Anticorrupción pide 13 años de prisión para Carlos Fabra por tráfico de influencias

La Fiscalía Anticorrupción pide trece años de prisiónpara el expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por influir en ministros para la adjudicación de contratos para un empresario y defraudar a Hacienda.

Concretamente, el Ministerio Público le acusa en su escrito de calificaciones provisionales de un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública y una multa de 1,98 millones.

En el juicio por el ‘caso Fabra’, que comenzará el próximo día 2 de octubre en la Audiencia Provincial de Castellón, también se sentarán en el banquillo de los acusados la exesposa del expresidente,Amparo Fernández; el empresario al que benefició, Vicente Vilar y su exmujer, Monserrat Vives.Vilar fue quien denunció a Fabra porlos hechos, aunque acabó en prisión tras haber sido condenado en 2003 por una agresión sexual a su exesposa.

Según el relato de hechos de la Fiscalía,en 1999, este empresario, administrador único de Naranjax, y su esposa, administradora única de la sociedad Arcavi, se pusieron en contacto con el entonces presidente de la Diputación Provincial de Castellón, para que, “valiéndose de dicho cargo y de los contactos que tenía, intermediaray tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad”. La finalidad era que agilizaran la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de determinados productos fitosanitarios elaborados por su empresa.

Las actuaciones de Fabra ante los citados ministerios se produjeron entre los años 1999 y 2002 constando diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos de los citados ministerios y de las Cortes Generales.

Entre otras, el 12 julio de 1999 se celebró una reunión en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciónentre Fabra y el entonces ministro, Jesús Posada, y Juan Costa, por aquel entonces secretario de Hacienda y diputado nacional por Castellón, ente otros.En ese encuentrose trató la situación de retraso en la tramitación de licencias para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios y en la que se informó sobre el estado administrativo en el que se encontraban las solicitudes cursadas por las empresas de los acusados Vilar y Plaja.

Mientras tanto, entre 1999 y 2004, Fabra y su esposa realizaron un elevado número de operaciones bancarias en las cuentas de las que eran titulares, tales como ingresos en efectivo -que fueron la mayor parte de las operaciones-, ingresos mediante cheque o transferencia, cobros en efectivo de cheques y otros pagos en efectivo “que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados y que fueron ocultados a la Hacienda Pública”, según Anticorrupción. Dicha ocultación de ingresos dio lugar a que fueran defraudadas a la Hacienda Pública en torno a los 700.000 euros en cuatro años.