Los últimos renglones de ETA, en manos de la amnistía que baraja Estrasburgo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo se pronunciará este lunes sobre la doctrina Parot, la interpretación del cómputo de las penas acordada por el Tribunal Supremo en 2006 que ha permitido la prolongación de la estancia en la cárcel de decenas de criminales especialmente atroces. El Gobierno da por descontado que el dictamen supondrá el fin de la doctrina y que más de medio centenar de etarras, casi una decena de miembros del Grapo y un número indeterminado de violadores y otros asesinos en serie podrán solicitar la libertad al haber superado el límite de ingreso en prisión.

Al Gobierno se le abrirán dos frentes. Por un lado, la excarcelación de los etarras será lo más parecido a una amnistía de reclusos de la organización terrorista que se haya producido nunca. Entre los que conseguirían la libertad –la cifra de los beneficiados asciende a 71, según los cálculos del entorno de ETA– se encuentran además miembros de la banda que cuentan con gran ascendencia entre la militancia abertzale. Para las víctimas del terrorismo, que se han movilizado para tratar de concienciar a Estrasburgo del efecto que tendría la derogación de la doctrina Parot, la salida masiva de estos etarras con un historial criminal tan dilatado –algunos acumulan más de 20 asesinatos– sería un trago imposible de digerir.

La decisión no dependerá del Ejecutivo, que presentó en marzo un recurso contra una primera resolución del TEDH, que ya tumbó en 2012 la doctrina Parot. Pero las víctimas del terrorismo lo considerarán responsable si no evita de algún modo que se produzcan todas esas excarcelaciones. Será difícil. El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que la sentencia tendrá que ser acatada, algo en lo que coinciden el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el de Interior, Jorge Fernández Díaz.

La vía posibilista

Hay otra lectura del fin de esa doctrina del Supremo que también está sobre la mesa. La disolución de ETA está encallada porque la banda se niega a seguir dando pasos si no se produce ningún gesto del Gobierno. En su último comunicado, la dirección de ETA volvió a pedir al Ejecutivo de Mariano Rajoy que se siente a negociar la paz, pero Moncloa maneja otros tiempos. La paciencia de los 600 reclusos etarras, el colectivo más importante de la banda –apenas hay una treintena de militantes en la clandestinidad, según las Fuerzas de Seguridad– se agota mientras tanto. La cúpula prometió a sus presos que conseguiría un acuerdo rápido que les permitiera volver en poco tiempo a sus casas o, al menos, ser trasladados a prisiones del País Vasco. Pero la política penitenciaria del Gobierno apenas se ha movido un ápice desde que ETA declaró el cese definitivo de la violencia en octubre de 2011. Las tensiones entre la cúpula de la organización terrorista y sus reclusos arrecian y pueden provocar efectos indeseados.

En este contexto, que una decisión de Estrasburgo provoque la excarcelación de más de medio centenar de etarras puede tener un efecto determinante en el peregrinaje de ETA hacia su final. La cúpula podría vender esa sentencia a sus reclusos como un triunfo de su estrategia. De algún modo, la presión que le llega de las cárceles se vería sustancialmente aliviada. Además, la banda también estaría en una situación más propicia ante sus bases sociales para dar el siguiente paso: el inicio del proceso de desarme.

El Gobierno no tendría nada que ver con ese movimiento, pero se beneficiaría de sus consecuencias colaterales. Con todo, tendría que gestionarlo. El sufrimiento de las víctimas tiene mal encaje en su electorado. En teoría, los etarras excarcelados no tendrían por qué representar una amenaza inminente para la seguridad. La organización a la que pertenecen está en otra fase. La cuestión clave ahora es la configuración final del relato de cinco décadas de terrorismo.

Por si acaso, la Guardia Civil acaba de desarticular Herrira, el colectivo de la izquierda abertzale que se encargaría llegado el momento de festejar y honrar a todos miembros de ETA que saldrían a la calle. Fuentes de Interior rechazan que esta operación antiterrorista tenga que ver con el previsible resultado de las deliberaciones de Estrasburgo, pero no hay duda de que limitará el éxito que intentará arrogarse en los espacios públicos el movimiento abertzale.

Violadores y asesinos en serie

El otro gran frente que se le abrirá al Gobierno si el TEDH da la razón a la etarra Inés del Río, autora de la denuncia que originó este procedimiento, es más transversal. Si la interpretación del Supremo es tumbada, también saldrán a la calle violadores y asesinos en serie con un historial atroz y sanguinario. Algunos de ellos están vinculados a crímenes que llevan dos décadas instalados en la memoria colectiva e irradian la misma intensidad que a los pocos días de conocerse, como el asesinato de las tres niñas de Alcásser o la violenta muerte en Burgos de otra niña, Olga Sangrador, de sólo 9 años. Los autores de estos crímenes, Miguel Ricart y Valentín Tejero, respectivamente, volverían a pisar la calle antes de agotar el periodo máximo de internamiento en prisión de 30 años, gracias a la aplicación de beneficios penitenciarios.

En este caso, los ministerios de Interior y de Justicia también creen que será difícil evitar la traslación a la práctica de un dictamen negativo de Estrasburgo. Todos esos casos se revisarán de forma individual, pero los jueces advierten de que el actual ordenamiento español les concede poco margen de maniobra. El control telemático mediante pulsera electrónica se permite para los reclusos que salgan a la calle con permisos penitenciarios. Sin embargo, no se puede aplicar a condenados que han cumplido su condena y han conseguido la libertad a todos los efectos. En ese supuesto entra la veintena de criminales sexuales que sigue entre rejas gracias a la aplicación de la doctrina Parot.

La dimensión de la alarma social que puede desatar una excarcelación continuada de violadores y asesinos en serie es difícil de predecir. Las implicaciones son distintas de las que plantearía una salida masiva de etarras, pero exigirá la misma pericia por parte del Gobierno, aunque Moncloa ha tenido poco que decir en la decisión que finalmente adopte Estrasburgo este lunes.