Estrasburgo obliga a indemnizar a dos ex ediles del caso Malaya

Cuando todavía resuenan los ecos del descontento por la resolución judicial del caso Malaya, y el tribunal que emitió el fallo se defiende argumentando que “no podían imputarse a una misma persona cinco delitos diferentes por los mismos hechos” llega una nueva sorpresa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina que España deberá indemnizar a dos ex ediles malayos, Pedro Román y Rafael González, así como al que fue mediador de la venta de la casa de Isabel Pantoja, Manuel Calle.

En la sentencia se detalla una indemnización de 8.000 euros para cada uno en conceptos de daños morales, al entender que fueron “condenados, sin ser oídos” cuando se dirimía el proceso del caso Moansa.

En abril de 2007, la Audiencia Provincial de Málaga revocó una sentencia absolutoria dictada el año anterior por el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga. El nuevo fallo condenó a los tres demandantes a doce meses de prisión y a la inhabilitación para cargo municipal durante ocho años.

La condena respondía a un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de corrupción urbanística, relativo a un convenio firmado por el consistorio marbellí para recalificar una zona verde y construir seis viviendas unifamiliares. El Tribunal de Estrasburgo ha estimado que la Audiencia Provincial hizo una nueva apreciación de las pruebas, examinadas en primera instancia, que, según entiende, "eran esenciales para llegar a la conclusión sobre la culpabilidad de los demandantes”. Esta "alteración" en el proceso se hizo "sin que los demandantes tuvieran la ocasión de ser oídos personalmente" para defenderse.

En el alegato de este recurso los “reclamantes” también habían solicitado al alto Tribunal Europeo, que se recusara a los dos magistradas de la Audiencia de Málaga. Dicha petición no ha sido aceptada.

La mano que llevó a Roca a Marbella

Los ex ediles resarcidos han acogido con alegría el dictamen del alto tribunal. Los tres pertenecen al núcleo duro del gilismo. De hecho, Manuel Calle concejal del GIL, imputado también en el caso Proinsa, fue la mano que trajo a Juan Antonio Roca a Marbella.

Ocurrió allá por los años 80, cuando la crisis de la construcción atacó a Murcia de forma virulenta. Entonces, Juan Antonio Roca y Carlos Sánchez, abandonaron Mazarrón para arribar en la Costa del Sol. En ese momento el cerebro del urbanismo de Marbella conoció a Jesús Gil con la ayuda del cuñado de Sánchez, Manuel Calle que ya era edil del consistorio marbellí. Él fue el pasaporte para “el clan murciano” en territorio malagueño.

En el año 2009 el juez instructor, Oscar Pérez, también citó a declarar en calidad de imputado a Calle por haber participado en un primer momento como intermediario de la compra venta de la casa de la Pera, de Isabel Pantoja. Este hecho fue negado en todo momento por el ex edil desvinculándose de la operación por desavenencias con las partes implicadas.

Los otros dos beneficiados

Los otros dos beneficiados por Estrasburgo son Pedro Román, primer teniente de alcalde gilista, condenado a cuatro años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales por el tribunal de Malaya.

El fiscal había pedido para él una pena de tres años por blanqueo y otros once años por cada uno de los delitos fiscales por los que ha sido condenado a tres. En el fallo se incluyen dos multas:de un millón de euros y de 2,5 millones, respectivamenteEn enero, elTribunal de Cuentas le embargó, de forma preventiva, un avión, un helicóptero, 41 fincas y participaciones en una sociedad mercantil por no justificar 108,3 millones de euros en deudas y gastos contraídos con fondos municipales.

Por ultimo, el otro ex edil resarcido es Rafael González, condenado en Malaya a dos años de prisión. Desde el principio de su imputación puso de manifiesto en su comparecencia en los juzgados de Marbella una serie de errores "muy graves" en la investigación realizada por la Udyco en su caso.