De Aguirre a Camps: continúa el paseíllo de dirigentes del PP en los juzgados

En un solo día, el Partido Popular ha sido protagonista de cuatro casos judiciales. Las causas penales en las que se está viendo envuelto no cesan y la pasarela de sus dirigentes en los juzgados es cada vez más frecuente. Ayer fue día desobresaltos. La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, y los valencianos Rita Barberá y Francisco Camps, han sido citados en distintas causas. La destrucción de varias pruebas del caso Bárcenas también tuvo novedades y hasta el nombre del expresidente del Gobierno, José María Aznar, salió ayer a la palestra.

En el primer caso, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz hará testificar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid sobre las relaciones delictivas que existían entre su viceconsejero y el líder de la trama Gürtel. El juez quiere escuchar lo que tiene que decir. Eso sí, le da la opción de contestar a sus preguntas por escrito si no quiere hacer el paseíllo ante los periodistas.

Ruz lo ha pensado y ha optado por no escuchar a la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que la declaración de Aguirre podría esperar al momento de la celebración del juicio. Para las fiscales, la expresidenta sólo acudirá al Juzgado para certificar lo que ya ha dicho en varios medios de comunicación sobre Alberto López Viejo. En cuanto conoció que la Justicia estaba investigando a Correa le prohibió seguir contratando a una de sus empresas, Easy Concept, para hacer trabajos para la Comunidad.Sin embargo, el instructor entiende que todo lo que sepa y tenga que decir es pertinente y útil para la investigación, sobre todo para fortalecer los indicios incriminatorios contra el exviceconsejero.

Minutos después de notificarse esta decisión a las partes, en otra parte del país, concretamente en Palma, le entraba una petición al juez José Castro por parte de Anticorrupción. Le insta a que reclame en calidad de testigos a la alcaldesa y al expresidente de la Comunidad de Valencia, Rita Barberá y Francisco Camps, en la causa en la que se investiga al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin. Ambos dirigentes han estado al filo de la navaja en el caso Nóos. Tanto el juez como el fiscal consideran que hay indicios suficientes contra ellos por imputarles varios delitos por adjudicar al Instituto Nóos una serie de contratos saltándose la normativa. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia los ha salvado. Consideró que, aunque su comportamiento respecto al instituto que presidía el marido de la infanta Cristina no fue decoroso, en ningún caso es delictivo.

La declaración de los dos dirigentes valencianos es una de las pocas pruebas que faltan por realizar antes de que Castro decida si vuelve a imputar a Doña Cristina, por su participación al 50% de la empresa de Aizoon junto a su marido, a la que se desviaban fondos públicos del Instituto Nóos para gastarlo en cuestiones privadas.

Mientras se conocían estas dos últimas decisiones judiciales, el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, declaraba como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el juez Elpidio José Silva por enviarle sin pruebas hasta en dos ocasiones a prisión. Durante el interrogatorio, salió a la luz su relación de amistad con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien precisamente le aupó para presidir la caja de ahorros.

Blesa sigue imputado por la causa del Banco de Miami, en la que se le acusa de comprar un banco cuando presidía Caja Madrid a un precio superior al del mercado. Por este asunto, Silva ordenó su ingreso en prisión, primero con una fianza de 2,5 millones de euros, que pagó en menos de veinticuatro horas, y después prisión incondicional, de la que el exbanquero consiguió librarse en dos semanas por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.

Cierran y abren causas por destruir pruebas

Cuando entraba Blesa en el TSJM a primera hora de la mañana, rodeado de preferentistas indignados insultándole, salía otra noticia de los juzgados madrileños que ponía de nuevo en la diana al PP. Por un lado, una buena noticia para el partido, que el Juzgado de Instrucción número 32 archiva la investigación por ordenar destruir los ordenadores que su extesorero Luis Bárcenas había utilizado durante todos los años que trabajó para el partido. La juez ha estimado que al ser propiedad del PP no puede darse el delito de daños informáticos ni tampoco el de encubrimiento. Para que se dé este último, tiene que haber indicios de que ha querido ocultar un delito, en este caso sería el cometido por Bárcenas al manejar dinero negro del partido, pero que el extesorero haya cometido ese delito todavía está por ver. Si no lo hay, no hay encubrimiento y la Justicia a día de hoy no ha declarado culpable a Bárcenas.

La instructora ha quitado de un plumazo la razón a Ruz, que se inhibió de ese asunto al entender que sí había indicios de estos dos delitos, pero la Audiencia Nacional no es el órgano competente para investigarlo. Sin embargo, otra noticia acompañaba a este archivo. Otro Juzgado de Instrucción, el número 49, ha admitido a trámite una querella de una acusación popular contra la exsecretaria de Bárcenas, y actual empleada en el PP, y contra el jefe de seguridad. A la primera por destruir las agendas de su exjefe, donde aparecían todas las citas con los empresarios que podrían haber entregado dinero en B al partido, y al segundo por borrar los vídeos de la entrada de la sede del PP en la calle Génova.

Fuentes jurídicas explican que la juez Bustos va a analizar ahora si se trata de los mismos hechos o similares a la causa del juzgado 32. De ser así, se lo remitirá a su compañera, lo que llevará a esta segunda causa a su archivo. Sin embargo, si ve que se trata de hechos que pueden ser investigados de manera independiente lo asumirá.