Rajoy encarrila la reforma de las pensiones, la asignatura pendiente ante la UE

El Gobierno ha impuesto en el Congreso su mayoría absoluta para tener aprobadas a final de año, en el ecuador de la legislatura, todas sus grandes reformas económicas. En un pleno de casi 11 horas, el Grupo Popular encarriló la reforma del sector eléctrico, la ley de la unidad de mercado, los cambios para impedir el impago de facturas por las administraciones y la nueva fórmula para el cálculo de la revalorización de las pensiones, última exigencia que quedaba pendiente de cumplir con Bruselas. El PP rechazó los numerosos vetos del resto de los grupos de la oposición, que se quedan al margen de todas las reformas.

Mariano Rajoy, que presume ante todas las instancias de la Unión Europea, y el ámbito más doméstico, de tener una mayoría que garantiza estabilidad política y la posibilidad de hacer realidad todas las reformas legislativas y económicas necesarias, exhibió la hegemonía de su grupo en el Congreso. En la primera votación rechazó las siete enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición a la reordenación del sector eléctrico para acabar con el déficit de tarifa, después siguió con la ley de unidad de mercado interior a la que se oponen sobre todo los nacionalistas y terminó despachando los 8 vetos que la izquierda en bloque, CiU, PNV y Grupo Mixto habían formulado contra la reforma de las pensiones.

Los ministros responsables de los proyectos de ley como José Manuel Soria y Cristóbal Montoro, y en especial la titular de Empleo, Fátima Báñez, se esforzaron el ofrecer diálogo a los partidos de la oposición para el siguiente trámite parlamentario, el de las enmiendas, pero en el debate resultó evidente el escaso margen para el acuerdo. Ningún grupo está dispuesto a asumir la impopularidad de condicionar por ley la subida de las pensiones al ciclo económico: ni la derecha nacionalista de CiU y PNV, ni el PSOE pese a ser el único partido que las ha congelado cuando estuvo en el poder, en la pasada legislatura.

La ministra de Empleo sólo obtuvo en la defensa de su proyecto para “la sostenibilidad” del sistema la relativa compresión de un diputado ajeno al PP: Carlos Salvador, de UPN. El resto de los partidos no quiere saber nada del asunto, de momento. Los socialistas fueron más lejos y, como hacen ante todas las reformas de calado que impulsa o aprueba el Gobierno (laboral, educación o administración local), se comprometieron a derogarla en cuanto pueda formar una mayoría de izquierdas para volver al poder.

Báñez acusó a la oposición de caer en “el negacionismo” por insistir en que no es necesario cambiar nada con urgencia. Frente a la teoría de que las posibles modificaciones se deben dejar para un posible acuerdo en el Pacto de Toledo que incluya a los sindicatos, la ministra sostuvo que el déficit del sistema obliga a tomar medidas ya. Recordó al respecto que las administraciones de la Seguridad Social acumularán entre 2012 y 2016 un déficit de 47.000 millones de euros y repitió que la nueva fórmula de revalorización asegura una subida mínima del 0,25 por ciento anual y un máximo del IPC más el 0,25 para los tiempos de crecimiento.

La titular de Empleo insistió en que la reforma asegura que “el barco de las pensiones no se hunda, que siga a flote” y que ningún Gobierno podrá congelarlas en el futuro como hizo el Ejecutivo socialista en 2010. Como ejemplo de lo contrario puso la decisión de Rajoy de subirlas al menos un punto el pasado año, medida que ha permitido a los pensionistas mantener su poder adquisitivo, ya que la inflación se va a quedar por debajo de esa cifra.

El texto del proyecto pasa ahora al trámite de enmiendas en comisión para encaminarse después al Senado y volver después al Congreso para su aprobación final, previsiblemente a mediados de diciembre. El Gobierno cumplirá así la penúltima de las recomendaciones de Bruselas. Pero todavía falta darle un repaso a la reforma laboral.