Alaya imputa dos delitos de prevaricación y malversación a Magdalena Álvarez

La exministra y exconsejera Magdalena Álvarez ha afirmado hoy, tras declarar como imputada por el caso de los ERE, que su gestión fue transparente y no tuvo conocimiento de las irregularidades.

La comparecencia de Álvarez como imputada ante la juez MercedesAlayaha concluido a las 13.45 horas y a continuación la juez va a hacer una comparecencia para determinar las posibles medidas cautelares.Álvarez ha declarado a los periodistas que se siente muy contenta porque ha aclarado todas las cuestiones sobre las que le han preguntado y ha concretado que incluso le hubiera gustado hablar más.

Ha defendido que en la época en la que estuvo como consejera de Economía su gestión fue "transparente y clara" y no tuvo ningún conocimiento de las irregularidades que supuestamente se producían.También ha matizado que se ha sentido muy cómoda y no ha tenido la impresión de que existiera ninguna tensión mi problema con la juez.

Dos delitos de prevaricación y malversación

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputados sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que, tras comunicarle los hechos que le imputa, ha comenzado el interrogatorio de la juez Mercedes Alaya a la imputada en un ambiente de "tranquilidad" y "plenamente normal, sin tensión alguna".

La magistrada le ha preguntado, para comenzar, sobre el sistema de las transferencias de financiación utilizado para el pago de las ayudas investigadas, y Magdalena Álvarez le ha contestado que dicho sistema no lo inventó ella, sino que "es una transposición de normas españolas" y que "ya existía" en otras comunidades autónomas españolas.Según las fuentes, la imputada está contestando 'no' a la mayoría de las preguntas de la magistrada.

En el auto del pasado mes de junio donde la imputó junto a otros 19 cargos o exaltos cargos, la instructora dijo que la exconsejera "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".

La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia", motivos por los que imputó tanto a Álvarez como a su entonces viceconsejero, José Salgueiro, que se acogió el pasado jueves a su derecho constitucional a no declarar.