El juicio del caso Faisán acorrala a los responsables políticos del chivatazo

Las cuatro jornadas iniciales del juicio por el caso Faisán -la vista oral terminará este lunes con la presentación de los informes de conclusiones de las acusaciones y las defensas- han vuelto a demostrar que este infame episodio de la lucha antiterrorista encierra claves, fracturas y enfrentamientos que suelen permanecer ocultos bajo el brillo de la apariencia. El proceso ha sido un baño de realidad que ha estremecido a las víctimas del terrorismo y ha propagado un profundo malestar entre los colegas de los acusados. Ni víctimas ni policías parecen asumir que los hechos juzgados ocurrieran de verdad y que el resultado de la investigación desemboque en sólo dos agentes.

En el banquillo se sientan el exjefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros. Según los hechos descritos por el sumario, Pamiés pidió a Ballesteros que la mañana del 4 de mayo de 2006 acudiera al bar Faisán de Irún, propiedad de Joseba Elosua, miembro de la red de extorsión de ETA, para avisarle de que ese día iba a producirse una operación policial contra el aparato de financiación de la banda. El dueño del Faisán pasó a Francia para dar la alerta y las detenciones tuvieron que posponerse.

El intenso tráfico de llamadas entre ambos en las horas cercanas a la filtración, así como las imágenes del bar que grabó en ese mismo momento la Policía y una conversación interceptada a Elosua en la que éste dice asombrado que ha sido alertado de la operación por un agente, perfilan un escenario difícil para los acusados. Según la Fiscalía, Ballesteros entró al bar, preguntó por Elosua y le puso su teléfono móvil en la oreja. Al otro lado de la línea estaba supuestamente Pamiés, que le dio el aviso.

Sus defensas admiten que Ballesteros acudió esa jornada al Faisán por orden de Pamiés pero aseguran que fue para comprobar la presencia policial en la zona, en el marco de los preparativos para una reunión que el jefe de Policía iba a mantener supuestamente ese día con un confidente de ETA apodado El Romano. Pamiés temía que la operación policial prevista para ese día frustrara su encuentro. Desde que se inició la investigación, los dos acusados han rechazado de forma tajante ser los autores del soplo.

Contradicciones en la defensa

El juicio, sin embargo, ha dejado su coartada tambaleándose. Genera dudas que el jefe superior de Policía del País Vasco necesitara un emisario para comprobar la presencia de agentes en las inmediaciones del Faisán cuando él mismo había aprobado, sólo unas horas antes, el dispositivo policial que iba a estar presente en la zona. Además, tampoco ha quedado claro por qué hizo ese encargo a un inspector destinado en Vitoria en la unidad de terrorismo islamista y no a cualquier agente de la más cercana comisaría de San Sebastián.

El juicio no sólo ha arrojado dudas sobre el relato exculpatorio. También ha puesto el acento en la responsabilidad política del caso. El día anterior a la filtración, Pamiés habló durante 27 minutos con el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, un dirigente del PSOE que volvió al partido cuando abandonó ese cargo de confianza del Ministerio del Interior. Pamiés ha asegurado siempre que no hubo nada extraño en aquella conversación, pero el mero hecho de que existiera constata que debió servir para abordar una cuestión espinosa porque García Hidalgo se saltó varios niveles de la organización jerárquica de la Policía para hablar directamente con el jefe superior en el País Vasco.

Con todo, la llamada que arroja más dudas es otra de Pamiés a García Hidalgo que se produjo justo después de que tuviera lugar el chivatazo y sólo duró tres segundos. “Esa es la más difícil de explicar”, afirmaba estos días en uno de los recesos de la vista oral una persona cercana al caso, “porque en tres segundos se pueden decir muy pocas cosas”. García Hidalgo estuvo imputado durante meses pero finalmente fue exonerado de cualquier responsabilidad.

Un “titular no identificado”

En el sumario hay otras llamadas sospechosas con interlocutores aún más relevantes. Uno de ellos sería Antonio Camacho, que en aquel momento ocupaba la Secretaría de Estado de Seguridad, con José Antonio Alonso como ministro del Interior. Cinco años después Camacho acabó ocupando la dirección del Ministerio. Pero, aunque las pruebas le vinculan con uno de los móviles usados en las horas clave, su nombre no ha aparecido en el juicio. Los investigadores del chivatazo que han declarado en el juicio como testigos han evitado vincular el nombre de Camacho con uno de los móviles asegurando que su “titular no ha podido ser identificado”.

Pese a la ausencia de responsables políticos, la finalidad política del soplo ha quedado acreditada durante el juicio. La operación contra el aparato de financiación de ETA iba a producirse en plena negociación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la cúpula de la banda. Las detenciones podían afectar a esas conversaciones. Hay otra coincidencia:el mismo día que iba a desarrollarse el operativo el presidente del Gobierno se reunió con el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, para hablar de las conversaciones con ETA.

El encuentro era vital para el Ejecutivo, que esperaba que el PNV respaldara su plan de paz. Pero entre los objetivos de la operación Urogallo contra la trama de financiación de ETA se encontraba un dirigente del PNV, Gorka Aguirre, encargado en aquellos momentos de las relaciones internacionales del partido. La Policía tenía pruebas de que Aguirre actuaba como recaudador de ETA e iba a proceder a su detención, pero el soplo pospuso su apresamiento.

Dos testigos de ETA

La coartada de los dos policías acusados ha obligado a que su estrategia de defensa gire necesariamente sobre el testimonio de dos presuntos miembros de ETA, una paradoja difícil de asimilar. El Romano compareció tras una cortina para evitar ser descubierto. Confirmó la versión de Pamiés asegurando que el 4 de mayo de 2006 pensaban reunirse en Bayona, pero explicó que finalmente el encuentro no se produjo porque el jefe de Policía consideró que había demasiada presencia policial.

La otra declaración exculpatoria procede del propio Elosua, que también compareció como testigo. El miembro de ETA, que tiene pendiente el juicio por su vinculación con el aparato de financiación de la banda, no señaló a ninguno de los dos policías acusados como autores de la filtración, aunque confirmó que un agente le avisó de la operación que estaba en marcha. Según él, esa revelación le dejó completamente “abobado”.

Los testimonios que se han escuchado esta semana también han puesto de manifiesto la existencia de agrios enfrentamientos en el seno de la Policía, sobre todo, entre las unidades centrales y las provinciales. Los agentes de información de San Sebastián llevaban más de una década vigilando el bar Faisán pero la operación se precipitó cuando los agentes de la capital se hicieron cargo de las pesquisas, algo que no sentó bien a los policías que más habían trabajado en este asunto.

El PP pasa del caso

Sorprende también el papel que ha decidido jugar finalmente el PP en el caso. Durante la pasada legislatura, los populares pidieron insistentemente la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba al considerarlo responsable directo del soplo. Sin embargo, el abogado que representa a los populares como acusación en el juico apenas ha formulado una decena de preguntas. Su participación no ha sido ni siquiera residual, incluso en aquellos momentos de la vista que podían conducir al hallazgo de los autores intelectuales.

En el plano puramente político, el Partido Popular tampoco ha querido pronunciarse oficialmente estos días sobre el juicio. El caso Faisán ha dejado de ser uno de sus arietes preferidos contra el PSOE para convertirse en un tema tabú. Condensa tanta suciedad que nadie quiere ya removerlo.

El lunes, siete años después de la filtración, el caso Faisán quedará visto para sentencia. El fiscal de la Audiencia Nacional,Carlos Bautista, representante del Ministerio Público en el proceso, pide hasta cinco años de cárcel para cada uno de los dos procesados. Los considera autores de colaboración con banda armada, aunque también cree probado que actuaron por orden de responsables políticos que han escapado de la Justicia. No obstante, Bautista dejó la puerta abierta a una futura ampliación del proceso. “Vamos a esperar, en este caso, si hay una sentencia condenatoria, a que algún coimputado haga lo que pasó en el GAL con el señor Amedo, es decir: hablar”, dijo Bautista el jueves. Los responsables políticos no tienen nombres en este procedimiento pero el juicio ha dibujado con precisión la forma de sus sombras.