España extraditará a un disidente kazajo a pesar de los riesgos de abusos

“Kazajistán es un interlocutor clave para la Unión Europea como fuente de estabilidad y prosperidad”. Con esta frase se despedía el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, del Presidente de la república kazaja, Nursultan Abishevich Nazarbayev. El escenario era una rueda de prensa en la ciudad de Astaná, capital del estado asiático, pensada para afianzar los contactos empresariales y comerciales entre los dos países. Empresas como la consultora Typsa o Maxam, especializada en explosivos para minería, acompañaban (una vez más) al jefe del Ejecutivo durante su gira por el noveno país más extenso del mundo. Como Indra, Airbus Military o Talgo, tienen estrechos y duraderos negocios en el país, que busca aprovechar sus enormes recursos desligándose de la dependencia de las relaciones comerciales con China y Rusia.

Pero dos días antes del viaje oficial, las relaciones kazajo-españolas se jugaban también en el pleno de la Audiencia Nacional de Madrid. El 27 de septiembre, los jueces decidían posponer un mes el fallo sobre el recurso presentado a la decisión de extraditar a Kazajistán a Alexander Pavlov, detenido en Madrid un año antes por una orden de Interpol, la mayor organización de policía internacional del mundo, expedida desde el país centroasiático.

Grupos políticos, instituciones oficiales y ONG de toda Europa piden que se paralice el traslado del preso a un estado que, aseguran, no respeta los derechos humanos básicos. Contrariamente a los otros estados europeos en los que han sido detenidos disidentes de esta república centroasiática, España ha sido el único país en firmar un acuerdo de extradición con Kazajistán, en vigor desde agosto de este año.

Un país estable

La “estabilidad” a la que hizo referencia el presidente del Gobierno español se refleja en la misma estructura estatal de Kazajistán, el último país en independizarse de la Unión Soviética. En aquella fecha, diciembre de 1991, un referéndum eligió a Nursultan Nazarbayev como jefe supremo del Estado. Como presidente de la Nación, sigue aferrado al cargo público de mayor peso en esta República Presidencial, donde ostenta también el poder de las Fuerzas Armadas. En 2006 dejó su huella modificando personalmente la letra del himno nacional del país, según recoge la CIA en su World Factbook.

Nazarbayev gobierna el país desde 1991. En 2006, cambió personalmente la letra del himno nacional.

Nazarbayev ha ganado cuatro elecciones legislativas seguidas. Desde el primer comicio los observadores internacionales denuncian actuaciones “claramente imperfectas desde el punto de vista procesal” y, en 2012, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) señaló “numerosas irregularidades”. Dos años antes, con la normativa relativa al “Líder de la Nación”, se otorgaban a Nazarbayev impunidad penal y administrativa por los actos realizados durante sus mandatos.

“Los cambios en el Parlamento son frecuentes, aunque suelen suponer una rotación entre personas de confianza del Presidente”, indica la ficha del país elaborada por el Ministerio de Exteriores español. Un presidente sentado en lo más alto de uno de los diez países con más reservas petrolíferas del mundo, y que desde 2011 puede vanagloriarse por la puesta en marcha, en Kashagán, en el norte del Mar Caspio, del más grande yacimiento de crudo descubierto en los últimos 40 años. Un consorcio de empresas occidentales ha suplido la falta de infraestructuras extractivas de esta próspera exrepública soviética.

Alexander Pavlov, ahora detrás de las rejas de Estremera, en Madrid, dejó ese país en 2009. Era un hombre de confianza de Mukhtar Ablyazov, oligarca y millonario jefe de la oposición de Kazajistán que en febrero de 2012 obtuvo asilo político en el Reino Unido junto a sus antiguos socios de negocios. Exministro de Energía a comienzos de esta década, Ablyazov llegó a ser conocido en toda Europa después de su breve etapa en el Gobierno.

Fundó el principal partido de la oposición del país, algo que le costó la persecución de las autoridades oficiales, según una resolución del Parlamento Europeo y la orden de asilo expedida por el Reino Unido. En 2009, junto a los otros miembros de la Junta Directiva del Banco BTA, fue acusado de transferir ilegalmente al extranjero y defraudar 6 mil millones de dólares en el mismo año en que el Gobierno de Nazarbayev ordenaba la nacionalización del banco. Ha vuelto bajo los focos mediáticos cuando, en verano de este año, fue detenido en Francia tras dejar el Reino Unido.

Contrariamente al caso su exjefe -detenido en Francia- Pavlov puede ser trasladado a Kazajstán, ya que España cuenta con un tratado de extradición con el país asiático.

Pavlov era el jefe de seguridad de Ablyazov. Imputado por malversación de fondos bancarios a través de la creación de una sociedad pantalla, fue detenido en la estación de Chamartín el 11 de diciembre de 2012. Interpol le había marcado con una “alerta roja” a petición de la Fiscalía de Kazajistán.

Contrariamente al caso, su exjefe (ahora en una prisión francesa) Pavlov puede ser trasladado a Kazajistán, ya que España cuenta con un tratado de extradición con el país asiático. Entrado en vigor el 1 de agosto de este año, el tratado fue firmado en noviembre de 2012, un mes antes de la detención de este colaborador de la disidencia kazaja.

Informe del CNI “sin contrastar”

En los meses siguientes a la detención de Pavlov, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional recibió documentación también sobre una segunda acusación: la de terrorismo. En marzo de 2012, la Fiscalía de Kazajistán había difundido, a través de la televisión nacional, información relativa a un atentado que los órganos de seguridad del país habrían conseguido abortar. Se imputó a Pavlov y a otras personas de confianza de Ablyazov de estar programando un acto terrorista en el parque de atracciones Family, en la ciudad de Almatý.

Con este delito sobre la mesa, el tratado de extradición de España con Kazajistán permite excluir de forma automática la posibilidad de tener en cuenta razones políticas en la persecución de un imputado.

Como en todos los casos de extradición, la Audiencia Nacional no entra a valorar que la imputación sea justificada. Pero las dificultades en esclarecer las razones reales de la detención llevaron a llamar en causa el Centro Nacional de Investigación (CNI). En un informe presentando a la Audiencia Nacional sobre el caso de Pavlov, al que ha tenido acceso El Confidencial, el CNI subraya que “el Gobierno Kazajo ha imputado a Pavlov [por el caso del BTA] con el objetivo de lograr una extradición rápida y obtener información sobre el entorno de Ablyazov”.

En cuanto a las acusaciones de terrorismo, es menos claro. “Existe información, no contrastable, en fuentes abiertas, sobre la vinculación de Pavlov con actividades terroristas en Kazajstán”, relata el informe del CNI. “Las fuentes y los datos consultados no se consideran suficientemente fiables, lo que no permite realizar una valoración plenamente acreditada sobre el grado potencial de la peligrosidad” de Pavlov para la seguridad nacional.

A pesar de que “en cuanto a la acusación de terrorismo, no se dispone de ninguna información que la contraste”, el CNI acuerda que, en base a la citada información, la presencia del kazajo podría constituir una potencial peligrosidad para la seguridad nacional.

Mientras se preparaba el informe de la Inteligencia española, la defensa de Pavlov presentó una petición de asilo político. Como suele ocurrir en casos de este tipo, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio habría contado con la opinión de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, según denuncia la abogada de Pavlov y confirman fuentes de ACNUR, la consulta no siguió un procedimiento normal: la rapidez con la que se notificó que se trataría el caso -un fax enviado el viernes 24 de mayo para tomar la decisión al lunes 26- impidió que la agencia accediera al expediente completo del detenido.

El caso Pavlov, en el Congreso

Pavlov espera la decisión de la Audiencia Nacional, que llegará esta semana. Isabel Santos, parlamentaria portuguesa y representante de la Organización por la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), no ha recibido el permiso de las autoridades penitenciarias españolas para visitarle, alarmada por los informes de las instituciones europeas sobre la situación de los derechos humanos en Kazajistán.

En abril de este año, el Parlamento Europeo puso por escrito una resolución en la que se denunciaba que el Gobierno kazajo no debería utilizar la lucha contra el terrorismo “como excusa” para prohibir la actividad de oposición. Tampoco se escapaban de las criticas comunitarias las acusaciones de “extremismo” que llevaron a la prohibición del expartido de Ablyazov y de los medios afines a él, decisiones tomadas con “resoluciones judiciales que vulneran los principios de libertad de expresión y de reunión y causan un gran temor en cuanto a futuros actos de represión de los medios de comunicación independientes y de la oposición”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos se expresa en los mismos términos. Detenciones arbitrarias, abusos y torturas sólo son la punta del iceberg: “Una de las cuestiones más importantes en el campo de de los abusos de derechos humanos es la falta de un sistema judicial independiente y el acceso a un juicio justo”, detalla un informe de este organismo.

Una resolución del Parlamento Europeo insta al Gobierno Kazajo a no utilizar la lucha contra el terrorismo “como excusa” para prohibir la actividad de oposición.

Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o la polaca Open Dialog Foundation (quien ha comenzado una recogida de firmas en Change.org) van más allá. Denuncian la impunidad de las fuerzas de seguridad que reprimieron, causando al menos 17 muertos, las mayores manifestaciones de oposición jamás organizadas en el país, en Zhanaozen, en noviembre de 2011. El Gobierno kazajo acusó a Ablyazov de haber financiado los disturbios. Las torturas a los disidentes, según estas organizaciones, son una práctica común en las abarrotadas prisiones del país asiático.

Este lunes, el caso de Pavlov se asomará al Congreso de los Diputados de España. Como otros grupos parlamentarios, el de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) pretende ver más claro en la situación, por lo que registrará esta mañana varias preguntas para el presidente del Gobierno. “¿Cómo explica el Gobierno esta disparidad de trato tan favorable a los representantes de un estado antidemocrático?”, reza una de las cuestiones, a las que ha tenido acceso con antelación El Confidencial. Irene Lozano, del grupo magenta, resume a este diario su posición: “Más allás de este caso, nos preocupan los criterios con los que se lleva a cabo la política exterior de este país, pasando por encima del respeto de los derechos humanos”.

Por razones como esta, y la constatación de persecuciones políticas, Polonia y Reino Unido han denegado la extradición o concedido el asilo a los disidentes kazajos en los últimos dos años. El Gobierno italiano se limitó a constatar la “ilegalidad” de la detención de la mujer de Ablazayov, enviada a la fuerza a Kazajstán, sin que existiera ningún acuerdo oficial, algo que causó la destitución del jefe de gabinete de Exteriores. República Checa y Hungría son otros dos países que están pendientes de tomar una decisión sobre las órdenes del Gobierno Kazajo.