pese a la oposición de las autonomías

Sanidad aplicó el copago de fármacos en hospitales por las presiones de Europa

La fiscalización por los ‘hombres de negro’ del Plan de Reformas presentado ante las autoridades europeas por el Gobierno de España en 2012 se encuentra detrás

Foto: Ana Mato, en una reciente comparecencia de control al Gobierno en el Senado. (EFE)
Ana Mato, en una reciente comparecencia de control al Gobierno en el Senado. (EFE)

La fiscalización por los ‘hombres de negro’ del Plan de Reformas presentado ante las autoridades europeas por el Gobierno de España en 2012 se encuentra detrás de las prisas del Ministerio de Sanidad para aprobar el copago de medicamentos hospitalarios dispensados a pacientes no ingresados. Esta cuestión ha desatado una nueva polémica en el entorno de la Sanidad Pública y ha soliviantado los ánimos en la comunidades autónomas, ocho de las cuales -Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco, Castilla y León, Extremadura Canarias y Andalucía- no aplicarán el modelo, al menos de forma inmediata. Entre los enfermos que habrán de copagar sus fármacos a partir del 1 de octubre se encuentran afectados por cánceres, hepatitis y otros cuadros clínicos considerados como graves y, en ocasiones, crónicos.

La precipitada decisión adoptada por el departamento que dirige la popular Ana Mato ha generado una oleada de protestas y el rechazo entre sus colegas de cartera regionales. El lunes, una reunión técnica Gobierno-comunidades que se convoca de forma periódica abordará en uno de sus puntos esta polémica decisión.

Pensionistas y jubilados se concentran para protestar contra el copago sanitario
Pensionistas y jubilados se concentran para protestar contra el copago sanitario
El pasado jueves el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad comunicó a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) que, a partir del 1 de octubre, los hospitales españoles comenzarán a facturar a los pacientes ambulatorios un 10% de sus tratamientos farmacológicos, con un tope de 4,2 euros por envase dispensado.

Representantes de Comunidades Autónomas que han participado en las reuniones con Sanidad a nivel técnico para abordar este copago aseguran a este periódico que en el mes de junio el Ministerio convino que sería prudente repensar esta medida; incluso, habilitar que cada autonomía aplicase su propio criterio sobre el asunto. Tres meses después, Ana Mato ha dado luz verde a un plan “al que nos hemos opuesto verbalmente. Hemos dejado claro que no estamos de acuerdo y que, además, no tenemos forma de cobrar a los ciudadanos porque no existe una infraestructura para ello. Tendrán que abonar los fármacos por transferencias bancarias…”, dicen a este periódico fuentes conocedoras de las negociaciones entre Gobierno central y gobiernos autonómicos.

Según las fuentes consultadas por El Confidencial, la urgencia de la resolución de Sanidad sobre esta cuestión obedece a que, pese a haberse establecido el copago para los medicamentos que se dispensan en las oficinas de farmacia, el cobro parcial de los mismos a los pacientes tratados de forma ambulante en los hospitales permanecía pendiente. Esta situación, según las mismas fuentes, no habría sido vista con buenos ojos por los 'vigilantes de Europa', muy pendientes de que España cumpla sus compromisos tendentes a reducir, en este caso, los costes hospitalarios derivando parte del precio de los fármacos a los usuarios.

Con todo, Sanidad se habría mostrado sensible a que aquellas regiones que presente problemas logísticos para el cobro del copago el 1 de octubre lo hagan posteriormente, cuando habiliten las fórmulas y los procedimientos de gestión necesarios.

“Quedaba por cerrar este fleco. De ahí las prisas. Pero el ahorro es muy pequeño. Estamos hablando de que hay tratamientos que reciben estos pacientes que no están ingresados que pueden superar los 30.000 euros anuales. De ahí, se les va a cobrar un máximo fijado de 4,2 euros por caja de medicamentos. Las cifras lo dicen todo: el ahorro es simbólico”, afirman a El Confidencial desde una de las consejerías de Sanidad que han mostrado su protesta y contrariedad por este copago.

La ministra de sanidad, ana mato (efe)
La ministra de sanidad, ana mato (efe)
En la totalidad del territorio nacional, el ahorro que podría suponer esta medida rozaría los cuatro millones de euros “sobre un coste de miles de millones en medicación hospitalaria ambulante. Además, ¿qué precio le vamos a poner a medicamentos que, por así decirlo, se compran al por mayor y que no van acompañados de un precio de venta al público?”, aseguran las mismas fuentes.

Sanidad ha chocado con sus homólogos regionales, poco dispuestos a asumir el coste ante la opinión pública de copagar fármacos para enfermos graves. Concretamente, el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña anunció el jueves que no aplicará el 1 de octubre el cobro de los fármacos que se dispensan en los hospitales a los pacientes en régimen ambulatorio.

Según fuentes de la Generalitat, antes de aplicar este nuevo copago Cataluña quiere “una revisión a fondo de todos los criterios que se exponen para decidir sobre su idoneidad, ya que puede generar dificultades de acceso a algunos medicamentos por parte de determinados usuarios”, informa Efe. El departamento de Salud  catalán se ampara en que, por el momento, Sanidad obliga a que sea “a partir del 1 de octubre”, aunque no ha de ser “necesariamente” ese día. El conceller Boi Ruiz solicitó por carta a la ministra Ana Mato, al día siguiente de que apareciese en el BOE la nueva medida de copago, el aplazamiento de la resolución.

Entre las comunidades que han chocado frontalmente con los planes de Ana Mato hay grupos bien diferenciados. Uno, integrado por Asturias, País Vasco, Canarias y Andalucía, que se oponen radicalmente al copago. Otro, en el que se encuentran la Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura, que no podrán hacerlo efectivo el 1 de octubre por cuestiones logísticas. Por su parte, Navarra, en contra de la medida, se muestra favorable a buscar alternativas para paliar sus efectos si entra en vigor. Por último, Castilla y León tiene también problemas técnicos para cobrar a los usuarios, pero, además, el presidente regional, Juan Vicente Herrera, requerirá al Gobierno central para que no se aplique el copago. No obstante, Herrera no es partidario de recurrir por la vía judicial algo que es un "desacuerdo político".

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