El caso Bankia, pendiente de dos autos decisivos que pueden laminar su alcance

El caso Bankia ha entrado en una peligrosa fase de indefinición que amenaza con desnaturalizar y dejar en nada la investigación más relevante de todas las que se han abierto para diseccionar, con el Código Penal en la mano, el colapso del sistema bancario. Numerosas entidades están siendo sometidas en estos momentos al escrutinio de los tribunales por su gestión en los años previos a la crisis, pero ningún proceso está tan avanzado ni ha alcanzado tanta dimensión como el caso Bankia, el proceso sobre la caída de la entidad financiera que se instruye desde hace un año y medio en el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional. El número de imputados rebasa ya la cuarentena, y entre ellos figuran algunos tan ilustres como el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el exbanquero Miguel Blesa.

El caso está pendiente de sus límites temporales y espaciales. Por un lado, hay dudas sobre el periodo que debe ser objeto de la instrucción penal. El núcleo de la investigación original era el proceso de fusión de las siete entidades que dieron lugar a Bankia y la posterior salida a bolsa de la entidad en julio de 2011. El caso nació a raíz de una querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que exigía responsabilidades a los máximos dirigentes de la entidad resultante por haber provocado pérdidas multimillonarias a miles de clientes e inversores y al propio Estado. Si la entidad no quebró en mayo de 2012 fue porque recibió cerca de 24.000 millones de euros en ayudas procedentes de fondos públicos.

Las decisiones del instructor del caso, Fernando Andréu, acabaron restringiendo las diligencias y las responsabilidades a la etapa de la presidencia de Rato, entre diciembre de 2010 y mayo de 2012. Cada vez que alguna de las acusaciones cruzaba esa frontera temporal con los testigos e imputados, era reconducido por Andréu al periodo de exgobernante del PP, a pesar de que es casi imposible establecer una separación tajante entre la creación de Bankia y sus antecedentes inmediatos.

La investigación sobre Blesa

En ese contexto, la etapa anterior de la caja más importante de las siete que se integraron en Bankia, Caja Madrid, con Miguel Blesa al frente, comenzó a investigarse por otra vía en los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid. Ese proceso, guiado por el polémico juez Elpidio José Silva, ha acabado siendo anulado a pesar de que hasta en dos ocasiones Blesa fue enviado a prisión preventiva por su presunta administración negligente de Caja Madrid. Silva ha sido suspendido cuatro meses por el Consejo General del Poder Judicial y está siendo investigado por prevaricación.

Sin embargo, UPyD ha pedido a Andréu que asuma ese sumario en el marco de sus pesquisas sobre Bankia para que las posibles irregularidades cometidas en la etapa de Blesa sean enjuiciadas. Según la acusación que ejerce el partido de Rosa Díez, no hay duda de que las decisiones de Blesa tuvieron “una incidencia directa en el deterioro patrimonial de Bankia”.

Por supuesto, el expresidente de Caja Madrid rechaza ese vínculo causal y ha pedido que se tenga en cuenta la anulación de la causa de Plaza Castilla. El juez de la Audiencia Nacional aún no ha tomado una decisión, pero con independencia de cuál sea su resultado, no hay duda de que será decisiva para el futuro del proceso. Su resolución puede redimensionar el alcance de la instrucción ampliando su foco o, por el contrario, mantener la limitación actual de las diligencias a pesar de que en este año y medio de instrucción han aparecido indicios que rebasan holgadamente la presidencia de Rato.

El frente de las piezas separadas

Con independencia de esa resolución de Andréu, Blesa ya está imputado en el caso Bankia, aunque en una de sus piezas separadas. Además de la limitación temporal, el instructor también restringió desde el principio el objetodel procedimiento rechazandoque se revisara la situación patrimonial de las cajas, una postura que en la práctica dejó fuerala presunta estafa de los preferentes.

Sin embargo, el pasado mes de mayo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió que Andréu debía incluir el deteriorode la cajas en el caso. Sólo unos días después, el magistrado admitió a trámite cuatro querellas por las preferentes de UPyD, el colectivo 15MpaRato, el bufete Jausas y la Asociación de Clientes Financieros contra las cúpulas de Caja Madrid y Bancaja, dos de las siete entidades que se integraron en Bankia. “No se trata de que el producto financiero fuera legal, que lo era, sino que si en su comercialización y negociación se ocultó la verdadera situación de las entidades participadas por los preferentistas y el verdadero riesgo en que se incurría al invertir en dichos productos”, señaló Andréu.

El resultado fue la imputación de las cúpulas de esas dos cajas y la apertura de sendas piezas separadas. De momento, sólo hay dos procedimientos, pero podría llegar a haber siete: una por cada caja integrada en Bankia. Los imputados, que ven cómo se acumulan los cargos contra ellos, se han opuesto a la apertura de este nuevo frente. Rato alega que la inclusión de la preferentes convierte la instrucción en una causa “general e inquisitorial” y que también la hace “ingobernable y desproporcionada”, impidiendo que pueda adoptarse un dictamen en un plazo razonable. Por su parte, Blesa apela directamente a la “inexistencia del engaño” de las preferentes.

Aunque resulte contradictorio, la Fiscalía también se opone a que la Audiencia Nacional investigue la venta de este producto financiero. Para el Ministerio Público, no hubo ningún comportamiento delictivo en su creación y diseño. En todo caso, defiende la Fiscalía, debería investigarse su comercialización en los juzgados ordinarios correspondientes cuando medie una denuncia.

Hasta seis posibles delitos

Lógicamente, las acusaciones no están de acuerdo. Consideran probado que las cúpulas de las entidades se pusieron de acuerdo para captar los fondos de sus clientes en un momento de máxima restricción del crédito ofreciéndoles un producto que aparentaba ser solvente. UPyD, por ejemplo, imputa a los directivos de Caja Madrid y Bancaja los delitos de estafa, estafa a inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. Un informe secreto de la CNMV aportado la pasada semana al sumario apuntalaría la existencia de irregularidades.

Ante el escenario que se abre, los imputados también pidieron antes del verano al Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia que revisara el auto de su Sección Tercera que facilitó a Andréu iniciar las pesquisas sobre las preferentes. Pero el Pleno concluyó el pasado 6 de septiembre que ese recurso de las defensas debía ser estudiado por la propia Sección Tercera.

Será difícil que los tres magistrados que la integran se desdigan de su primer criterio y provoquen por tanto la anulación de las piezas separadas. En ellas están depositadas las esperanzas de centenares de pequeños inversores que depositaron sus ahorros en preferentes y obligaciones subordinadas. Cada semana solicitan personarse nuevos perjudicados con el objetivo de sentar en el banquillo a algunos de los responsables de un escándalo que sintetiza como ningún otro las disfunciones del sistema bancario previo a la crisis.

El caso Bankia aspira a subsanar las más flagrantes. Con todo, sus consecuencias prácticas dependerán en gran medida de las decisiones pendientes sobre sus fronteras temporales y espaciales. El resultado de ese periodo es de sobra conocido. Pero Andréu y la Sección Tercera de la Audiencia tiene que decidir si entran de lleno en sus causas. Las resolucionessobre los recursos se conocerán en los próximos días. El futuro del caso depende de ellos.