El Gobierno anima a sus alcaldes a bajar impuestos y choca con los 'barones'

La Administración local se ha convertido en la favorita del Gobierno. Los ayuntamientos en conjunto están a punto de convertirse en las primeras instituciones del Estado que acaben con su déficit y entren en superávit después de severos recortes y ajustes en sus cuentas. Además, la Federación Española de Municipios (con mayoría del PP) ha acabado de aceptar la reforma local que supondrá la primera reducción efectiva del aparato político en España: cargos, personal de libre designación y sueldos.

El Partido Popular anima ahora a sus alcaldes a bajar impuestos y en el Gobierno se abre otro frente de conflicto con algunos de los barones de Ejecutivos autonómicos populares que se resisten a quedarse con la obligación de prestar los servicios que perderán los ayuntamientos por el principio gubernamental de “una Administración, una competencia”.

El proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local ha empezado su tramitación parlamentaria en el Congreso con una novedosa maniobra de coordinación Gobierno-partido-grupo parlamentario que el gabinete de Mariano Rajoy no pudo ni ensayar en el resto de las reformas de calado enviadas a las Cortes, como la laboral.

La negociación sobre el anteproyecto original entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP (con el PP de intermediario en misión asignada por Rajoy a Javier Arenas), ha durado nueve meses. Al final, después de cesiones por ambas partes, los alcaldes han pasado por el aro y han plasmado su apoyo a la ley en un manifiesto y con la presencia en el Congreso del presidente de la Federación, Íñigo de la Serna, al frente de los dirigentes del PP más destacados en el poder local como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Además, el Gobierno, por medio del grupo parlamentario popular, ha logrado desmontar esta vez el frente unido de todos los partidos de la oposición contra una reforma de peso. El PNV retiró su enmienda a la totalidad una vez garantizado el respeto al sistema foral. También hubo negociaciones con el grupo de CiU, pero al final se impusieron las instrucciones de Barcelona en línea con el radicalismo secesionista del momento: la reforma local fue calificada de nueva afrenta a Cataluña.

La nueva ley, que tiene el objetivo de ahorrar 8.000 millones entre este año y 2015, ha unido a toda la izquierda, encabezada por el PSOE. Rechazan la reducción de la Administración local y la agrupación de servicios en las diputaciones para el caso de los ayuntamientos con déficit o que lo hagan a un coste exagerado. Son los dos núcleos del proyecto.

El Gobierno y el PP han acabado de pactar el apoyo de sus alcaldes con el compromiso de alargar los plazos para la presentación de cuentas y requisitos para expropiar servicios. En las negociaciones, según ha sabido El Confidencial de fuentes del PP, Ejecutivo y partido han animado a los dirigentes municipales a que bajen impuestos en cuanto puedan a partir del próximo año.

La teoría gubernamental (Hacienda) y de Génova (PP) es que sus alcaldes deben aprovechar que entran en superávit, que perderán servicios en beneficio de las autonomías y que pueden reducir su aparato político para aligerar la presión fiscal sobre los ciudadanos. “Primero que bajen impuestos y luego, si siguen con superávit, que presten las funciones añadidas que quieran, siempre que no choquen con las de las comunidades autónomas en su término municipal”, insisten en los citados medios.

Nuevo choque con el PP de Madrid

En el Gobierno reconocen que el problema de la reforma de la Administración local no lo tienen con los alcaldes, sino con los Gobiernos regionales más díscolos, algunos propios como el de Madrid, que se va a resistir a suplir las prestaciones que dejen los ayuntamientos. Nada más encarrilar el proyecto de ley en el Congreso con una cómoda mayoría, el portavoz del Gobierno regional de Madrid, Salvador Victoria, declaró que le parecía “inviable” la posibilidad de recoger servicios sociales que ahora presta el Ayuntamiento de la capital si no llevaba aparejada la consiguiente partida financiera.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, acudió al Congreso a apoyar la reforma local, pero una hora antes de llegar a la Cámara explicó que iba a reclamar al Gobierno que hiciera un excepción con su consistorio y con el de Barcelona en la ley de capitalidad para conservar el servicio de urgencias sanitarias (Samur), así como los servicios sociales que no afectan a las personas dependientes.