Fiscalía expulsa del 'caso Bankia' a miles de accionistas que entraron tras la OPV
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podrían quedarse sin indemnización

Fiscalía expulsa del 'caso Bankia' a miles de accionistas que entraron tras la OPV

La Fiscalía está intentando por todos los medios restringir el alcance penal del caso Bankia. Su último movimiento afecta a los accionistas posteriores a la OPV.

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La Fiscalía está intentando por todos los medios restringir el alcance del 'caso Bankia'. Su último movimiento afecta a los miles de accionistas que adquirieron participaciones de la entidad después de su salida a bolsa, el 20 de julio de 2011. Según el Ministerio Público, sólo pueden considerarse perjudicados por la presunta falsedad de la situación contable de Bankia los inversores que compraron acciones antes de que la entidad empezara a cotizar en el mercado bursátil. Por el contrario, mantiene que los accionistas que adquirieron participaciones con posterioridad tuvieron tiempo de conocer la situación real del banco y, por tanto, no tienen derecho areclamar la pérdida patrimonial que sufrieron.

La Fiscalía defiende este criterio en la respuesta a un recurso presentado por un particular que compró acciones de Bankia antes y después de la oferta pública de valores (OPV). El inversor solicitó antes del verano ser aceptado como acusación en el caso que desde hace año y medio investiga en la Audiencia Nacional la fusión de las siete cajas de ahorros que dieron lugar a Bankia y la posterior salida a bolsa de la entidad. Sin embargo, el instructor del caso, el magistrado Fernando Andreu, rechazó el pasado 23 de septiembre esa petición respetando el criterio de la Fiscalía, contraria a la admisión de los accionistas que compraron participaciones tras la salida a bolsa, a pesar de que en este caso concreto el afectado también adquirió valores antes del debut de Bankia en el parqué.

El 30 de septiembre, el particular recurrió ese auto alegando que dejarle fuera del procedimiento implicaba “una total desprotección” de las personas que suscribieronacciones “en base a una información completamente deformada que es, en puridad, el objeto de esta instrucción”. En este sentido, recordó que aunque la salida a bolsa se produjo en julio de 2011, la verdadera situación patrimonial de Bankia no se conoció hasta que la entidad fue nacionalizada en mayo de 2012. “La opción de no permitir la personación a los accionistas posteriores a la OPV implicaría privarles de los beneficios que pudieran obtener de cualquier pronunciamiento que se dicte en los presentes autos, especialmente los referidos a indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil ex delicto”, afirmó en su recurso este particular, poniendo el acento en el efecto más inmediato del criterio de la Fiscalía. Si los miles de accionistas que invirtieron en Bankia después del 20 de julio de 2011 se quedan fuera del proceso, no tendrán que ser indemnizados en caso de una sentencia condenatoria.

Información incorrecta hasta junio de 2012

UPyD, la formación que presentó la querella que dio origen a esta investigación, se adhirió al recurso de este particular precisando que, en realidad, Bankia no informó oficialmentede sus auténticos estados financieros hasta el 7 de junio de 2012, por lo que hasta ese momento difícilmente podían conocer los inversores cuál era la verdadera situación de la entidad. “Cualquiera que comprara acciones después del 20 de julio de 2011 lo hacía sobre la base de una información financiera publicada que presentaba una imagen de solvencia y unos beneficios en el primer semestre de 2011 de 205 millones de euros”, recuerda UPyD en su recurso. En la misma línea, los estados financieros que Bankia remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores del segundo semestre reflejaron un beneficio anual de 305 millones de euros. Sin embargo, la entidad se vio obligada a reformular las cuentas. El balance real de Bankia terminó constatando unas pérdidas en 2011 de 2.975 millones de euros, pero esa información no se dio a conocer hasta junio de 2012.

La Fiscalía se ha pronunciado esta semanamanteniendo intacto su criterio inicial. Admite la personación del particular pero “exclusivamente respecto” a las acciones que adquirió antes de la salida a bolsa. La inversión posterior a la OPV debe seguir fuera del procedimiento, según el Ministerio Público: “Una vez cotizando la entidad en el mercado bursátil, la información es igual para todos los inversores y el precio lo fija libremente el mercado, atendiendo a circunstancias de toda índole, por lo que, fuera de los supuestos del artículo 285 CP [sobre información privilegiada], las pérdidas derivadas del descenso de cotización de las acciones de Bankia no se diferenciarían de las que sufriría cualquier otra compañía cotizada en similares circunstancias”. Es decir, que segúnla acusación del Estado la revelación de las irregularidades que se han ido conociendo después no habría tenido ninguna influencia en el precio de la acción de Bankia.

Efecto en el resto de inversores

Las consecuencias del dictamen de la Fiscalía se extenderán a todos los inversoresque confiaron en la entidad después de la OPV y que aspiren a ser indemnizados por lo que consideran un engaño. Después de todo, en los 12 meses siguientes a su salida a bolsa, la cotizaciónde Bankia se depreció un 82%, un desplome sin precedentes en la historia reciente del Ibex-35. Aún en el caso de que la Audiencia Nacional concluya que se cometieron delitos en la salida, esos miles de accionistas no recibirán ninguna compensación al haberse quedado fuera del procedimiento. Sólo después, por una vía diferente, podrían tratar de conseguir una reparación económica para el perjuicio que presuntamente sufrieron.

Este no es el primer movimiento de la Fiscalía para tratar de limitar el ámbito penal del caso y el hipotético importe de sus indemnizaciones. El Ministerio Público también se está oponiendo a la personación en el procedimiento de centenares de afectados por las preferentes al considerar que no hay ningún hecho que pueda ser considerado delictivo en la creación y planificación de este producto financiero. En su opinión, las únicas dudas que se ciernen sobre las preferentes afectan al momento de la comercialización, y los encargados de investigar ese proceso deben ser los juzgados ordinarios, no la Audiencia Nacional.

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