El juez ordena embargar a Urdangarin la mitad del palacete y otras tres viviendas

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha embargado la mitad indivisa del palacetede Pedralbes, propiedad al 50% de la infanta Cristina de Borbón y su marido, IñakiUrdangarin, después de haber transcurrido "con notorio exceso" el plazo para hacerfrente a la fianza de responsabilidad civil que le impuso de forma conjunta y solidaria con su ex socio Diego Torres, y que asciende a 6,1 millones de euros.

En un auto dictado este lunes en Palma, Castro ordena también embargarla mitad indivisa de otras tres viviendas, dos plazas de garaje y tres trasteros a nombre de Aizoon S. L., la mercantil cuya titularidad comparten los duques de Palma. Se trata de una casa en Terrassa (Barcelona) y dos en Palma de Mallorca, que la hija y el yerno del Rey adquirireon supuestamente con parte de los fondos desviados a Aizoon desde el Instituto Nóos.

El juez, el pasado mes de enero,fijó inicialmente la fianza en 8,2 millones de euros. Pero tras los recursos de apelación presentados por Urdangarin y Torres, la Audiencia Provincial de Palma acordó en mayo descontar el IVA ingresado, por entender que los contratos suscritospor el Instituto Nóos y por la sociedad instrumental Nóos Consultoría Estratégica fueron amañados por idénticas personas, es decir, Urdangarin y Torres.

Castro también ha dictado hoy el embargo de la mitad indivisa de la vivienda que Torres comparte en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) con su esposa, Ana María Tejeiro, igualmente imputada en la causa. Así como de tres viviendas en Palma, una en Mataró (Barcelona), otra en Mahón (Menorca) y el despacho profesional del ex socio de Urdangarin a nombre de Virtual Strategies S. L., una de las sociedades instrumentales de la trama.

En su auto de responsabilidad civil, al que tuvo acceso la agencia Europa Press, Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de laspesquisas del caso Nóos, y reprochaba a las administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valencianael papel que desempeñaron en el desvío de fondos públicos a las arcas del Instituto Nóos.

En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".

De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores del más intenso reproche ético y jurídico, en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".