Florentino Pérez se apunta el primer tanto legal ante Soria por el conflicto de Castor

Las pretensiones del ministro de Industria, José Manuel Soria, de evitar el pago por un hipotético cierre del almacén de gas submarino de Castor han embarrancado nada más zarpar. El Tribunal Supremo ha desestimado admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado porIndustria para considera “lesivas” las condiciones en que se otorgó la concesión del almacén de gas. La sentencia puede ser la piedra angular para que el presidente de ACS, Florentino Pérez, y sus socios canadienses exijan reparaciones multimillonarias al Estado.

En su sentencia el Supremo no sólo desestima las pretensiones de Soria sino que además condena al Estado a abonar las costas, lo que no apunta nada bueno, ya que como mínimo Escal UGS, la empresa controlada en un 66% por ACS que explota Castor, puede solicitar el valor contable de la compañía, que al cierre de 2012 se fijaba en 1.570 millones. Soria intentó este movimiento jurídico después de paralizar la actividad de Castor por haber provocado más de 500 terremotos en el norte de Castellón y el sur de Cataluña.

“Sería manifiestamente injustificado interpretar el artículo 29.1 de la Ley del Sector de Hidrocarburos en el sentido ya indicado de hacer inviable cualquier tipo de compensación en todo supuesto de anulación o extinción de una concesión, con independencia de las causas que la han motivado y de las circunstancias concurrentes”, señala la sentencia, tirando por tierra las pretensiones del Ministerio de Industria al recurrir al alto tribunal.

Por tanto, lo que hace la sentencia es marcar las reglas de juego de una batalla judicial que será larga, y que según fuentes jurídicas cercanas al caso puede prolongarse durante cinco años o más si las partes no llegan a un acuerdo.

La primera regla es que el Gobierno no puede esperar liberarse de sus compromisos, a priori, algo que si se generalizase podría conllevar lo que en los razonamientos jurídicos de la sentencia se califica como “un hipotético enriquecimiento injusto del Estado”. Esto se debería a que, en teoría, el Estado recibiría la reversión de unas instalaciones en perfecto funcionamiento, algo que en todo caso sería discutible ya que es dudoso que el almacén de Castor vaya a servir en el futuro para lo que se construyó: almacenar gas.

La segunda regla es que si el Gobierno pretende por no abonar lo pactado, lo que debe hacer es demostrar que ha habido “dolo o negligencia”, tal y como marcaba el BOE en su decreto de adjudicación.

Así, el Tribunal Supremo advierte que su fallo no debe interpretarse como definitivamente favorable al pago a ACS y sus socios porque “no significa que aunque medie dolo o negligencia de la empresa concesionaria en todo caso vaya ésta a percibir la indemnización prevista en el inciso litigioso”. Y en este sentido añade: “la efectiva percepción por parte de la empresa titular de dicha compensación dependerá de las causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto en que se hayan producido”.

El Supremo ha denegado a Soria la nulidad preventiva del decreto ley de adjudicación que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la época en que Miguel Sebastián era ministro. Y por tanto la pelota está ahora en el tejado del informe encargado al CSIC y al Instituto de Geología y Minerología de España. Si éste no demuestra que ha habido una mala praxis de Escal UGS –empresa que consiguió 42 permisos en regla de tres administraciones, incluyendo la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Vinaroz, ambos en manos del PP– Florentino Pérez y sus socios de Dundee Energy deberán ser compensados.

Es una incógnita lo que reclamará Escal UGS pero en esencia hay tres escenarios: pedir el valor contable, que es el que reconoce el BOE, aproximadamente 1.570 millones; exigir el valor residual, que reconoce el BOE en algún caso, los 1.700 millones, que cifró Soria y que se justificaría porque las instalaciones son nuevas; o demandar incluso el lucro cesante, que supondría añadir a la factura 3.000 millones más. En cualquier caso, como el Gobierno carece de estos fondos en medios del sector energético, se da por hecho que se acabaría cargando a la factura del gas.

Otra alternativa para Soria sería dar la batalla legal. Una vía sería intentar demostrar el “dolo”, ya que como mínimo Escal UGS valoró mal los riesgos, ya que en el folleto de colocación de deuda se reconocía que podía haber riesgo de fuga de gas.

O también podría agarrarse a un tecnicismo: intentar considerar que el valor residual de un depósito de gas del que no se puede sacar gas por problemas sísmicos es cero y que, por tanto, cifrar en esta cantidad la indemnización. Pero eso debe ganarlo el Ministerio de Industria en otras instancias judiciales. Una batalla legal que Soria ha querido ahorrarse infructuosamente.