Rebelión contra Mato: las autonomías se resisten a implantar el copago hospitalario

Por ley, el copago hospitalario debería haber entrado en vigor el 1 de octubre. Pero ha sido imposible. Ya sea por rechazo o por problemas para su implantación, las autonomías, incluso las gobernadas por el PP, han hecho caso omiso a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, al que no le ha quedado más remedio que prorrogar su implantación hasta el 1 de enero de 2014 y recordar que el copago farmacéutico es una ley y, por lo tanto, de obligado cumplimiento. Sólo Ceuta y Melilla ya han puesto en marcha la medida, al ser las ciudades autónomas los únicos lugares donde el ministerio sigue teniendo atribuida la Sanidad.

Este nuevo copago impone que el paciente abone el 10% del precio de los medicamentos de dispensación hospitalaria, con un tope de 4,20 euros por envase. Sólo quedarían exentos los parados de larga duración que han agotado los 400 euros de ayuda y aquellos con pensiones no contributivas. La ministra Ana Mato justificaba en la Cámara Baja esta implantación como una “medida de ahorro para garantizar la incorporación de fármacos innovadores al Sistema Nacional de Sanidad”. Andalucía la rechazó inmediatamente por el fondo, y fue la primera autonomía que hizo efectivo el primer recurso de alzada contra la medida.

Las populares Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja admitían que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal, pero todavía no han encontrado la manera de implementarla y ahora alegan motivos de “gestión” para justificar el retraso en la puesta en marcha. En un principio, Madrid también se mostró partidaria de asumir las recomendaciones de Sanidad sin titubeos, pero finalmente ha optado por no incluirla en el proyecto de Presupuestos de 2014 que el Consejo de Gobierno aprobó a finales de octubre. El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, alegó entonces que Madrid la aplicará “cuando pueda”, ya que hay que desarrollar “una serie de mecanismos” para hacerla posible “que no son nada rápidos”. Madrid justificaba así el retraso con que “no estamos en condiciones de saber en qué momento se podrá hacer, ya lo iremos viendo a lo largo del año”, en una clara alusión a que la comunidad gobernada por Ignacio González no tiene previsto poner en marcha este cobro el 1 de enero, como ha pedido la ministra de Sanidad.

Otras autonomías, algunas incluso gobernadas por el PP, se han posicionado radicalmente en contra. Son Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares. De hecho, el País Vasco fue un paso más allá y amenazó con tomar medidas judiciales si el Gobierno no rectifica esta norma. Si se rechazara el recurso de alzada para la paralización cautelar de la orden ministerial, recurrirían a la vía judicial. Canarias se ha unido a las amenazas de que sean los tribunales los que resuelvan el conflicto.

Recaudación "simbólica"

Las asociaciones de enfermos crónicos, e incluso la federación de farmacéuticos de medicamentos que se dispensan en hospitales, también han presentado sendas quejas. Creen que la recaudación que se consigue con esta medida es simbólica y que esta pone en peligro el tratamiento de muchos pacientes que no puedan hacer frente a este gasto.

Este copago, que se publicaba el jueves 19 de septiembre el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya se anunció hace unos meses y viene motivado por la necesidad de que todas las regiones utilicen la asignación de aportación reducida para estos fármacos, señalaban en su momento fuentes de Sanidad.

“Se ha comprobado que no todos los fármacos dispensados tenían esta consideración y antes de que las regiones lo pongan en vigor, el Ministerio de Sanidad lo que hace es asegurarse de que todos los medicamentos serán de aportación reducida”, justificaban.

En total son 157 presentaciones farmacológicas de poco más de 50 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves (oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros) que, hasta ahora, estaban exentos de pago.

Estos medicamentos, según apuntan desde Sanidad, “cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del SNS, a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales”.