Esperanza Aguirre se evita el paseíllo y declarará por escrito sobre la Gürtel

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha comunicado hoy al juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que quiere declarar por escrito como testigo para aclarar su papel en la contratación de la entidad Easy Concept, empresa vinculada a la trama liderada por Francisco Correa.

En una providencia, el juez Ruz da hoy a la Fiscalía y a las demás partes personadas en la causa un plazo de tres días para presentar en el juzgado las preguntas que quieran hacer a la testigo, que serán revisadas por el magistrado y enviadas luego a Aguirre.

El juez le dio la opción el pasado viernes de declarar por escrito o de acudir en persona, dado que los hechos investigados ocurrieron cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid y de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ruz resolverá sobre la pertinencia de las cuestiones y elaborará un pliego definitivo que conformará el interrogatorio, que será remitido a Aguirre a fin de que "proceda a dar contestación o información por escrito respecto de los hechos de los que hubiere tenido conocimiento en el ejercicio de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid".

Postura en contra de la corrupción

El juez Ruz, que adoptó la pasada semana esta diligencia a instancias del Partido Socialista de Boadilla del Monte y con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción, señaló que la declaración de Aguirre tiene por objeto "la comprobación de determinados extremos" que forman parte de la instrucción y que, según fuentes jurídicas, apuntalarían la imputación de López Viejo.

A López Viejo se le atribuye haber recibido "cuantiosos pagos" efectuados desde el entorno del cabecilla de la trama Gürtel , Francisco Correa, como consecuencia de "la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid".

En este sentido, el juez señaló que el testimonio de Aguirre podría esclarecer las actividades de López Viejo, quien, según se deduce de la instrucción, ejerció labores de "intermediación" entre varias consejerías del Gobierno regional y la red de Correa a través de "sociedades pantalla o velo para ocultar la identidad de la empresa que realmente prestaba los servicios". Estas empresas intermedias, según el auto, solían recibir una comisión variable de entre el 5 y el 11,5 por ciento del contrato adjudicado.