El pleito eterno de Google en España

El espionaje masivo de móviles y correos electrónicos destapado por Edward Snowden, el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU, no sólo tiene acorralada a la diplomacia estadounidense. También ha puesto contra las cuerdas a multinacionales como Google, a la que se ha acusado de colaborar en secreto con Washington para descifrar los códigos de internet de millones de usuarios. En España, el gigante de la informática fue denunciado en 2010 en los tribunales por captar sin consentimiento datos de localización de redes wifi y de tráfico asociado a estas para su aplicación Street View. Hoy, más de tres años después, aquella denuncia sigue atascada en una maraña jurídica que ni los expertos llegan a entender.

Todo empezó en mayo de 2010, cuando el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, ordenó que se iniciasen actuaciones de investigación para determinar si Google había vulnerado la normativa española de protección de datos y los derechos de los ciudadanos. Cinco meses después, en octubre de ese mismo año, tras constatar la existencia de indicios de la comisión de dos infracciones graves y tres muy graves de la LOPD, la AEPD abrió un proceso sancionador al gigante de internet. Pero la denuncia de los hechos ante el Juzgado de Instrucción Nº 45 de Madrid, en junio de 2010, obligó al organismo español a suspender temporalmente ese procedimiento sancionador, que aún hoy sigue esperando.

Fuentes de la AEPD han explicado a El Confidencial que no conocen las causas de tan prolongado estancamiento y que, en cualquier caso, están esperando a que se resuelva por la vía penal para poder continuar por la administrativa. En la misma línea se ha manifestado a este periódico Google España, donde han reconocido que el proceso judicial "sigue en stand by". Pero ¿es normal este retraso?

Lo de los plazos es tan aleatorio como la lotería, pero lo normal es que no se retrasen tanto tiempo. Pueden darse dilaciones de tres o seis meses, pero más de tres años es demasiado

"Lo de los plazos es tan aleatorio como la lotería, pero lo normal es que no se retrasen tanto tiempo. Pueden darse dilaciones de tres o seis meses, o incluso un año, pero más de tres es demasiado", ha explicado Pedro González, procurador experto en llevar casos en este juzgado. "Un proceso penal no tiene por qué durar mucho. Si las personas que tú citas pueden comparecer sin problemas, debería de llevarse con diligencia. Tampoco hay ahora atascos en estos tribunales", ha añadido.

Según el portavoz de la asociación de defensa de los consumidores Facua, Rubén Sánchez, "este procedimiento es urgente y no se puede resolver en cuatro o cinco años. De todas formas, si al final se desestima no significa que la AEPD no deba actuar. En este sentido, el máximo importe de una sanción según la Ley de Protección de Datos es de 600.000 euros, una cantidad que debería ser claramente mayor".

Google reconoce su error... en EEUU

El pasado mes de marzo, Google aceptó pagar una multa de siete millones de dólares (unos 5,5 millones de euros) por recopilar sin autorización datos personales de millones de norteamericanos mediante el Street View de sus servicios Google Earth y Google Maps, una herramienta que permite al usuario sobrevolar virtualmente la geografía de pueblos y ciudades.

La multinacional se comprometió a destruir la información colateral (correos electrónicos y contraseñas) captada en las redes wifi por cámaras a pie de calle instaladas en vehículos de la compañía.

El Juzgado de Instrucción Nº 45 de Madrid admitió a trámite la demanda contra Google por entender que podría haber incurrido en un delito del artículo 197 del Código Penal

La denuncia contra Google España, por idénticos motivos a la resuelta en EEUU de forma extrajudicial, fue presentada en junio de 2010 por la Asociación para la Prevención de Delitos y Abusos Informáticos. El Juzgado de Instrucción Nº 45 de Madrid la admitió a trámite y abrió las diligencias 2379/2010, por entender que la multinacional podría haber incurrido en un delito del artículo 197 del Código Penal. Este castiga con penas de uno a cuatro años de prisión a quien "intercepte las telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de cualquier otra señal de comunicación".

Fuentes de la asociación impulsora de la querella aseguran que la instrucción del caso "se encuentra bloqueada a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva varios recursos, pero lo más preocupante es que los fiscales no parecen conscientes de la trascendencia y gravedad de los hechos, y estamos soportando nosotros la carga de la prueba de la acusación". Las mismas fuentes aseguran que el primer ejecutivo de Google España, Javier Rodríguez Zapatero, fue citado a declarar como imputado el 4 de octubre de 2010. Pero dicha comparecencia sigue pendiente tres años después por los "continuos aplazamientos y recursos presentados por los abogados de la compañía".

Pero Google tiene más frentes abiertos en España. El pasado mes de junio, la AEPD abrió un expediente sancionador al coloso informático por su política de privacidad, que podría infringir la legislación de nuestro país. Google se enfrenta ahora a cinco infracciones graves por prácticas como el almacenamiento de datos de los usuarios por tiempo indeterminado o injustificado, cada una de las cuales supondría una multa de hasta 300.000 euros. La AEPD ha constatado, además, que la multinacional "no informa claramente sobre el uso que va a hacer de los datos que recoge de los usuarios, por lo que éstos no pueden conocer de forma precisa qué fin justifica la recogida de sus datos personales".