Un año después: 5 muertes, 24 imputados... ningún responsable

La maldición de la noche de Halloween todavía sobrevuela el Madrid Arena. La última madrugada del 1 de noviembre,cinco jóvenes -una, menor de edad- murieron aplastadas por una avalancha humana en el único vomitorio de salida que se había adaptado para la fiesta Thriller Music Park en ese recinto, propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Qué pasó en los minutos previos a que se desencadenara la tragedia para que la fiesta acabara en desdicha todavía está en el sumario de un caso que está a punto de concluir su instrucción. Se habla deexceso deaforo, local sin licencia, puertas cerradas, falta de control en los accesos, escaso número de agentes de la Policía Municipal, incumplimiento de Ley de Espectáculos, entradas sin numerar. En el caso que dirige el juez Eduardo López-Palop figuran 42 testigos, 24 imputados, casi 9.500 folios de instrucción y, de momento, ni un solo responsable por lo sucedido.

Las primeras investigaciones sobre la fiesta de Halloween organizada por la empresa Diviertt S.L. indican que la avalancha humana la pudo producir un exceso de aforo. Pero todos los implicados señalan a otros como culpables: el organizador (Miguel Ángel Flores, propietario de la empresa Diviertt), el dueño del local (el Ayuntamiento de Madrid) y las empresas de seguridad contratadas (Seguriber –que dependía del consistorio– y Kontrol 34 –contratada por Diviertt–). A medida que se deshace la maraña de lo que ocurrió aquella noche en la Casa de Campo, se evidencia que todos los implicados encadenaron fallos que desembocaron en la tragedia.

La seguridad desplegadaen las inmediaciones del recinto todavía es un misterio. Seguriber, la empresa que dirige la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, era la encargada del control externo del recinto: que no entraran botellas de alcohol en el edificio ni permitieran la entrada a menores de edad. La compañía, en cambio, acusó ante el juez a la Policía Municipal como la culpable de no haber controlado los macrobotellones que se celebraron en las inmediaciones de las instalaciones.

El pleno que el Ayuntamiento de Madrid celebró ayer se enzarzó en una dura discusión con este tema de fondo. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, defendió con uñas y dientes la labor que desempeñó el inspector jefe de la Policía Municipal de la capital, Emilio Monteagudo, después de que UPyD asegurase, en falso según el PP, que el juez ha abierto una pieza separada contra él. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó horas después la teoría de la formación magenta.

Un año después de la tragedia, tampoco se sabe todavía cuántos jóvenes pagaron por disfrutar de la actuación del DJ invitado aquella noche, Steve Aoki, que anoche actuó en Nueva York. Flores dice que él no vendió ni una entrada más de las que reconoció al exvicealcalde Miguel Ángel Villanueva vía SMS el día de autos: 9.650. Culpa a la muchedumbre que hacía botellón en el exterior (dijo unas 4.000 personas). Nadie sabe si esa avalancha humana entró con entrada o se coló. Sin contar reventas y entradas falsas, se sabe que entraron más de 17.000 personas,pero es prácticamente imposible averiguar el dato exacto. Durante toda la noche, ni Kontrol 34 ni Madridec, la empresa municipal dueña del recinto, ni la Policía Municipal fiscalizaron el exceso de aforo. Cada uno le echa la culpa al otro. Lo único parece claro es que esa “muchedumbre” coincidió con los jóvenes que ya estaban en el interior del recinto, y a esa hora bajaron de los niveles superiores a la pista central, provocando el caos en el pasillo donde sucedió la desgracia mientras unos salían y otros intentaban entrar.

Fallos de seguridad

Pero el desastre no se produjo sólo por el exceso de aforo. En el edificio municipal también fallaba la normativa de seguridad. De hecho, los técnicos de Urbanismo del consistorio encontraron hasta 18 deficiencias en el recinto dos años antes y todavía no se habían resuelto cuando se consumó la tragedia. Entre las irregularidades que presentaron en la documentación técnica destaca que el número de los pasillos para salir del recinto a la calle era insuficientey que el pabellón era inaccesible para bomberos en el caso de que hubiera habido fuego dentro del recinto.

El suceso puso en el punto de mira la gestión y la responsabilidad municipal en la muerte de estas jóvenes. Ana Botella presentó su reconstrucción de los hechos el día 15, dos semanas después de los hechos, en una comparecencia en la que se negó a responder preguntas. El ayuntamiento culpa a la organización, que precintó al menos dos salidas y no respetó el aforo por planta, y ha evitado a toda costa asumir ninguna responsabilidad. El equipo municipal puso en marcha entonces una comisión de investigación en la que, gracias a su mayoría, prohibió la comparecencia de la propia alcaldesa; de Concepción Dancausa, la segunda teniente de alcalde que diseñó el informe municipal;la de los funcionarios y la de todos políticos que no se ceñían al ámbito municipal. Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno, defendió la labor de la Policía Nacional que puso en duda Botella. Vigilar aquella noche el edificio del Madrid Arena no era su labor, según la versión que aún mantiene la Delegación.

El equipo de Gobierno de Ana Botella se hizo añicos tras el suceso. La alcaldesa empezó fulminando la cúpula de Madridec el mismo día en que se aireó que el ayuntamiento tenía firmado un contrato de exclusividad con el promotor Flores. El caos que durante todo el mes de noviembre se instaló en el Palacio de Cibeles fue el culpable de laerrónea sentencia que dictóBotella, ya que la dirección de Madridec entregó nueve días antes dela destitución deJosé Ángel Rivero y Jorge Rodrigoeste contrato, junto con otros 117 archivos más, en el que los directivos de la empresa públicadetallaban punto por punto la relación entre Flores y el Ayuntamiento de Madrid. Botella nunca rectificó y se limitó a justificar su decisión afirmando que los responsables debían haber marcado ese contrato como “algo importante”. Más tarde fueron destituidos los responsables de Operaciones (María Cabeza Quirós), Nuevas Tecnologías (Victor Iriberri), la responsable del Departamento Jurídico (Paula Cisneros) y la de Infraestructuras (Elena Rodríguez).

Tres cambios de gobierno tras el huracán

El huracán Arena se llevó por delante a tres de los hombres más cercanos a la alcaldesa de Madrid, sentenciada desde el mismo fin de semana de autos, cuando continuó con los planes previstos para el puente de Todos los Santos y se fue a un spa a Portugal con toda su familia. Tres concejales se descolgaron del organigrama municipal en las semanas posteriores. El primero en caer fue Pedro Calvo, responsable del área económica y presidente de Madridec en el momento de la tragedia, todavía en nómina del ayuntamiento como concejal raso. Dimitió apenas dos semanas después de los trágicos sucesos, el día que fue imputado.

El siguiente en salir del organigrama municipal fue el exvicealcalde de Madrid, en el punto de mira desde la mañana del 1 de noviembre. Miguel Ángel Villanueva fue el portavoz municipal en hacer las primeras declaraciones públicas defendiendo la actuación de Diviertt. También negó cualquier amistad con su regente antes de que aparecieran informaciones y fotografías que evidenciaban todo lo contrario. Tres meses después, en abril, ya estaba en nómina de una empresa privada, Cofely, que lo fichó por sus “contactos” con la Administración.

El hermano del ministro de Economía, Antonio de Guindos, responsable de Seguridad y de la Policía, se comprometió en la comisión de investigación a dimitir el día en que fuera imputado. Lo hizo el 4 de febrero. Ana Botella dijo de él que era la persona “más importante” de todo su gabinete, y se negó a destituirlo hasta que él mismo cumplió su palabra. Sobrevivieron a la quema la concejala de Seguridad, actual edil de Carabanchel, Fátima Núñez, y el jefe de Policía Municipal, Emilio Monteagudo.

El servicio médico, manifiestamente mejorable

Ninguna ley establece cuál es el equipamiento médico mínimo necesario para una fiesta de estas dimensiones. El equipo que contrató Diviertt estaba compuesto por Simón Viñals, un médico de 72 años, y su hijo, un funcionario del Departamento de Salud del Ayuntamiento de Madrid que todavía continúa en su puesto. No había contrato. El acuerdo fue “verbal”, según manifestó el propio Viñals en la comisión de investigación. Hubo adolescentes que fueron atendidos que han asegurado ante el juez que la enfermería estaba cerrada cuando llegaron. El médico lo niega. El habitáculo, que sólo disponía de una camilla, no tenía desfibrilador. Las ambulancias eran de la empresa de otro hijo de Simón Viñals.

A pesar de que la oposición reclamó su dimisión inmediata, Ana Botella ha reiterado en diversas ocasiones que nunca se lo ha planteado. Tampoco se ha pronunciado sobre si será la cabeza de cartel del PP para las elecciones de 2015. Pesos pesados del partido consultados por este medio creen que la mala gestión de aquella crisis, sobre todo por la escapada a un spa portugués el mismo fin de semana de autos,pasará factura a la alcaldesa de Madrid. En el último pleno municipal celebrado esta misma semana, el portavoz de UPyD, David Ortega, echó en cara al Gobierno municipal que se reabriese el recinto sin subsanar los errores.

“Lo que ha sucedido en el Madrid Arena es una vergüenza, es un tema gravísimo. Han convergido prácticamente toda la mala gestión, las irregularidades y el clientelismo del Ayuntamiento de Madrid. El mejor homenaje a las víctimas, el homenaje real, es poner todos los medios para aclarar lo sucedido y que no vuelva a suceder”, concluyó, la misma semana en la que se cumple un año de la muerte de Katia, Cristina, Belén, María Teresa y Rocío.