El Gobierno pacta con los alcaldes el recorte municipal que rechaza PSOE- IU

El Gobierno ha cerrado el apoyo de la Federación Española de Municipios a la reforma de la administración local justo a tiempo para enfrentarse a los partidos de la oposición que se niegan a reducir el aparato político de los ayuntamientos. El proyecto de ley empieza su tramitación parlamentaria en el Congreso para acometer la primera reorganización de competencias, servicios, plantillas y salarios en los ayuntamientos, las diputaciones, cabildos y mancomunidades para conseguir un ahorro que el Ejecutivo cifra en 7.000 millones desde su entrada en vigor hasta el final de la legislatura.

El texto de la futura ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local cuenta de entrada con el rechazo de los grupos de izquierda, que han presentado enmiendas de devolución. Cada uno lo hace desde su óptica particular, pero con el común denominador de negarse a reducir el peso político y administrativo de los ayuntamientos, su autonomía para contratar las prestaciones de servicios y la posibilidad de que los menos eficientes en ese ámbito tengan que ceder funciones en beneficio de las diputaciones provinciales. PNV en concreto ha retirado su enmienda a la totalidad a la reforma, y CiU podría seguir los mismos pasos.

Los grupos de izquierda rechazan la reducción del aparato político en los ayuntamientos y los ahorros buscados en los servicios (lo consideran una vía abierta a las privatizaciones) y los nacionalistas argumentan que hay invasión de competencias en el País Vasco y Cataluña y que la administración municipal en las comunidades bajo su control es distinta a la del resto de España. El Gobierno ha tardado un año en pactar la ley con la Federación Española de Municipios y Provincias, que representa a las instituciones afectadas (con mayoría de cargos del PP), y con ese apoyo concurre en el Congreso.

El presidente de la Femp y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, junto con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, entre otros responsables municipales de España acuden a la Cámara a expresar su apoyo a un texto que han logrado rebajar en cuestiones que al Ejecutivo le parecían fundamentales al principio, como la supresión de miles de puestos de concejales, pero que mantiene la sustancia de los recortes buscados: acabar con la atomización y prestación de servicios por los ayuntamientos más pequeños o peor administrados que lo hacen a un coste muy alto, poner límites a la contratación de asesores por ediles y alcaldes, fijar baremos claros (a la baja) en los salarios de los mismos y exigir una transparencia total y tutelada en las cuentas de toda la administración local.

El Gobierno intentó el acuerdo con el PSOE sobre la reforma en los primeros meses de la legislatura pero las conversaciones quedaron rotas en enero pasado. Según la versión del PP porque los socialistas, sobre todo los andaluces, se negaron en redondo a reducir puestos de ediles, asesores y personal de confianza en los futuros ayuntamientos reformados. Según el PSOE porque el Ejecutivo fue inflexible en la agrupación de servicios municipales en las diputaciones. Insisten en que se pretende favorecer así que esos mismos servicios (recogida de basuras, cementerios, distribución de agua…) puedan ser contratados con empresas privadas.

Los socialistas se han comprometido con el resto de los grupos de la oposición, incluidos los nacionalistas, a hacer frente a la reforma con todos los mecanismos a su alcance. Para hoy han convocado concentraciones en los ayuntamientos andaluces, están decididos a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, como en todos los grandes cambios normativos que acomete el Gobierno, e igualmente se comprometen a derogar la nueva administración local en cuanto puedan formar una mayoría de gobierno con IU, los partidos nacionalistas de izquierda y los demás grupos parlamentarios que defienden su enmienda de devolución en el Congreso.

Precisamente para evitar esa imagen de soledad en defensa de una reforma que considera fundamental, el Gobierno negoció hasta última hora con el PNV y CiU para que se abstengan en la primera votación. Pero sobre todo ha procurado que quede claro que la institución que representa al mundo local y a los afectados por la nueva ley, la Femp, sí respalda (con reparos) la iniciativa del Ejecutivo.