuntamientos) que en las palabras del ex presidente del Gobierno.

El único miembro de la actual ejecutiva del Partido Popular que acudió a la cita de la segunda parte de las memorias de Aznar fue Jaime Mayor Oreja, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento europeo. Por el Gobierno, su máximo representante presente en el acto era el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. No acudió ningún ministro, pero sí varios diputados, los más próximos al ex jefe del Ejecutivo, con Ignacio Astarloa al frente.

Las ausencias llamaron la atención hasta a los pocos parlamentarios que acudieron a aplaudir a Aznar en la noche del jueves y cogieron el AVE el viernes por la mañana para estar en Córdoba en la inauguración de la Interparlamentaria. La consigna general, seguida al pie de la letra por los miembros de la dirección del PP, consistía en repetir que el vacío era fruto de la necesidad de estar pronto en la reunión y que todos los ministros “estarían ocupados”. No hay división ni enfrentamiento con el ex presidente del Gobierno, según la versión oficial.

Los diputados, senadores y europarlamentarios acudían a la reunión para hablar y congratularse de su unidad y de la buena marcha de la política de reformas del Ejecutivo. Sólo se salieron del guión al conocer que la Audiencia Nacional iba a excarcelar a otros nueve terroristas de ETA en aplicación urgente e imprevista (sin esperar al Tribunal Supremo) de la sentencia de Estrasburgo contra la doctrina Parot. El PP se manifestó indignado por la “injusta” decisión de la Audiencia.

La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, inauguró la Interparlamentaria con un discurso-llamamiento a la unidad del partido y al final de la jornada se redactó una declaración en el mismo sentido. Los reunidos manifestaron “su firme apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy y a su tarea de hacer posible la recuperación económica y de promover las condiciones que permitan crear y mantener empleo”.

Los parlamentarios del PP reiteraron su apuesta por España “como nación de ciudadanos libres e iguales; un país solidario e integrador, unido y plural”, al mismo tiempo que animan al Ejecutivo a seguir trabajando en la agenda de reformas, “al tiempo que se comprometen a impulsarlas y a respaldarlas en sus respectivos ámbitos”. El texto refleja los principios básicos que defiende el Partido Popular y que Aznar lamenta que no se citen todo lo necesario.

Tercera fase de pago a proveedores

La reunión estuvo centrada en la defensa de esas reformas del Gobierno, pensiones y administración local, principalmente, y acudieron los ministros responsables, Fátima Báñez y Cristóbal Montoro. El titular de Hacienda acudió con buenas noticias. Además de insistir en que la recuperación económica será un hecho el próximo año, aprovechó para presentar la tercera fase del plan de pago a proveedores que significará un nuevo balón de oxígeno financiero para los barones y los alcaldes del PP más quejosos con el Gobierno.

Montoro anunció que Hacienda empezará a hacerse cargo de facturas atrasadas el próximo 16 de noviembre. Los ayuntamientos recibirán 1.757 millones, mientras que el importe del que dispondrán las comunidades autónomas para pagar atrasos ascenderá a un total 3.624 millones.

De ese importe, la Generalitat de Cataluña es la que más recibirá, con un total de 1.431 millones (pedía 300 más), seguida de la Comunidad Valenciana, con 870 millones, y Andalucía, con 631 millones que llegarán a unos 20.000 proveedores de distintas administraciones. Por su parte, Aragón dispondrá de 21 millones, las Islas Baleares de 46 millones, Canarias 24 millones, Castilla-La Mancha 278 millones, Madrid 89 millones y Murcia 230 millones.