Bárcenas comunica a Ruz que no tiene el disco duro con la presunta caja B del PP

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas no va a poner el camino fácil al juez ni al fiscal que investigan la presunta contabilidad B del partido al que perteneció durante dos décadas. Ahora se niega a entregar el disco duro de uno de sus ordenadores que dejó en la sede del PP alegando que no lo tiene a su disposición.

En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5, el abogado de Bárcenas explica al instructor que su defendido asegura no disponer del disco duro que le reclama y que se extrajo de uno de sus ordenadores, marca Apple.Según señala, y como adelantó en exclusiva El Confidencial,el extesorero solicitó a la empresa Universomac en octubre de 2012 que sustituyera el disco originario por un segundo. A este último, volcó todos los documentos originales, los mismos que luego grabó en un pendrive en el que aparece la presunta contabilidad del partido entre 1993 y 1996.

El letrado apunta que, según la versión que le ha dado Bárcenas desde la prisión de Soto del Real, reclamó a la empresa de informática la sustitución del disco duro, pero él no se quedó con el originario. Javier Gómez de Liaño apunta que ha llevado a su cliente a la cárcel el acta de clonado realizada el 29 de agosto, cuando el PP entregó los dos ordenadores que el extesorero se dejó en la sede del partido, y a su juicio “es obvio que ese segundo disco duro fue sustituido por un tercero”.

Ruz se lo reclamó a petición de la Fiscalía Anticorrupción, después de que él mismo señalara en su declaración que había sustituido el originario por otro el mes de octubre o noviembre de 2012.

El propio Bárcenas entregó la factura de la empresa que hizo esa sustitución en el Juzgado número 21 de Madrid para demostrar que ese ordenador era de su propiedad y, por tanto, el PP estaba en la obligación de devolvérselo tal y como lo había reclamado. El titular del juzgado madrileño, sin embargo, archivó su denuncia y consideró acreditado que los dos aparatos utilizados por Bárcenas eran de la formación.

El juez de la Audiencia Nacional reclamó al PP esos dos ordenadores después de que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, reconociera que seguían a disposición del partido en su sede nacional. El instructor pretendía comparar si la información entregada por Bárcenas en un pendrive y el contenido de los discos duros eran coincidentes.

Cuando el PP entregó los aparatos electrónicos, resultó que uno de ellos estaba sin disco duro y el otro había sido cambiado. El abogado del partido señaló en un escrito al juez que después de que el magistrado de Madrid corroborara su propiedad, se procedió a la destrucción de su contenido, siguiendo las directrices de la Ley de Protección de Datos.

Varias de las acusaciones reclamaron al juez que investigara esa destrucción por si el PP podría haber incurrido en un delito de encubrimiento y otro de destrucción de pruebas. La semana pasada, Ruz entendió que efectivamente hay indicios para investigar los hechos por encubrimiento y daños informáticos, pero no en la Audiencia Nacional, sino en los juzgados de Plaza de Castilla por falta de conexión con los hechos investigados en su juzgado, en contra de la postura de la Fiscalía Anticorrupción.

Autoblanqueo del PP

Precisamente, esta última decisión de Ruz ha sido recurrida por una de las acusaciones, la representada por el PSOE, porque entiende que este delito de encubrimiento sí debe ser investigado dentro de la pieza separada conocida como los ‘papeles de Bárcenas’.

Explica que en este caso se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales por parte del extesorero y que el artículo 301 del Código Penal no sanciona sólo a quien convierta o transmita bienes sabiendo que estos tiene su origen en una actividad delictiva, sino también a quien “realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos”.

Es más, señala que se ha reclamado por parte del juez un informe a la Agencia Tributaria para que certifique si de los denominados ‘papeles de Bárcenas’ se puede desprender la comisión de delitos fiscales. De ser así, sería el precedente del delito de blanqueo, “de modo que pudiera tratarse de un delito de autoblanqueo”. De esta forma, la acusación mantiene que lo que se debe investigar no es un mero encubrimiento, sino un “encubrimiento especial”.