Varapalo del Tribunal Supremo a Gallardón: anula el indulto al kamikaze de la AP-7

El Tribunal Supremo ha propinado un auténtico varapalo a Alberto Ruiz-Gallardón al anular el polémico indulto que el Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, concedió al kamikaze que en 2003 provocó la muerte de un joven en la autopista de peaje AP-7.

Después de tres días de intensas deliberaciones, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo acaba de estimar el recurso que presentó la familia del fallecido, José Ortega Dolz, contra la decisión adoptada por el Consejo de Ministros el 7 de diciembre de 2012.

El Gobierno, a iniciativa de Ruiz-Gallardón, concedió aquel día el indulto a Ramón Ríos Salgado, condenado a 13 años de prisión por conducir durante cinco kilómetros en sentido contrario por la AP-7 y provocar la muerte de Ortega Dolz y graves heridas a su novia, en 2003.

El kamikazefue indultado cuando llevaba poco más de nueve meses en prisión, y su condena conmutada por una multa de 4.380 euros.La medida de gracia se adoptó pese al criterio en contra de la Fiscalía y de la Audiencia Provincial de Valencia.

Fuentes cercanas al Alto Tribunal han confirmado a El Confidencial que la Sala de lo Contencioso, por mayoría de sus 34 magistrados, ha acordado anular el real decreto de indulto que impulsó Ruiz-Gallardón. Y concede un plazo de tres meses al Gobierno para subsanar los defectos de aquel decreto, lo que significa que, al menos por ahora, Ríos Salgado no tendrá que volver a prisión.

El ponente, cercano a Gallardón

El ponente de la sentencia ha sido el magistrado Carlos Lesmes, muy cercano al ministro de Justicia, que ha votado a favor de mantener el indulto, según las mismas fuentes. Lesmesesuno de los grandes favoritos a ocupar la presidenciadel Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovaciónnegocian en secreto ya marchas forzadas el PP y el PSOE.

Los 20 nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces deberían haber sido elegidos el pasado 20 de septiembre, cuando concluyó el mandato del actual CGPJ, pero populares y socialistas, incapaces de alcanzar un acuerdo,prorrogaron el martespor cuarta vez, y durante otra semana, el plazo de las negociaciones.

La petición de indulto al Gobierno se gestionó desde el prestigioso despacho de abogados Uría y Menéndez, y el letrado encargado de su tramitación fueEsteban Astarloa, hermano del diputado del PP y exsubsecretario de JusticiaIgnacio Astarloa.

La alarma social creció al trascender que enese mismo bufete trabajaJosé Ruiz-Gallardón Utrera, uno de loshijos del ministro de Justicia. Ambas circunstancias empujaron al PSOE de la Comunidad Valenciana a reclamar a la Fiscalía que investigara la posible comisión de un delito de tráfico de influencias en la concesión del indulto.