Carlos Fabra se sienta en el banquillo tras una década de instrucción
El juicio por el denominado caso Naranjax ha comenzado a las 10.15 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón
El juicio por el denominado 'caso Naranjax' ha comenzado a las 10.15 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, en la que se sienta como imputado el expresidente de la Diputación y del PP en la provincia CarlosFabra, para quien el fiscal pide trece años de prisión.
Fabraestá acusado de un delito continuado de cohecho, un delito continuado de tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales, por los que además se le reclama una multa de 1,9 millones de euros y una indemnización a Hacienda de 693.074 euros.
Después de casi diez años de instrucción, el expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a su exesposa, María de los Desamparados Fernández, acusada de fraude fiscal por el que la acusación particular y la Fiscalía Anticorrupción reclaman seis años de prisión, una multa de 860.000 euros y una indemnización de 428.644 euros.
En la misma fila de asientos se han situado los otros tres imputados: Vicente Vilar, el empresario que denunció aFabra, su exesposa Monserrat Vives, a los que Anticorrupción acusa de un delito de cohecho y les pide 4 años de prisión y una multa de 600.000 euros para cada uno, y el exsenador del PP Miguel Prim.
Todavía se desconoce el orden en el que declararán los imputados y los más de 70 testigos y peritos en las sesiones que se prolongarán hasta el 30 de octubre.
El juicio por el denominado 'caso Naranjax' ha comenzado a las 10.15 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, en la que se sienta como imputado el expresidente de la Diputación y del PP en la provincia CarlosFabra, para quien el fiscal pide trece años de prisión.
Fabraestá acusado de un delito continuado de cohecho, un delito continuado de tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales, por los que además se le reclama una multa de 1,9 millones de euros y una indemnización a Hacienda de 693.074 euros.